Barcelona propone un proceso participativo sobre el cambio de nombre del barrio de Navas tras rechazar la consulta

Los vecinos del barrio de Navas se llevaron un jarro de agua fría hace un par de meses, cuando el Ayuntamiento de Barcelona les comunicó que descartaba realizar una consulta ciudadana sobre el cambio de nombre del barrio. El consistorio rechazó 600 firmas de las 2.394 aportadas, alegando que correspondían a personas que no están empadronadas en la zona, lo que impidió alcanzar las 2.000 firmas necesarias y, por tanto, que se celebrara la votación. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, el consistorio ha propuesto activar una nueva vía para continuar debatiendo la cuestión: un proceso participativo para realizar un “análisis más global”.

El ayuntamiento ha decidido seguir la recomendación de la Comissió d’Empara de la Participació Ciutadana -órgano integrado en el Consell de Ciutat- que, según un informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, aconseja que “el debate no se limite a una votación, sino que vaya precedido de un proceso participativo que fomente la información, el diálogo y la deliberación compartida entre vecinos”.

La comisión justifica esta recomendación considerando “la existencia de diferentes iniciativas y opiniones sobre la denominación del barrio, hecho que refleja la diversidad de puntos de vista en el territorio”, ya que, además, dichos puntos de vista son opuestos: hay vecinos que quieren cambiar el nombre del barrio y otros que no.

“Una cuestión tan sensible como la denominación de un barrio y todo aquello que tiene que ver con su identidad colectiva no es puede desarrollar participativamente a través del uso exclusivo de una consulta ciudadana”, incide el informe. De este modo, el consistorio recoge el guante y subraya que el gobierno municipal, liderado por Jaume Collboni, “siempre ha manifestado la necesidad de hacer un análisis más global de la situación ante la existencia de dos iniciativas que reflejan la diversidad de opiniones existentes en el territorio”. Por ello, propondrá un proceso participativo que incluya “espacios y herramientas específicas con el objetivo de que todos los puntos de vista puedan ser escuchados y valorados”, explican fuentes municipales a este diario.

Firmas "suficientes"

Esta medida supone una nueva vía de esperanza para los vecinos de Navas, tanto los que quieren que se cambie el nombre por el de Torrent de la Guineu, como para los que prefieren que se mantenga. Precisamente, la idea de realizar una consulta fue impulsada por residentes que desean conservar el nombre de Navas, en respuesta a otra iniciativa surgida a mediados de 2023, cuando un grupo de vecinos, con los 10 miembros de la vocalía de memoria historia de la Asociación de Vecinos de Navas como núcleo, se movilizó para tratar de cambiar su nombre.

El informe de la Comissió d’Empara también ha examinado si las firmas recogidas por la plataforma ‘Navas, el nostre barri’ son suficientes para impulsar una consulta y ha concluido que la iniciativa cumple los requisitos legales. Según la normativa vigente, en consultas referidas a un ámbito inferior al municipio, el número de firmas exigible debe calcularse como un porcentaje de la población afectada, sin establecer un mínimo fijo. En el caso del barrio de Navas, ese porcentaje es del 5%, equivalente a 1.105 firmas, una cifra superada por las 1.761 firmas validadas.

Reglamento bajo sentencias

Por otra parte, el órgano advierte de que las consultas ciudadanas previstas en el Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) presentan problemas de encaje legal tras las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Estas resoluciones han provocado la nulidad de varios artículos del reglamento, por lo que la Comisión considera necesaria una revisión, iniciada con un informe jurídico, para adaptarlo al marco legal vigente.

“Estas sentencias impactan directamente sobre el Reglamento de Participación Ciudadana de una forma que todavía no ha sido bastante evaluada”, sostiene el informe, que considera que la jurisprudencia “encaja mal con el espíritu y la letra del reglamento”. Si el proceso participativo desembocara en una consulta ciudadana, éste sería un detalle -no menor- que habría que tener en cuenta.

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