En el Pleno municipal
Sant Cugat sube su IBI un 2,4%, un incremento equiparable al del IPC
El más significativo afecta a la tasa de recogida y transporte de residuos, que aumentará un 26% a partir de 2026 para cumplir con la normativa europea
Sant Cugat incrementa el IBI un 2,7 % tras un año de recortes en servicios por un agujero financiero

Fachada Ayuntamiento Sant Cugat / Mané Espinosa | Ayuntamiento Sant Cugat

El Ayuntamiento de Sant Cugat ha aprobado este 24 de diciembre en el Pleno municipal las ordenanzas fiscales para 2026, con una actualización del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 2,4%, un incremento equivalente al IPC que el gobierno local justifica como un ajuste técnico para mantener el equilibrio con la inflación. La medida, avalada por Junts y ERC, se ha sacado adelante pese al voto en contra de toda la oposición.
Aunque el ejecutivo insiste en que no se incrementa la presión fiscal, los contribuyentes notarán cambios relevantes en otros tributos municipales. El más significativo afecta a la tasa de recogida y transporte de residuos, que subirá un 26% a partir de 2026 para cumplir con la normativa europea que obliga a cubrir el coste total del servicio. La cuota será progresiva en función del valor catastral y se repercutirá a los propietarios de los inmuebles.
En el caso del IBI, el consistorio ha mantenido finalmente la bonificación del 40% para las viviendas con instalaciones fotovoltaicas, tras estimar varias alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. El recorte inicial previsto en este incentivo fiscal quedó descartado después de las críticas de partidos y entidades del sector inmobiliario.
La ordenanza de residuos incorpora también algunos ajustes para amortiguar el impacto de la subida. La bonificación por uso del punto verde se duplica, pasando del 5% al 10%, y los aparcamientos particulares quedarán exentos del pago de esta tasa. En el caso de los edificios plurifamiliares sin división horizontal, las viviendas de protección oficial de alquiler abonarán la cuota mínima establecida.
Las nuevas ordenanzas han sido objeto de 43 alegaciones, presentadas por grupos municipales, entidades y particulares. El gobierno local ha descartado introducir criterios socioeconómicos directos en el cálculo de la tasa, aunque asegura que reforzará las líneas de apoyo para las familias con más dificultades. El teniente de alcaldía de Economía, Carles Brugaroles, ha subrayado durante el pleno la contradicción política que rodea la tasa de residuos, derivada —recordó— de una ley estatal que los partidos del gobierno municipal votaron en contra.
La aprobación de las ordenanzas fiscales ha ido acompañada de la luz verde al presupuesto municipal de 2026, que crece un 2,01% en su capítulo ordinario y sitúa el volumen total de las cuentas en 172 millones de euros. El ejecutivo defiende que estos recursos permitirán consolidar la mejora de la situación económica y reforzar áreas como derechos sociales, limpieza, vivienda y equipamientos públicos.
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