El auto judicial lo preveía
Fiscalía exige que Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona
El Ministerio Público pide al juzgado que habilitó la desocupación que solicite información sobre las medidas adoptadas
DIRECTO | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona
CONTEXTO | Un amplio dispositivo policial desaloja en Badalona a unos 200 migrantes del mayor asentamiento de Catalunya

Operativo policial para desalojar la acampada que los desalojados del B9 montaron al día siguiente de la ocupación / Zowy Voeten
En consonancia con el auto judicial que habilitaba al desalojo de cerca de 200 migrantes del viejo instituto B9 de Badalona, la Fiscalía exige ahora explicaciones al ayuntamiento liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol. El Ministerio Fiscal confirma a EL PERIÓDICO haber solicitado al juzgado contencioso-administrativo que dio luz verde a la desocupación que, a su vez, requiera al Ayuntamiento para que informe sobre el operativo del pasado 17 de diciembre.
Específicamente, Fiscalía solicita información sobre las medidas de protección de los desalojados que se adoptaron. También pide ser informada sobre las incidencias que se produjeron durante la desocupación.
En su auto, la jueza señalaba que el desalojo se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", y "remitiendo informe de lo actuado" a este respecto. En la notificación constaba que "no hay presencia de niños y mujeres permanente en el recinto".
Asimismo, el escrito de la jueza cita sendos informes del equipo de detección y atención a las personas en situación de sinhogarismo municipal fechados el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de octubre de 2025 y señala que "deberán implementarse tal y como se recogen en el mismo". En estos escritos, se concluye que "en el momento del lanzamiento y salida del bien inmueble, se activará un dispositivo municipal para atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta".
Este dispositivo se deberá producir, sigue el auto judicial, "en un espacio físico municipal o en un espacio de emergencia móvil". A este respecto, el alcalde Albiol ha explicado que durante el desalojo del B9 una decena de trabajadores de los Servicios Sociales municipales entraron con una carpa al recinto para atender a las personas que lo pidieran. Según ha explicado Albiol este martes en una entrevista a 'Rac1', "unas 30 se acercaron a pedir ayuda, pero el resto no mostraron interés". Esas 30 personas, ha indicado el alcalde, seguirían bajo el radar de los técnicos municipales.
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