Regeneración urbana y social
El Pla de Barris del Govern aportará 51 millones de euros para dignificar los barrios de cinco ciudades del área de Barcelona
El Govern aspira a reducir las desigualdades sociales y combatir los discursos populistas que emergen en estas zonas: "En el barrio es donde se define la identidad y el sentimiento de pertinencia", señala Illa
Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones
Grandes ciudades catalanas buscarán desatascar sus rehabilitaciones de viviendas a través del Pla de Barris del Govern

El barrio de Fondo en Santa Coloma de Gramenet, en una imagen de archivo / ELISENDA PONS
Un total de cinco localidades del área de Barcelona han sido seleccionadas para formar parte de la primera convocatoria de la ley de barrios del Govern. Los cinco proyectos recibirán así una subvención de la Generalitat que, entre todos, asciende hasta los 51,5 millones de euros. A este montante habrá así que sumarle otros 47 millones que deberán aportar los respectivos consistorios, lo que deja una cifra conjunta cercana a los 100 millones de euros. "Hoy abrimos una nueva era en la transformación de los barrios y las ciudades, que es también la transformación del país", ha declarado durante la presentación del plan el president de la Generalitat, Salvador Illa. El acto ha tenido lugar en el Espai Gatassa del barrio de Cerdanyola de Mataró, uno de los más vulnerables de la capital del Maresme.
Illa ha estado acompañado por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y por el alcalde de Mataró, David Bote: "Queremos unos barrios vivos, que acogen, con menos desigualdades, y más oportunidades", ha expresado el edil. El Pla de Barris busca dar continuidad al que ya fue uno de los buques insignia de los gobiernos del 'tripartit', del que Illa ha asegurado sentirse "continuadores", y ayudar a dignificar aquellas barriadas con mayores índices de vulnerabilidad de Catalunya. En la veguería Barcelona los agraciados serán los barrios de: Cerdanyola, en Mataró; les Planes, en Sant Joan Despí; Fondo, Raval, Santa Rosa y Safarejos, en Santa Coloma de Gramenet; Can Folguera, en Santa Perpetua de Mogoda; y Ciutat Vella, en Barcelona.
Los cálculos del Govern estiman que unas 200.000 personas de estas cinco urbes se beneficiarán de la subvención una vez los respectivos proyectos estén completamente desplegados, algo que, si se cumplen los calendarios, debería ocurrir en un máximo de cinco años. Fuentes del Govern remarcan que el plan de barrios es “una prioridad estratégica” del Executiu, al igual que lillaas políticas de vivienda. Este viernes, Illa ha asegurado que el plan resulta "un pilar fundamental" de su acción de gobierno.
Así, el principal objetivo es reducir las desigualdades sociales y facilitar el acceso a servicios básicos. Pero, más allá de dignificar viviendas o equipamientos, el Govern busca actuar en los barrios para combatir los discursos populistas y de extrema derecha que emergen cada vez con más fuerza en estas mismas zonas y en un contexto donde la vulnerabilidad se multiplica por el aumento del coste de vida. No en vano, Illa ha señalado que no solo "en cada barrio se juega el modelo de país", sino que "el barrio es también donde se define la identidad y el sentimiento de pertinencia" de los vecinos.
Rehabilitación de viviendas
La rehabilitación de viviendas se coloca como uno de los principales ejes que conecta a los distintos proyectos de las urbes barcelonesas. El propio alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya explicó hace dos meses que la capital catalana pondría el acento en esta materia en su programa para Ciutat Vella, que cuenta con un parque residencial envejecido, y que aspiraba a reformar fincas de alta complejidad y mejorar la accesibilidad de algunos bloques.
Esta misma transformación se pretende llevar a cabo den los barrios del sur de Santa Coloma —ciudad que ha contado con el segundo proyecto mejor valorado del total de 83 propuestas presentadas a la convocatoria—, donde muchas viviendas también son antiguas y poco eficientes en términos energéticos. Además, se trata de barrios con rendas muy por debajo de la media catalana, lo que supone mayores dificultades a la hora de que las comunidades encaren las rehabilitaciones necesarias para alargar la vida de sus pisos.
También Sant Joan Despí y Santa Perpetua buscarán mejorar la accesibilidad y rehabilitar las fincas incluidas en sus respectivos proyectos. Como ya explicó EL PERIÓDICO, muchas reformas se han encallado en los últimos años tras naufragar entre los exigentes requisitos de los fondos europeos para financiarlas y la incapacidad de muchas comunidades de vecinos para hacer frente a su responsabilidad en las obras. Todo ello en un contexto de alta demanda, de poca oferta de vivienda y de precios de mercado por las nubes. Un panorama que urge aún más a evitar la pérdida de pisos disponibles.
Identidad comunitaria y cohesión
Otro de los puntos en común que presentan los distintos barrios es la apuesta por fortalecer la cohesión y la identidad comunitaria, ya sea con actuaciones en el urbanismo de los diferentes barrios o a través de proyectos comunitarios como acciones formativas enfocadas para los recién llegados, como prevé hacer Santa Perpetua en Can Folguera. Por su parte, Mataró ambiciona construir un barrio "más equitativo y cohesionado" y, para ello, el objetivo es actuar sobre los condicionantes territoriales que generan desigualdad, la segregación urbana o contra los déficits de accesibilidad y de equipamientos adecuados.
Durante su parlamento, el alcalde Bote no ha evitado hablar de los altercados que se sucedieron precisamente en el barrio de Cerdanyola el pasado mes de abril: "Hace unos meses este barrio fue noticia, entonces contamos con el apoyo del Govern, en contacto constante con el president y también la consellera de Interior", ha recordado Bote, que asegura durante aquellos días hicieron "un buen trabajo". De este modo, Mataró también buscará fomentar la "reactivación comercial" y generar negocios de proximidad en Cerdanyola.
Una serie de medidas también incluidas en el proyecto para los barrios del sur de Santa Coloma, que aprovechará la subvención de la Generalitat fomentar programas de ocupación, dinamizar el comercio local y aplicar medidas de naturalización urbana para "adaptar los espacios abiertos al cambio climático y generar una infraestructura urbana que se convierta en un espacio de encuentro" para los vecinos de la zona. Así, la capital catalana también prevé impulsar la "formación, ocupación y regularización para jóvenes en situación administrativa irregular" y desarrollar un proyecto "contra la feminización de la pobreza".
Celebraciones y reproches
El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado la inclusión del distrito de Ciutat Vella en el Pla de Barris de la Generalitat con una subvención de 12,5 millones de euros, la ayuda que el consistorio había solicitado. Según ha explicado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, este importe se sumará a los 30 millones que el ayuntamiento ya preveía destinar a los cuatro barrios del distrito: el Gòtic, el Raval, la Barceloneta y Santa Caterina i la Ribera. En total, se destinarán 42,5 millones de euros. También lo ha hecho la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, que ha señalado que "el hecho de haber sido seleccionados en esta primera convocatoria demuestra que Santa Coloma presenta proyectos solventes, con una visión clara y con capacidad real de ejecución".
En el lado opuesto se encuentra Terrassa, una de las grandes urbes catalanas que se ha quedado fuera. El alcalde Jordi Ballart ha lamentado que el Govern haya desestimado el proyecto municipal 'Connectem Can Parellada' y que el Ayuntamiento se haya enterado “por los medios de comunicación”. Según Ballart, la propuesta presentaba “un buen equilibrio” entre los tres ámbitos exigidos —transformación física, ecológica y sociocomunitaria— y se eligió por tratarse de un proyecto colectivo “pensado con y para el barrio”, con opciones de obtener una valoración sólida. Pese a la resolución, el consistorio asegura que seguirá trabajando para mejorar Can Parellada con recursos propios y presentando iniciativas en futuras convocatorias, y pide que la decisión responda a criterios “estrictamente técnicos” y no políticos.
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