Barcelona aprueba la nueva ordenanza de civismo que entrará en vigor a principios de 2026

La nueva ordenanza de civismo de Barcelona ya es una realidad. El pleno municipal de este viernes ha dado la luz verde definitiva a la nueva normativa que eleva las multas al incivismo y se enfrenta a un contexto distinto que al de veinte años atrás, cuando se aprobó la norma. La ciudad y sus prioridades han cambiado y ahora hay más protagonismo de la masificación turística, la conciliación de descanso vecinal y ocio nocturno efervescente, además del reto de la limpieza del espacio público. El nuevo texto que impulsó el gobierno de Jaume Collboni (PSC) se ha aprobado finalmente con los votos de Junts y ERC, la abstención del PP y el rechazo de BComú y Vox.

Reformar esta controvertida norma no ha sido fácil. Existía el precedente de 2017, cuando, en el primer mandato de Ada Colau, los Comuns ya intentaron modificar la norma para que fuera más laxa y tuvieron que dar marcha atrás por falta de acuerdos. Es más, la ordenanza ya nació en su momento rodeada de polémica social y política, hasta el punto que quebró la cohesión del tripartito municipal de Joan Clos. Iniciativa per Catalunya votó en contra y se aprobó con los votos de PSC, ERC y CiU.

Su actualización acumulaba numerosos retrasos por la falta de alianzas estables mientras la ordenanza seguía en el cajón. De hecho, llegó a pender de un hilo hasta el último momento, pero finalmente el gobierno municipal logró desencallar con éxito la última carpeta del año con un pacto con Junts y ERC respectivamente.

El alcalde Jaume Collboni ha destacado que es una "ordenanza progresista" y "necesaria" para la Barcelona actual, que ha visto "aumentar la presión sobre el espacio público" en los últimos 20 años y que "no respondía a los problemas reales". Ha defendido que las sanciones son "justas y proporcionadas" y ha celebrado el "alto grado de consenso". Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha presumido de haber logrado el “máximo consenso posible” con “diálogo” y ha subrayado que el objetivo de la norma “no es sancionar más, sino reducir el incivismo”.

“Ha merecido la pena”

“Ha merecido la pena este trabajo conjunto”, ha resaltado el líder de Junts, Jordi Martí, que también ha reconocido las dificultades para llegar a este consenso. A pesar de no ser la norma que su grupo hubiera querido, ha celebrado que se haya “encaminado” la ordenanza, que espera que sea “útil” para la ciudadanía. Desde ERC, el portavoz adjunto, Jordi Coronas, ha sacado pecho de haber incorporado la mediación y la ampliación del catálogo de medidas alternativas.

Por su parte, el concejal de BComú Marc Serra ha tachado la nueva norma de "continuista y poco ambiciosa" y duda de que sea "eficaz". En la misma línea crítica, el líder del PP, Daniel Sirera, ha propuesto al alcalde modificar la norma autonómica para que los agentes cívicos puedan sancionar, una propuesta que Collboni ha recogido pese a que las competencias no son municipales. Por último, el presidente de Vox, Gonzalo de Oro, ha reprochado que la ordenanza "no es valiente, ni eficaz ni suficiente".

Las principales novedades

Su entrada en vigor se prevé para finales de enero o principios de febrero de 2026. Entre las principales novedades destacan las multas de hasta 1.500 euros por hacer botellón en espacios con presencia de menores, así como las sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros por promover las denominadas ‘rutas de borrachera’, prohibidas en toda la ciudad. La ordenanza mantiene la prohibición de pintar grafitis en el espacio público y especifica que las personas responsables deberán asumir tanto la sanción -de entre 100 y 600 euros- como el coste de la limpieza o la reparación de los daños causados.

Orinar en la vía pública se castigará con multas de entre 300 y 1.500 euros, en función del lugar, mientras que las conductas que perturben el descanso vecinal -como música, amplificadores, cantos, gritos o peleas- se sancionarán con importes de entre 750 y 1.500 euros. En el caso de los perros, sus dueños estarán obligados a limpiar los orines de los animales; de no hacerlo, se enfrentarán a una multa de 300 euros. La venta ambulante ilegal, por su parte, se penalizará con sanciones de hasta 600 euros.

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