Apartur lleva al Ayuntamiento de Barcelona a los tribunales por facilitar que los vecinos veten pisos turísticos

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Barcelona con el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, para facilitar que las comunidades de vecinos redacten nuevos estatutos para limitar el uso turístico de las viviendas.

Según Apartur, el convenio pretende "fomentar la prohibición" de actividades económicas en las comunidades de vecinos, especialmente los pisos turísticos. La entidad asegura que la decisión "vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades legalmente autorizadas".

En su defensa, el teniente de alcalde de Turismo y Vivienda, Jordi Valls, ha instado a Apartur a "poner el foco" en los problemas de convivencia que generan algunos apartamentos turísticos en edificios con comunidades de vecinos en lugar de "solo presentar demandas y denuncias".

Valls ha indicado que el convenio apoya a las comunidades por si "consideran oportuno" prohibir los pisos turísticos en la comunidad siguiendo un criterio democrático. "El convenio lo que dice es esto", ha aclarado. En cualquier caso, ha asegurado que se defenderán legalmente porque lo que defienden es "reforzar el sistema democrático" de una comunidad de vecinos.

Piden la nulidad del acuerdo

Según consta en la demanda, Apartur supo del contenido del acuerdo al acceder al expediente administrativo. Hasta entonces, la información pública apuntaba a un convenio para "informar y orientar a las comunidades de propietarios sobre los procedimientos y ventajas de dotarse de normas de regulación y convivencia para regular la instalación de actividades económicas".

Apartur asegura, sin embargo, que el "contenido real" hablaba también de "la orientación y apoyo a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de la instalación de actividades económicas, incluida la turística". Con su recurso, quiere que los tribunales declaren la nulidad del acuerdo y del convenio por "exceder el propósito anunciado”.

La entidad considera, además, que el convenio promueve la prohibición de los pisos turísticos a través de subvenciones, con un presupuesto máximo de 100.000 euros: "El convenio incentiva a que administradores de fincas y profesionales jurídicos asesoren a las comunidades con un único sentido, ya que sólo reciben la subvención si la comunidad adopta acuerdos restrictivos", asegura.

"Destinar un presupuesto de 100.000 euros de dinero público a promover una actuación sin efectos prácticos y sobre una materia regulada desde hace más de una década refleja una gestión irresponsable de los recursos públicos, que podrían destinarse a reforzar políticas de verdadero impacto social", ha criticado la directora general de Apartur, Marian Muro.

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