La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona

Las personas que este miércoles han sido desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona, en la que ha sido la operación de este tipo más grande de la historia reciente de Catalunya, no saben donde irán a parar los próximos días. En Badalona, tras el cierre de Can Bofí Vell, no hay albergues de emergencia para que las personas sin hogar puedan pasar unas pocas noches y el Ayuntamiento de Barcelona también cierra la puerta a acogerlos en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).

Consultadas por EL PERIÓDICO, fuentes municipales betulenses han indicado en primera instancia que preveían echar mano del convenio de colaboración que el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona y los municipios del Área Metropolitana de Barcelona firmaron en 2019, y que permite que el CUESB pueda acoger a algunas personas en caso de emergencia social. Además, todos los alcaldes del entorno del B9 daban por hecho que los desalojados se trasladarán a Barcelona como capital catalana, pese al colapso permanente de sus alternativas habitacionales. Sin embargo, fuentes municipales del Ayuntamiento de Barcelona indican a este diario que el desalojo es una acción planificada y, por lo tanto, el CUESB no aplica en este supuesto al no tratarse de un "caso de urgencia o emergencia sobrevenida".

El convenio recoge en su segundo punto que el CUESB actuará siempre fuera de los horarios de actuación de los Servicios Sociales municipales en casos de urgencias sociales como "abandono", "pérdida repentina de autonomía", "serio riesgo por falta de recursos para la cobertura inmediata de necesidades básicas", "otras necesidades perentorias" o en situaciones de "maltrato". También está previsto que los servicios municipales de Barcelona se activen en casos de emergencia social como "inundaciones, explosiones, desalojos preventivos, derrumbes", también en casos de "muertes traumáticas" o por "climatología adversa".

En el anexo del mismo documento se detalla que el CUESB "de manera excepcional y delante de la falta de recursos ofrecidos por cada municipio", "podrá valorar facilitar la atención puntual de urgencia o emergencia en sus dependencias". Es decir, el traslado a Barcelona es la última opción para las personas que necesiten recibir la ayuda urgente de Servicios Sociales. Preferentemente, pues, deberían ser alojadas en pensiones o recursos habitacionales del propio municipio donde hacían vida.

Albiol responsabiliza a Sánchez

En sus declaraciones a los medios tras el desalojo del B9, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha alejado aún más la posibilidad de activar el convenio. Albiol ha asegurado que "no gastará un euro en darle vivienda a quien hace la vida imposible a los vecinos". El edil ha defendido que "le correspondería a Pedro Sánchez darles techo" a las personas desalojadas y ha asegurado que en las últimas semanas se ha ofrecido un hospedaje temporal a "unas 16 o 17 personas" de las 400 que ocupaban el recinto y que este mismo miércoles otras 50 han pedido asistencia a Servicios Sociales. El alcalde ha declarado que se les hará un seguimiento, aunque, "eso sí, no pasarán por delante de los vecinos de Badalona que llevan tiempo esperando una vivienda".

"Badalona no gastará un euro en darle vivienda a quien hace la vida imposible a los vecinos"

Xavier García Albiol

— Alcalde de Badalona

Albiol también ha asegurado que lanzó "una licitación para ver si podíamos acoger a más personas que no fueran conflictivas durante unos días; una licitación que quedó desierta. "Ninguna de las empresas ni las entidades sociales que hemos contactado ha querido hacerse cargo de estas personas", ha explicado ante los medios. "Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos con aquellas personas que corresponde", ha sentenciado Albiol. El desalojo del B9 se produce, pues, sin una alternativa residencial, ni fija ni de urgencia, para las personas que aún malvivían en el instituto.

59 personas atendidas

Por su parte, tanto el president de la Generalitat, Salvador Illa, como la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, han defendido en el Pleno del Parlament que la actuación responde a un mandato judicial. "El Govern está acompañando el desalojo con valores, para hacer las cosas bien hechas, y está ayudando a atender a todos los que hay que atender", ha replicado Illa a la líder de Comuns, Jéssica Albiach, que ha tildado la operación de "vergüenza" y "vulneración de los derechos humanos".

Martínez Bravo, por su parte, a preguntas de la diputada de la CUP Pilar Castillejo, ha asegurado que en las últimas semanas el departament ha derivado "hacia unos recursos adecuados" a 59 personas que ocupaban el antiguo instituto. La consellera ha señalado que el Govern ha hecho "todas las gestiones pertinentes para abordar la "delicada situación" aunque sea "competencia del consistorio encontrar una solución habitacional para estas personas".

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