Un amplio dispositivo policial desaloja en Badalona a unos 200 migrantes del mayor asentamiento de Catalunya

Un amplio dispositivo policial ha desalojado definitivamente este 17 de diciembre el antiguo instituto B9 de Badalona, ocupado desde hace dos años por cientos de migrantes. Por orden judicial y a instancias del Ayuntamiento de Badalona, liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol, al filo de las 7:00 h de este miércoles al menos una veintena de furgones de los Mossos d'Esquadra se desplegaba en las proximidades del inmueble, en el badalonés barrio del Remei. El operativo se ha saldado con 181 personas identificadas (54 de ellas, por la Policía Nacional), 18 detenidos por cuestiones de extranjería, y otro más que tenía una orden de captura pendiente, han informado los cuerpos policiales. Entre fuentes conocedoras del caso consultadas por EL PERIÓDICO hay consenso de que hasta la fecha se trataba del mayor asentamiento urbano de Catalunya, con momentos durante este último año en que ha llegado a acoger a más de 400 migrantes. Sin embargo, en el momento del desalojo quedaban dentro la mitad, en torno a unos 200.

Ya desde la madrugada, un goteo de personas que ocupaban el B9 habían ido dejando el inmueble ante el inminente desalojo. Pasadas las 6:00 h, aún había algunos que trasteban con neveras viejas para desarmarlas y aprovechar la chatarra. Al filo de las 7:00 h de la mañana, un amplio dispositivo de al menos una veintena de furgones de los Mossos d'Esquadra ha empezado a desplegarse por la zona. No ha sido hasta pasadas las 8:00 h cuando algunos agentes han entrado en el patio del instituto. "Si queréis salir, podéis salir ―avisaba un agente―. Si no salís ahora os vamos a sacar luego nosotros". Algunos ocupantes han recogido la oferta de la policía y han abandonado el recinto, la mayoría con grandes carros de chatarra. A las 8:47 h, la policía se ha desplegado en el interior y ha desalojado a los ocupas y activistas que formaban una línea de resistencia avanzada. Tras una primera carga, los manifestantes han ido siendo desplazados mientras se producía el lanzamiento de algunos objetos a la línea policial.

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El alcalde Albiol ha comparecido ante los medios de comunicación hacia las 11:45 h. Lo ha hecho frente a un atril en que se leía 'La ocupación es delito'. "Dije que echaríamos a esta gente y lo hemos hecho", ha declarado. "Demostramos que estamos al lado de los vecinos". Cuando se le ha preguntado a Albiol sobre si los desalojados tendrán alternativa habitacional, ha respondido que "le correspondería a Pedro Sánchez darles techo". El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha respondido a Albiol a través de X: "Es bastante deplorable ver como el mismo alcalde de Badalona no conoce sus propias competencias en materia de servicios sociales". Además, el delegado ha añadido que Albiol "podría intentar resolver los problemas de los badaloneses en lugar de buscar culpables en los más vulnerables".

Sin alternativa habitacional

Albiol ha señalado que en los últimos días unas 150 personas habían abandonado el recinto. En las últimas semanas, ha seguido el alcalde, se les ha ofrecido un hospedaje temporal a "unas 16 o 17 personas" y durante este mismo miércoles otras 50 han pedido asistencia a Servicios Sociales. El alcalde ha declarado que se les hará un seguimiento: "Eso sí, no pasarán por delante de los vecinos de Badalona que llevan tiempo esperando una vivienda". De hecho, Albiol ha asegurado que el Ayuntamiento de Badalona "no gastará un euro en darle vivienda a quien hace la vida imposible a los vecinos".

También se ha pronunciado en el Parlament sobre el B9 el propio president de la Generalitat, Salvador Illa. "En materia de cumplimiento de las leyes, las tenemos que cumplir todas, también cuando una jueza ordena un desahucio instado por el Ayuntamiento de Badalona. El Govern está acompañando para hacer las cosas bien y ha ayudando a atender a todo el mundo”, ha declarado el president. En esa misma línea, la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ha declarado que en las últimas semanas el departament ha derivado "hacia unos recursos adecuados" a 59 personas que ocupaban el antiguo instituto.

Para el resto de los 400 que ocupaban el espacio no hay alternativa habitacional, algo que las entidades sociales y la oposición municipal de Badalona consideran no soluciona el problema, sino que resulta "un drama humanitario". Si bien la resolución judicial que autorizaba el desalojo señala que se tendría que seguir "el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales", este se reduce a un convenio con el Àrea Metropolitana de Barcelona al que Badalona se adhiere en 2019 y que permite que el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) pueda acoger a algunas personas en caso de emergencia social. La clave de la cuestión, informa Pau Lizana, radica en que fuentes municipales del Ayuntamiento de Barcelona indican a este diario que el desalojo es una acción planificada y, por lo tanto, el CUESB no aplica en este supuesto al no tratarse de un "caso de urgencia o emergencia sobrevenida".

De desocupación en desocupación

La ocupación del antiguo instituto B9 de Badalona comenzó en verano de 2023. Empezó siendo un asentamiento de unas pocas decenas de personas, pero en dos años la cifrá se dobló. Algunos de ellos ya habitaban la nave industrial del Gorg, que se incendió en 2020 dejando seis víctimas mortales, y en estos años han ido encadenando tantas ocupaciones como desocupaciones en naves industriales de la ciudad, como las de las calles Progrés, Alfons XII, o Antoni Bori. El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona".

Una vez los ocupantes han sido desalojados del espacio, la policía ha permitido entrar a los medios de comunicación. Dentro del B9, de propiedad municipal, las condiciones son insalubres. Muchas de las pertenencias y de los desperdicios flotaban este miércoles por la mañana en los numerosos charcos que las lluvias torrenciales dejaron la noche del martes en Badalona. En septiembre de 2025, EL PERIÓDICO avanzó que el Departament de Salut había detectado una decena de casos de tuberculosis. El auto de la jueza que permitía la desocupación señala que el recinto se ha convertido en un "auténtico poblado de miseria".

El gobierno municipal asegura que empezó los trámites para desocupar el espacio en septiembre de 2023. La defensa legal del colectivo de ocupantes ha recurrido el camino judicial emprendido por el gobierno municipal alegando la falta de alternativa habitacional para los migrantes del B9. El caso ha llegado incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el último intento de las abogadas, de Baula Advocacia, de suspender el desalojo. Albiol ha insistido en que, basándose en lo que explican los vecinos e informa la Guardia Urbana, una "gran mayoría" de ellos son "delincuentes". Los vecinos han dado cuenta de múltiples situaciones de inseguridad y llevan pidiendo soluciones desde que comenzó la ocupación, aunque también han criticado que el desalojo se lleve a cabo a las puertas del invierno, y de la Navidad.

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