Nueva polémica en el Museu del Disseny de Barcelona: críticas al concurso para elegir quién sucede a Jose Luis de Vicente

Nueva polémica en la selección de director de un museo público de Barcelona. Tras el tropiezo con el museo de historia y el cese por orden judicial de un alto cargo del Institut de Cultura, la controversia regresa a la plaza de las Glòries por el concurso para elegir la nueva dirección del Museu del Disseny. El Ayuntamiento de Barcelona inició este octubre el trámite para sustituir a José Luis de Vicente, que dimitió en abril tras dos años y medio de críticas a su proyecto para reinventar el discurso de este equipamiento.

Ahora media docena de entidades artísticas de Catalunya, agrupadas en la Plataforma d’Arts Visuals, y la Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya (AMC) han salido a cuestionar públicamente el procedimiento municipal al considerar que deja demasiado margen para la arbitrariedad. Dicho llano, consideran que la redacción de las bases facilita al consistorio elegir a dedo. La selección ya ha completado el primer paso y, según ha podido contrastar EL PERIÓDICO, el pasado 26 de noviembre el consistorio aprobó un listado con 19 personas admitidas y dos excluidas por no haber podido acreditar su condición de funcionarios o graduados. Cuatro aspirantes validados deberán demostrar con documentos o con un examen sus conocimientos de catalán.

15 “faltas graves”

En un comunicado, los dos colectivos se oponen a las bases del concurso público “ya que no garantizan las mínimas condiciones exigibles de transparencia y libre concurrencia”. Aseguran que los criterios para filtrar candidaturas incurren en 15 “faltas graves, diez de las cuales de carácter muy grave”, en relación con el Código de Buenas Prácticas para Concursos de Dirección, documento consensuado por 11 asociaciones profesionales. Por ejemplo, la Comisión de valoración de los aspirantes la integran solo tres funcionarias municipales, sin presencia de ningún experto independiente, cuando se recomienda que sean al menos el 40% de los integrantes del jurado.

También critican que se mencione una Comisión asesora de expertos en un aviso anexo, pero no en las bases, sin especificar tampoco composición, rol ni qué peso tendrán sus recomendaciones. Por otro lado, censuran que “no existe ningún baremo de valoración numérica, por lo que la comisión puede actuar de manera totalmente arbitraria”. A los candidatos, además, no se les exige que tengan estudios en ninguna disciplina concreta, solo “estudios de grado superior”, y acreditar tres años de experiencia en puestos de mando públicos o privados.

Tampoco deben presentar obligatoriamente un plan u hoja de ruta para el museo. Artistas visuales y museólogos temen que la persona designada “entre sin ningún proyecto” o que sí lo tenga pero “nadie sepa bajo qué criterios se ha valorado”. Por último, lamentan el déficit formal de haber sometido a exposición pública la convocatoria 13 días en vez de un mes completo, lo que dificulta que la oferta llegara a un mayor número de potenciales aspirantes.

Extracomunitarios excluidos

Las bases, que aún pueden consultarse en la Gaceta Municipal, incluyen otros aspectos sorprendentes. Para presentarse se exige tener nacionalidad española o de cualquier país miembro de la Unión Europea” o de los estados adscritos a la libre circulación europea de trabajadores, así como conjugues de ciudadanos con esta nacionalidad e hijos menores de 21 años o dependientes.

Defensa municipal

El Institut de Cultura de Barcelona, consultado por EL PERIÓDICO, defiende su buena fe sin entrar a valorar ninguna de las críticas concretas. “Estamos alineados con el Código de Buenas Prácticas de la Associació Catalana de Crítica d’Art y la Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya”, argumentan portavoces de este organismo municipal. “Todos los concursos que se realizan en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Institut de Cultura responden al régimen de contratación de la propia administración y están escrupulosamente enmarcados en este”, zanjan.

Las entidades movilizadas pusieron en conocimiento del ICUB sus quejas y, al no percibir voluntad de modificar las bases, optaron por difundirlas con un comunicado este lunes. “Nos volvemos a topar con otro caso grave en el que los aspectos legales se usan por parte del Ayuntamiento de Barcelona como un escudo o excusa para no profundizar en una revisión crítica de los procedimientos”. “Esta mala praxis tiene una primera consecuencia nefasta: la falta de legitimidad del resultado, algo muy negativo para la propia institución, una de las más importantes del país”, remachan.

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