Los denunciantes de Tersa se alían con la fiscalía y piden cuatro años de prisión para un jefe de la incineradora

La investigación que está a punto de llevar a juicio la presunta contaminación de la incineradora de Tersa, en Sant Adrià de Besòs y a las puertas de Barcelona, comenzó por una denuncia de la coordinadora vecinal Airenet. Originada por unos informes de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que alertaban de la alta presencia de dioxinas y furanos en las proximidades de la planta, la causa judicial se encamina a juzgar al único imputado, Francesc Rosa, exjefe de explotación de la central que quema hasta 360.000 toneladas de basura del área metropolitana. Airenet hubiese preferido que la instrucción del caso se hubiera conducido de otro modo y hubiese dirimido la supuesta responsabilidad de más técnicos y también de cargos políticos en las emisiones, el funcionamiento y el control de la fábrica que más residuos calcina en Catalunya. Dejando de lado los vaivenes que el proceso ha conocido a lo largo de más de siete años, la plataforma vecinal ha alcanzado un nuevo hito este lunes, al presentar un escrito de acusación en que se alinea con la fiscalía al solicitar cárcel para quien se considera que tenía autoridad en la operativa de la instalación.

Airenet pide cuatro años de cárcel para Rosa, igual que el ministerio público, por un supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, que pudo conllevar un presunto riesgo grave para la salud. También en consonancia con la petición que el fiscal formuló en octubre, la entidad que ejerce de acusación -representados por los abogados Andrés Maluenda y Anna Baró- reclama que se imponga una multa de unos 12.000 euros al investigado, actual director de generación de energía de Tersa, de la que el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona son los propietarios mayoritarios. Del mismo modo, y de nuevo en concordancia con la fiscalía, plantea una inhabilitación de un año para que el directivo no trabaje en instalaciones de valoración de residuos.

Según el escrito de calificación de Airenet, al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, “el acusado permitió y consintió que la planta operara de manera sistemática al margen de los parámetros exigidos por la normativa ambiental, tolerando un funcionamiento anómalo de las instalaciones que generó un riesgo grave para la salud de las personas residentes” en torno a la incineradora “y para el medio ambiente”. En esa línea, la acusación define a Rosa como “el principal responsable del funcionamiento ordinario” de la central del Besòs, así como el “garante respecto de los riesgos ambientales y para la salud”, por la dispersión de “sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente, la calidad del aire y la salud” a través de la chimenea de la instalación.

“La generación y emisión de estos contaminantes exigía […] un control riguroso y permanente de los parámetros esenciales del proceso de incineración”, esgrime la entidad. A renglón seguido, remarca que la “responsabilidad directa” del exjefe de explotación era “garantizar que la instalación operara dentro de los límites y condiciones fijados” por la normativa y el permiso que la incineradora de Tersa posee.

La clave de la temperatura

En línea en todo momento con la fiscalía, Airenet achaca incumplimientos a la planta que carga sobre Rosa por las responsabilidades que ostentó. La presunta infracción que resulta nuclear en el caso es que, postula la coordinadora, “no se ha alcanzado la temperatura suficiente” en los hornos “para la descomposición de las partículas contaminantes”.

El nivel de calor a que arden los desechos es determinante para "garantizar la destrucción completa de los compuestos peligrosos que se generan en la incineración y para minimizar […] la emisión de contaminantes”. En ese sentido, el escrito de Airenet recuerda que el rango adecuado para deshacer dioxinas y furanos cancerígenos fluctúa entre 800 y 1.140 grados centígrados. Además, la norma exige controlar que se alcanza una temperatura de 850 grados al menos durante dos segundos en los gases derivados de la quema de residuos.

Sin embargo, la acusación enfatiza que, “a pesar de estas exigencias normativas”, la central de Tersa, “bajo la responsabilidad y autorización del acusado, incumplió de forma continuada tales obligaciones al menos desde el año 2017”. Para fundamentarlo, Airenet aduce que “en diversos momentos dentro de las instalaciones del grupo Tersa se han quemado residuos por debajo de la temperatura establecida de 850 grados”. Aparte, cuestiona cantidades que Tersa registró por el supuesto caudal usado de gas, fijos en vez de fluctuantes durante minutos y horas, “los cuales no tienen explicación en el marco de una actividad industrial”.

Sistema de control “inapropiado”

La entidad sostiene que “el acusado permitió y consintió el uso continuado de un sistema de control no autorizado, inapropiado y técnicamente inválido, ocultando o negando el acceso a los datos que habrían permitido contrastar la temperatura real del proceso y manteniendo el funcionamiento de la planta incluso cuando el algoritmo mostraba valores que implicaban un riesgo inminente de destrucción del propio horno”. Subraya que ese método de estimación arrojó “errores constantes y valores físicamente imposibles”, unos por ser inferiores a los 850 grados prescritos y otros por ser anormalmente altos. De ahí infiere que “no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y los furanos”, lo que “supone un riesgo de emisión de los mismos a la población”, remacha.

El escrito de calificación blande que la Organización Mundial de la Salud clasifica las dioxinas y furanos entre las sustancias “más tóxicas que se conocen”. Desgrana que pueden provocar “lesiones cutáneas como el cloroacné, alteraciones hepáticas e hiperpigmentación y, a largo plazo, la aparición de cáncer, alteraciones neurológicas y endocrinas, disminución de la respuesta inmune, trastornos reproductivos, malformaciones congénitas y otros daños de elevada gravedad”.

Agrega que uno de los estudios de la URV que basaron la denuncia de Airenet es el único que figura en el sumario que “ha cumplido con los requisitos de rigurosidad necesarios para ser publicado en una revista científica, por lo que sus hallazgos y conclusiones son especialmente reveladores”. Esos análisis concluyeron que los habitantes de Sant Adrià acumulan tres veces más probabilidades de sufrir cáncer que los residentes en Barcelona y Badalona.

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