Detectados 24 supermercados en Barcelona que 'pinchaban' la electricidad: 2,85 millones de Kw defraudados

Una operación policial conjunta ha permitido poner el foco de luz en el fraude eléctrico que cometen algunos supermercados franquiciados de Barcelona cuando habitualmente este delito está más asociado a las plantaciones de marihuana. El pasado 2 de diciembre, efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Barcelona junto con Inspección de Trabajo y técnicos de Endesa descubrieron que 24 supermercados en Barcelona tenían conexiones fraudulentas de electricidad junto a otras graves infracciones administrativas.

El dispositivo se montó después de que la Guardia Civil recibiera varias denuncias de que estos comercios, algunos abiertos al público 24 horas, pudieran estar cometiendo este fraude. Se trata de franquicias de supermercados conocidos, como Alcampo, Carrefour, Coviran o Condis, que se localizaron en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella. Este dispositivo de inspección se hizo en 26 locales de manera simultánea, participando 66 agentes de la Guardia Civil, 35 de la Guardia Urbana de Barcelona, 18 de la Policía Nacional, así como 11 subinspectores de Trabajo y Seguridad Social coordinados por una inspectora y 33 técnicos de Endesa.

En esta actuación los técnicos de la compañía eléctrica detectaron que en 24 de los 26 establecimientos disponían de manipulaciones en la red eléctrica para obtener la electricidad para su funcionamiento directamente de la red general, evitando con ello gastos en materia energética. Esta constatación supuso la investigación por parte de Guardia Civil de 26 personas de nacionalidad pakistaní y bangladesí, como presuntos autores de delitos de defraudación de fluido eléctrico.

Los investigadores remarcan que se ha defraudado 2,85 millones de kilovatios por los investigados, una cantidad equivalente al consumo de 814 viviendas durante todo un año. La Guardia Civil recuerda que estas instalaciones eléctricas irregulares suponen además un grave riesgo para la seguridad, ya que las conexiones se realizan sin las protecciones ni las revisiones técnicas obligatorias. Las sobrecargas, la ausencia de aislamiento adecuado y la manipulación de cuadros eléctricos pueden provocar cortocircuitos y originar incendios.

En este sentido, añaden que este peligro se agrava porque muchos de estos locales están situados en los bajos comerciales de edificios de viviendas, con una elevada afluencia de personas y la proximidad de garajes, trasteros y zonas de almacenamiento, por lo que un incendio podría afectar de forma directa a vecinos y clientes.

Básculas alteradas

Además de las denuncias por fraude eléctrico, los agentes de la Guardia Civil también incoaron 16 expedientes de denuncia por contrabando, etiquetado erróneo en productos a la venta, en materia de protección de datos por ausencia de indicaciones de la existencia de videocámaras, por ausencia de datos del empresario en los tickets de venta al público, por seguridad alimentaria al detectar productos caducados para su venta, por alteración del pesaje de las básculas, en consecuencia de las medidas sanitarias frente al tabaquismo y por ausencia del carnet de manipulación de alimentos.

Por su parte, la Policía Nacional, en materia de extranjería, identificó a 59 ciudadanos, de los que se determinó que cinco eran víctimas de explotación laboral y de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de ciudadanos extranjeros. Fuentes policiales señalan que estos trabajadores eran obligados a hacer largas jornadas en el supermercado y a dormir en condiciones precarias a cambio de sueldos miserables. Por eso, se ha iniciado una investigación contra los responsables de estos comercios franquiciados.

De las personas identificadas por la Policía Nacional, otros cinco eran extranjeros en situación irregular, careciendo de cualquier tipo de autorización para residir o trabajar en territorio español. Los agentes iniciaron expedientes por la Ley de Extranjería que implicarían el dictado de una orden de expulsión y sanciones por parte de Inspección de Trabajo a las empresas que tenían empleadas a estas personas.

La Guardia Urbana de Barcelona detectó 87 infracciones relacionadas con la seguridad, la higiene y el cumplimiento normativo en este tipo de locales como deficiencias en las salidas y señalización de emergencia, falta de extintores, baños impracticables, ausencia de carteles obligatorios, venta de alimentos caducados o en mal estado, exposición indebida de bebidas alcohólicas y ejercer la actividad comercial sin licencia, entre otras.

Los subinspectores de la Inspección de trabajo y Seguridad Social detectaron 23 infracciones en materia de regulaciones laborales. Tras la inspección policial se cortó el suministro eléctrico en todos los establecimientos con acometida irregular y se trasladó a los servicios técnicos del ayuntamiento de la ciudad la información necesaria para proceder, en su caso, al control y a la destrucción de los alimentos e impedir su venta.

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