Barcelona eleva las multas al incivismo con una nueva ordenanza pactada por PSC, Junts y ERC

Dicho y hecho. La nueva ordenanza de civismo de Barcelona está a un paso de convertirse en realidad. En su penúltimo trámite en la comisión de Presidencia, antes de la votación definitiva en el pleno del próximo 19 de diciembre, el nuevo texto del gobierno socialista de Jaume Collboni ha logrado el apoyo de Junts y ERC, lo que ha permitido que la norma avance con las incorporaciones de ambos partidos. No ha sido ninguna sorpresa, ya que los dos grupos municipales habían anunciado esta semana su pacto con el PSC para apoyar la nueva ordenanza. El PP ha hecho reserva de voto y Comuns y Vox han votado en contra.

La reforma hace años que está en el tintero. En dos décadas desde su entrada en vigor en 2006, el contexto de la ciudad ha cambiado y sus retos también. De ahí surge la necesidad de actualizar la normativa que regula la convivencia en las calles. El alcalde Collboni siempre ha defendido endurecer las sanciones y él mismo ha subrayado que el incremento será “sustancial”: las multas podrán llegar hasta los 3.000 euros en algunos supuestos.

El camino hasta aquí ha sido largo y lleno de negociaciones, ya que alcanzar el consenso político no ha sido sencillo. Finalmente, todo ha desembocado en un acuerdo con Junts, después de que el PSC aceptara todas sus alegaciones. Entre ellas figuran el endurecimiento de las multas -por ejemplo por hacer botellón, orinar o masturbarse en la calle-, frenar la captación de personas en la vía pública para consumir cannabis, trabajar coordinadamente con otras administraciones para mejorar la efectividad en el cobro de las sanciones -especialmente a turistas, dado que hasta ahora entraña cierta complejidad- y detectar de manera automática la reincidencia.

Por otra parte, la negociación con ERC ha permitido que se refuerce la mediación y el catálogo de medidas alternativas a la sanción para dotar de una vertiente más social y menos punitiva a la norma. Además, la ordenanza incluye el compromiso de fomentar el civismo en el transporte público mediante un convenio con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la incorporación de la aporofobia (odio al pobre) como nueva tipología de discriminación.

“Máximo” consenso

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha presumido de haber trabajado “todos juntos” en un expediente de 1.500 páginas: “Hemos coordinado esta reforma para que fuera sólida jurídicamente y que estuviera consensuada al máximo”. El gobierno municipal ha aceptado totalmente o parcialmente el 34% de las alegaciones.

Desde Junts, su líder, Jordi Martí, ha sacado pecho de que la ordenanza se ha aprobado gracias a su formación y que el suyo es un “voto a favor de Barcelona y los barceloneses”. Reclama su cumplimiento con “exigencia y determinación”. Por parte de ERC, Jordi Coronas ha reivindicado la nueva norma y ha puntualizado que ninguna sanción perjudicará a las personas migradas en la tramitación de los papeles de arraigo.

BComú ha mostrado su rechazo a la nueva ordenanza y el concejal Marc Serra ha augurado que "no funcionará porque reincide en un modelo que ya ha fracasado durante 20 años". Los populares siguen pensando qué votar en el trámite definitivo, aunque lamentan que el acuerdo "de los socios de Pedro Sánchez será la amnistía a los incívicos". Vox considera que la norma llega “tarde, mal y con los mismos vicios de siempre”.

En vigor entre enero y febrero

Entre las novedades de la ordenanza -que, si supera su último trámite, entraría en vigor a finales de enero o principios de febrero- destacan las multas de hasta 1.500 euros por hacer botellón en espacios donde haya presencia de menores y las sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros por promover las llamadas ‘rutas de borrachera’, vetadas en toda la ciudad. También se mantiene la prohibición de pintar graffitis en el espacio público y se añade que las personas responsables deberán asumir tanto la multa -de entre 100 y 600 euros- como el coste de la limpieza o reparación.

Las sanciones por orinar en la calle oscilarán entre los 300 y los 1.500 euros, según el lugar, y entre los 750 y 1.500 euros por perturbar el descanso vecinal con música, amplificadores, cantos, gritos o peleas. Los dueños de perros tendrán la obligación de limpiar los orines de sus animales; en caso contrario, se enfrentarán a una sanción de 300 euros. La venta ambulante, por su parte, se penalizará con multas de hasta 600 euros.

Seguirá estando prohibido transitar o permanecer en el espacio público desnudo, con vestimenta de baño -salvo las zonas específicamente habilitadas para ello- e ir sin camiseta por la calle salvo que se esté practicando actividad física. Como novedad, se multará con hasta 300 euros ir por la calle con indumentaria, complementos u objetos que representen de manera explícita genitales humanos o tengan un carácter sexual evidente. Es el caso de los complementos usados para las despedidas de solteros.

Suscríbete para seguir leyendo