Desocupación inminente
El desalojo del gran asentamiento de Badalona llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Las abogadas de los migrantes que ocupan el B9 recurren al TEDH alegando vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Migrantes supervivientes del incendio mortal en una nave ocupada de Badalona piden suspender el desalojo del B9: "No ha cambiado nada"
Homenaje, dentro del B9, a las víctimas del incedio de la nave del Gorg de Badalona, en el quinto aniversario de la tragedia / Sandra Román
Por qué confiar en El Periódico Las acciones para parar ―o al menos suspender temporalmente― el desalojo del gran asentamiento de Badalona se han potenciado desde que el pasado jueves 4 de diciembre se conoció que la magistrada del juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona autorizaba la entrada en el antiguo instituto B9 en un plazo de 15 días. Este miércoles 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensa legal de los migrantes que ocupan el recinto ha elevado una petición de medidas provisionales urgentes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que pare el desalojo.
Las abogadas que defienden a los ocupantes, de Baula Advocacia, plantean que de hacerse efectivo el desalojo se estaría ocasionando "un daño irreparable e inminente" a las personas afectadas, que quedarían en la calle sin alternativa habitacional al no conocerse intención de realojar a estas personas por parte de las administraciones.
La defensa legal alega vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por parte del Ayuntamiento liderado por Xavier Garcia Albiol con relación al derecho en la vida y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes, sostenido en el hecho que personas en situación de extrema vulnerabilidad quedarían en la calle en pleno invierno.
La petición de suspensión de la desocupación también recoge violaciones del derecho a la vida privada y familiar en términos respecto al domicilio de cualquier persona y a la no injerencia desproporcionada de las administraciones; además del derecho a no sufrir discriminación con relación a las declaraciones "con sesgo racista del alcalde, a su trato despectivo contra las personas que viven en el B9, la carencia de adopción de garantías de realojamiento por parte de la Administración, y la no valoración de las garantías jurídicas aplicables al caso por parte de los Juzgados", enumeran las entidades sociales que apoyan a los ocupas en un comunicado. Asimismo, alegan "vulneración del derecho a escoger libremente el lugar de residencia".
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