PSC y Junts pactan modificar la ordenanza de civismo de Barcelona

“Barcelona tendrá su ordenanza de civismo antes de Navidad y la tendrá gracias a Junts”. Así ha anunciado el presidente de Junts per Barcelona, Jordi Martí, que los postconvergentes han llegado a un acuerdo con el gobierno socialista de Jaume Collboni para aprobar la modificación de la norma, vigente desde hace veinte años. Tras meses de “trabajo intenso” de negociaciones, el PSC ha aceptado todas las alegaciones de Junts y ambas formaciones han alcanzado su primer gran pacto en este mandato.

“Después de que el gobierno de Collboni nos haya aceptado todas y cada una de las alegaciones, haremos posible la aprobación de la modificación de la ordenanza de civismo, dejando atrás una ordenanza no solo antigua, sino obsoleta y que ha sido flagrantemente incumplida”, ha afirmado Martí este martes en rueda de prensa, en la que ha presumido de que la ordenanza "llevará el ADN de Junts". No obstante, ha marcado distancias con Collboni y ha matizado que es un pacto con la ciudadanía y no con el PSC.

Desde el gobierno de Collboni, fuentes municipales celebran el voto favorable de Junts, con quienes recalcan que "se ha trabajado de forma conjunta, incorporando sus aportaciones y aceptando sus alegaciones” para que la ordenanza contara con el “máximo consenso posible”.

Después de este acuerdo, está previsto que el gobierno municipal convoque una comisión de Presidencia extraordinaria este jueves que permitirá la aprobación inicial antes de llegar a la votación definitiva en el pleno del 19 de diciembre. En el primer trámite esta semana, Collboni también contará con los votos a favor de ERC después de haber cerrado su propio pacto con los republicanos.

Las medidas de Junts

Entre las medidas que plantea Junts -cuya "obsesión" principal es "blindar el cumplimiento efectivo de la norma"- se incluyen actuaciones para frenar la captación de personas en la vía pública para consumir cannabis, la obligación de que quienes sean sancionados por realizar pintadas colaboren en su limpieza, así como endurecer las sanciones en casos como los grafitis, el top manta o los botellones. También han acordado garantizar que el catalán tenga un papel prioritario en cualquier campaña informativa sobre la ordenanza.

Martí ha subrayado además la necesidad de que el ayuntamiento trabaje coordinadamente con otras administraciones para mejorar la efectividad en el cobro de las multas, ya que entre 2023 y 2024 solo se ha recaudado un 16% de las sanciones impuestas. Para revertir esta situación, ha avanzado la creación de una unidad específica encargada de gestionar todos los expedientes vinculados a la ordenanza de convivencia, con el objetivo de agilizar y ordenar todo el proceso.

El 'sí' de ERC

El gobierno de Collboni cuenta con la mayoría suficiente con los 11 concejales de Junts para aprobar la norma, pero ha conseguido contar con un apoyo más amplio al haber negociado también con ERC. Según ha explicado el portavoz adjunto de la formación, Jordi Coronas, el PSC ha aceptado sus alegaciones y, por este motivo, votarán a favor. Así pues, si no hay cambios de última hora, la norma podrá salir adelante con el apoyo de 26 concejales de los 41 que tiene el ayuntamiento.

Los republicanos llevan semanas negociando con el gobierno municipal para actualizar una ordenanza que consideran "totalmente desfasada" y por eso han planteado tres exigencias: priorizar la mediación, ampliar el catálogo de medidas alternativas a las sanciones y "que ninguna sanción administrativa perjudique a las personas migradas en sus informes de arraigo", además de la incorporación de 100 agentes más de la Guardia Urbana.

Los informes de arraigo

Una de las principales diferencias entre el posicionamiento de Junts y el ERC ha girado en torno a los informes de arraigo. Junts reclamaba que estos incluyeran información relevante sobre convivencia, una cuestión que finalmente se resolvió en el pleno de noviembre con la aprobación de una proposición para instar a la Generalitat y al Estado a modificar el marco legal.

Martí ha aclarado que esta cuestión no ha formado parte de la negociación de la ordenanza de civismo porque se trata de una normativa estatal y que su apuesta ha sido trasladar la demanda a las administraciones competentes. ERC, por su parte, ha velado para que las sanciones a personas migradas quedaran totalmente desvinculadas de los informes de arraigo y que no constara en el texto de la nueva norma. Finalmente, la cuestión ha quedada excluida.

Quienes ya han anunciado que votarán en contra han sido los Comuns, que han lamentado que el gobierno de Collboni "ha caído en la trampa de la derecha para competir sobre quien pone la multa más alta". También la rechazará el PP, que avisa de que la ordenanza “puede acabar convirtiéndose en una amnistía encubierta al incivismo”. Precisamente critica que “deja en un cajón cuestiones fundamentales como el arraigo”.

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