La Generalitat exige fortalecer el uso del catalán en la polémica escuela de Terrassa denunciada por "ultracatólica"

La Generalitat de Catalunya ha exigido al colegio concertado Mare de Déu del Carme de Terrassa la aplicación de medidas correctoras en varios ámbitos clave, especialmente en el uso del catalán como lengua vehicular. El centro, señalado por un grupo de familias como de orientación “ultracatólica”, ha sido objeto de una revisión exhaustiva por parte de la Comisión de Conciliación constituida el 23 de octubre de 2025 para analizar presuntos incumplimientos del régimen de concierto educativo.

Según ha comunicado por escrito la directora de los Serveis Territorials a los miembros de la comisión —integrada por representantes del Departament d’Educació, del profesorado, de la dirección del centro y del consejo escolar—, el órgano ha acordado por unanimidad “diversos acuerdos para el cumplimiento de la normativa” en diferentes ámbitos. EL PERIÓDICO ha tenido acceso al documento.

La resolución hace referencia a cuestiones como la “competencia lingüística en lengua catalana”, la “capacitación pedagógica o máster” del profesorado, las “aportaciones económicas y garantías de gratuidad”, el “cumplimiento de los principios rectores de la Llei d’Educació de Catalunya”, el “uso del catalán como lengua vehicular”, el “carácter propio” del centro, la “comunicación con la comunidad educativa” y las “quejas de alumnado NEE-B”, referido a estudiantes con necesidades educativas especiales.

La responsable territorial detalla además que “se han establecido las medidas y los plazos para su aplicación”, así como el procedimiento mediante el cual el centro deberá acreditar ante la administración el cumplimiento efectivo de los acuerdos. También señala que los Serveis Territorials ponen a disposición de las familias “la información o aclaraciones que necesiten”, y las invita a canalizar sus consultas a través de la Inspección de Educación.

Por su parte, el colectivo de familias Recuperem el Karmel (REK), impulsor de las denuncias que dieron origen a la investigación, interpreta la resolución como una validación de todas sus reclamaciones. En un comunicado, asegura que “la resolución del Departament confirma íntegramente todas las denuncias presentadas hasta ahora” y que las preocupaciones expresadas durante meses “estaban fundamentadas”, lo que, a su juicio, implicará “cambios importantes en el centro”.

Según REK, la Comisión de Conciliación ha detectado incidencias “en ámbitos esenciales en cualquier escuela concertada”. En materia lingüística, subrayan que se ha constatado que el centro “no cumplía correctamente las obligaciones de uso del catalán como lengua vehicular”, lo que consideran un aspecto clave del modelo educativo catalán. En relación con el profesorado, destacan que se han “identificado docentes sin la formación pedagógica obligatoria”, una situación que califican de especialmente problemática en un centro financiado con fondos públicos.

El comunicado emitido por las familias también menciona “irregularidades” en el principio de gratuidad —recordando que ninguna escuela concertada puede vincular la escolarización a aportaciones económicas—, así como “incumplimientos de principios básicos de la Llei d’Educació de Catalunya” y desajustes entre el proyecto educativo del centro y la normativa vigente. En cuanto a la relación con las familias, REK afirma que la comisión “confirma carencias importantes en la comunicación con la comunidad educativa”.

Nueve meses de conflicto

El conflicto en el Mare de Déu del Carme arranca en marzo de 2025, cuando varias familias presentaron denuncias ante el Departament d’Educació por lo que consideraban un incumplimiento sistemático de la normativa. El colectivo REK sostiene ahora que la resolución “confirma” las principales cuestiones que habían puesto sobre la mesa: desde el uso insuficiente del catalán hasta la titulación del profesorado y la atención al alumnado más vulnerable.

En paralelo al procedimiento administrativo, el centro ha vivido un intenso terremoto interno. En abril, la escuela comunicó el despido de su director, Francesc Rubio, alegando “incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales”. La destitución se hizo efectiva el 16 de abril y abrió una nueva etapa en la dirección del colegio.

La tensión subió otro peldaño en agosto, cuando la titularidad del centro interpuso una demanda civil contra tres madres y padres por una presunta difamación en un grupo de WhatsApp, en la que reclama 37.000 euros por daños morales y por los costes derivados de la contratación de una empresa de comunicación. El movimiento judicial fue interpretado por las familias afectadas como un "intento de disuadir la crítica y agravó todavía más la fractura en la comunidad educativa".

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