ERC condiciona su 'sí' a la nueva ordenanza de civismo de Barcelona a blindar el arraigo de los migrantes frente a sanciones

El plena negociación entre PSC y Junts por la nueva ordenanza de civismo de Barcelona, que el alcalde Collboni pretende aprobar antes de que acabe el año, ERC ha admitido negociaciones con el gobierno municipal socialista pero a su vez ha hecho públicas las condiciones a su necesario 'sí' para que la norme prospere.

Entre ellas, los republicanos subrayan "que ninguna sanción administrativa perjudique a las personas migradas en sus informes de arraigo", con la intención de que "la nueva norma no se convierta en una herramienta únicamente punitiva o alineada de los planteamientos de la derecha".

En un comunicado, el portavoz adjunto de los republicanos, el concejal Jordi Coronas, insta al gobierno Collboni a incorporar al texto final una "mirada social, inclusiva y centrada en la convivencia". Además del blindaje del arraigo de las personas migrantes, los republicanos piden "priorizar la mediación y ampliar los equipos de intervención comunitaria" y "ampliar el catálogo de medidas alternativas en la sanción con una mirada restaurativa".

El PSC hasta ahora ha centralizado sus esfuerzos en la negociación con Junts, el único partido de la oposición con quién suma mayoría, aunque no está cerrada la puerta a ampliarla con otros grupos. El teniente de alcaldía Albert Batlle batalla personalmente, junto con una representación de Alcaldía, para sacar adelante la modificación de una norma que entró en vigor hace 20 años, en 2006. Sería un broche de oro a su trayectoria política.

Por su parte, Coronas afirma que estos avances "demuestran que somos la garantía para que Barcelona no vuelva a caer en recetas antiguas y propias de una ordenanza de derechas". El grupo republicano remarca que su posición ha sido clara desde el primer día: “Debemos garantizar que el civismo impere en nuestra ciudad, sin perder nunca de vista la mirada social e inclusiva”.

En ese sentido, ERC solicita asimismo "establecer criterios de proporcionalidad e intervención social en todos los procedimientos sancionadores" y aplicar efectivamente el acuerdo para incorporar a 100 agentes más a la Guardia Urbana.