La ordenanza de civismo de Barcelona encarrila su aprobación en pleno debate sobre el liderazgo de Junts

Superado el trance de la aprobación de los presupuestos de 2026 mediante una cuestión de confianza, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aún le queda una carpeta clave por cerrar antes de acabar el año: la reforma de la ordenanza de civismo. El gobierno municipal del PSC mantiene el compromiso de dejarla aprobada antes de terminar el año y ya ha activado la cuenta atrás. El nuevo texto se votará de forma inicial esta semana en la comisión de Presidencia. No consta en el orden del día de la sesión ordinaria del miércoles, así que se encamina a una convocatoria extraordinaria y monotemática celebrada poco después. La aprobación definitiva se produciría en el pleno del 19 de diciembre.

El PSC hasta ahora ha centralizado sus esfuerzos en la negociación con Junts, el único partido de la oposición con quién suma mayoría, aunque no está cerrada la puerta a ampliarla con otros grupos que muestren interés a última hora. El teniente de alcaldía Albert Batlle batalla personalmente, junto con una representación de Alcaldía, para sacar adelante la modificación de una norma que entró en vigor hace 20 años, en 2006. Sería un broche de oro a su trayectoria política.

Los socialistas y los posconvergentes han negociado concesiones y retoques durante casi medio año y han acercado notablemente posiciones, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Pero la eclosión justo ahora del debate sobre el liderazgo de Junts en las elecciones de 2027 podría dificultar la aprobación esta Navidad y devolver la ordenanza al cajón.

Josep Rius y Jordi Martí

Precisamente Junts per Catalunya ha activado este fin de semana la maquinaria para elegir alcaldable, tras la aprobación del reglamento con el que se elegirán los candidatos municipales. Eso abre la puerta a que cada población pueda empezar a nombrar sus alcaldables si hay consenso o a convocar primarias, algo que toma especial relevancia en la capital catalana. Dos nombres se han consolidado en las quinielas: el concejal y vicepresidente del partido, Josep Rius, persona de máxima confianza de Carles Puigdemont y con fuerte apoyo dentro de la estructura del partido; y el heredero de Xavier Trias y actual líder del grupo municipal, Jordi Martí, que ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de ser alcaldable.

Tras descartarse fichajes externos, ya solo se barajan dos escenarios, ambos a corto plazo. Por un lado, el dilema podría desempatarse a puerta cerrada con un acuerdo entre los aspirantes y el partido, que permitiera anunciar a la vez una proclamación y una retirada amistosas. Por otro lado, si ningún candidato renuncia, ambos podrían enfrentarse en unas primarias reñidas, que se iniciarían con rapidez mediante el reglamento interno ya aprobado. Ambos escenarios afectan a los tempos de aprobación de la ordenanza en el Ayuntamiento de Barcelona, porque la votación definitiva se hará en menos de dos semanas.

Incentivos y desincentivos

Martí ha encabezado las conversaciones con el gobierno municipal sobre la ordenanza de civismo. Es partidario de una norma más contundente a la hora de sancionar y vería culminado el esfuerzo de meses de trabajo. Rius, en cambio, tiene una posición más reticente a las políticas punitivas y no se ha desgastado en esta negociación. Ambos concejales son miembros de la comisión de Presidencia, donde es habitual que los grupos de la oposición hagan reserva de voto en las aprobaciones iniciales delicadas para ganar tiempo sin revelar su posicionamiento.

A todo ello se suma un factor externo importante: la complicada relación entre PSOE y Junts per Catalunya en el Congreso, que tiende a enturbiar los acuerdos en el ámbito municipal, aunque se trate de cámaras distintas. No es la primera vez que sucede. Aunque la mayoría de acuerdos del alcalde Collboni han sido con ERC y Comuns, el ejecutivo socialista nunca ha cerrado la puerta a pactar con Junts. Ya ocurrió con la reserva del 30% de vivienda protegida o con el reglamento de las pistolas táser, negociaciones que acabaron frustrándose por la coyuntura nacional.

Así, la ordenanza de civismo se presenta como la última gran oportunidad de acuerdo entre el PSC y Junts en lo que queda de mandato. Los postconvergentes pusieron como condición 12 alegaciones, que el gobierno municipal recibió con más predisposición de la prevista. En términos generales, sus condiciones están centradas en reforzar el cumplimiento efectivo de la norma, garantizar el cobro de las sanciones y combatir la multirreincidencia mediante el endurecimiento de plazos y multas. De hecho, uno de esos puntos se resolvió en el pleno de noviembre, cuando ambos grupos aprobaron una proposición para incluir información relevante sobre convivencia en los informes de arraigo.

ERC medita su posicionamiento

Frente al endurecimiento normativo que defiende Junts, ERC y Comuns siempre han mantenido una postura reacia a incrementar castigos. La formación republicana, que admite contactos con el gobierno municipal, observa si se materializa un pacto con Junts mientras estudia a fondo la reforma propuesta.

En cambio, los Comuns aseguran que no ha habido negociación al respecto y desde el principio han votado en contra del texto del PSC. “Nos han rechazado el 80% de las alegaciones, poco margen hay para negociar”, aseguran fuentes municipales de la formación. Del mismo modo, portavoces del PP afirman que tampoco han mantenido ningún contacto con el gobierno de Collboni y que su voto no está decidido.

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