Los ocupantes del gran asentamiento de Badalona piden una moratoria y la implicación del Govern ante el desalojo

Los migrantes afectados por el anuncio del desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona, entidades sociales y los grupos de los Comuns y la CUP en el Parlament han pedido este viernes que el Govern se implique en la búsqueda de una solución residencial ante el inminente desalojo de las aproximadamente 400 personas que malviven en el recinto. Han presentado un escrito en este sentido para que se debata en la cámara. Una jueza autorizó este jueves el desalojo, solicitado por el Ayuntamiento de Badalona, para los próximos 15 días. Pero los contrarios a la medida han pedido al TSJC medidas cautelares como una prórroga invernal y que se busque para los afectados una alternativa donde vivir. Algunos de ellos ya provienen de otras naves desalojadas o que incluso sufrieron un incendio.

En una rueda de prensa en el Parlament, los residentes afectados, su abogada, la plataforma Regularització Ja, Comunes y CUP han criticado la resolución judicial y la actitud del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, a quien han acusado de hacer discursos "racistas" y "amenazadores" y de desentenderse de la búsqueda de una alternativa habitacional. Así, consideran que la situación actual es fruto de las políticas de Albiol contra los migrantes, promoviendo el desalojo de diversas naves y otros puntos sin buscar una solución para los afectados, que se han ido trasladando.

La portavoz de la plataforma ha criticado que mientras en Madrid formaciones como ERC o JxCat apoyan un proceso de regularización masiva, no hacen lo mismo en el caso de Badalona, algo que ha calificado de "hipocresía y falta de valentía". CUP y Comuns han pedido al Govern que se implique en la búsqueda de la solución definitiva, y que no permita al consistorio badalonés dejar a la intemperie a los afectados.

Mireia Salazar, abogada de algunos de los afectados, ha criticado que el consistorio haya licitado por 400.000 euros las obras de demolición del edificio, el mismo presupuesto, asegura, que Badalona ha dedicado a vivienda pública. Andrés García Berrio también ha advertido que los diputados de ambos grupos estarán muy atentos si se produce el desalojo, y ha pedido a la Policía Nacional que no haga controles de extranjería ese día.

En su resolución, la jueza no ha atendido los argumentos presentados por algunos de los ocupantes y ha optado por dar la razón al equipo de gobierno municipal ante una situación de "riesgo efectivo para la seguridad colectiva y la salud pública" de las personas que viven allí. La jueza se hace eco de los informes de la Guardia Urbana y del Departament de Patrimoni del Ayuntamiento que alertan del peligro de incendio por las conexiones no autorizadas a las redes eléctricas o de insalubridad. Asimismo, la jueza señala que el consistorio deberá seguir "el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales".