Generalitat, AMB y Barcelona decidirán las tarifas 2026 del transporte público una semana antes de Navidad

Acaba el año y es el momento de establecer las tarifas del transporte público para 2026. Los precios se decidirán oficialmente en un Consejo de Admnistración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), poco antes de Navidad. Según ha sabido EL PERIÓDICO, el consejo tiene previsto reunirse entre el 18 y el 22 de diciembre.

Quienes lo tienen que acordar son la Generalitat de Catalunya, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, así como la Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), los cuatro integrantes de la ATM. Existe consenso entre las distintas partes respecto a una actualización de las tarifas según el IPC y un mantenimiento de las bonificaciones a la espera de señalar en qué porcentajes. Para ello resulta esencial conocer cuál será la aportación del Ministerio de Transportes.

Otras negociaciones políticas fuera de la ATM también pueden condicionar la reunión. Los Comuns ya alertaron este martes al Govern de Salvador Illa de que no negociarán los presupuestos catalanes para 2026 si suben las tarifas del transporte público. Ambos partidos tienen previsto reunirse este viernes.

Por otro lado, la plataforma PTP ha considerado “razonable” un incremento equivalente al IPC para garantizar el buen funcionamiento y mejora urgente de la oferta de transporte público”. Sobre la reducción de las bonificaciones, considera oportuno que se aplique en los títulos de una o dos zonas, mientras que rechaza que los precios aumenten de la zona 3 a la 7, donde son “actualmente mucho más caros". En este sentido, recuerda que una T-Usual de 6 zonas ya cuesta 66,45 euros.

La T-Jove, la única tarifa confirmada

Por ahora, la única certeza es que se mantendrá el 50% de bonificación en la tarifa de la T-Jove, el título de transporte para menores de 30 años. El Govern lo ha confirmado después de que el ministerio haya anunciado que el Gobierno la asumirá en 2026 íntegramente. El resto de bonificaciones están pendientes de establecer, según lo que acuerde el Ministerio de Transportes.

Además de la T-Jove, en Barcelona la T-Usual cuenta a día de hoy con un 50% de bonificación: un 20% la aporta el Estado y un 30% sale las administraciones consorciadas en la ATM. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha previsto en sus presupuestos de 2026 la partida que exigiría el mantenimiento de las bonificaciones íntegras, por si finalmente se impone este escenario.

220 millones por un 1% más de usuarios

Establecidas desde la pandemia, las bonificaciones han comportado un aumento en el uso de transporte público, pero distinto dependiendo del tipo de movimiento. En Barcelona se observa una mayor recurrencia y no tanto un incremento en el número de usuarios. Se ha detectado como en muchas ocasiones los ciudadanos, en vez de ir a pie en trayectos cortos, optan por subirse al bus porque no supone un mayor dispendio. La ATM ya cuestionó en julio si ganar un 1% de viajeros en el último año merecía gastar los 220 millones que los incentivos cuestan a las arcas públicas, un dinero que podría destinarse a las grandes inversiones necesarias para poder ofrecer más transporte ante el crecimiento de la población metropolitana.

En el resto del territorio la situación es muy distinta. La demanda de transporte ha crecido en los últimos cinco años coincidiendo con una diáspora de vecinos de las grandes ciudades hacia municipios de las siguientes coronas. La necesidad de transporte se ha agudizado por los problemas continuos en la red de Rodalies, lo que ha motivado una respuesta urgente de la Generalitat, con el impulso de planes de choque para reforzar las líneas de autobuses rápidos e interurbanos.

En definitiva, las administraciones ven como la factura del transporte público se engrosa y el sistema requiere de grandes inversiones para asegurar un mejor servicio.

Año de transición

El año 2025 debía ser de transición, para ir recortando las bonificaciones de forma progresiva. En julio desapareció el abono gratuito de Rodalies, financiado por el Estado. Se estableció entonces la tarifa plana de 20 euros al mes, en un momento en el que el Govern ya indicó que los recursos son limitados y defendió la necesidad de ir rebajando progresivamente las bonificaciones para poder aumentar el servicio y evitar un colapso.

“Tenemos un problema de dinero, con más de 2.000 millones de euros cada año destinados al transporte público", manifestó recientemente el secretario de Movilidad, Manel Nadal. La aportación de los usuarios a través del pago de los billetes y abonos alcanza a un tercio de la factura, mientras que la administración pública financia las otras dos terceras partes. De aquí que, paralelamente a las tarifas del transporte, el Govern plantea encontrar en el futuro nuevas fuentes de recursos o vías para financiar el transporte público, con posibles gravámenes sobre la gasolina o los vehículos que circulan en las autopistas.

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