Unas 52.000 viviendas de L'Hospitalet necesitan algún tipo de rehabilitación

La rehabilitación de viviendas es, sin duda, uno de los grandes retos metropolitanos. Buena parte del parque de Barcelona y su conurbación es anterior a los años 70 y eso, por si solo, ya lo convierte en susceptible de necesitar algún tipo de reforma. En L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el Ayuntamiento estima que 52.269 pisos requieren de algún tipo de rehabilitación, ya sea en términos de eficiencia energética, de accesibilidad o estructurales.

Así lo cifra primer Plan Local de Vivienda de la segunda ciudad de Catalunya, que el Pleno municipal aprobó este lunes 24 de noviembre. El diagnóstico cruza datos del catastro y de la antigüedad de los edificios y concluye que alrededor del 46% del parque residencial presenta déficits de conservación o accesibilidad, en una ciudad donde el 78% de los bloques tiene más de 45 años y, por lo tanto, se construyeron antes de las primeras normativas de aislamiento térmico y ascensores.

Las necesidades se concentran especialmente en los barrios del norte –que incluye Collblanc, la Torrassa, la Florida, Pubilla Cases y Les Planes–, un territorio que sólo ocupa un 16% del municipio, pero que reúne a casi la mitad de la población y del parque de viviendas, además, es la zona que cuenta con más edificios envejecidos y rentas más bajas. De hecho, en esta área también conocida como Samontà, el 93% de las viviendas tienen más de 45 años —13.600 superan los 65 años de antigüedad— y, además, integra los polígonos de vivienda de los Bloques de la plaza Guernica, los Bloques Florida y los Bloques de Luz, algunos de los cuales "presentan importantes deficiencias edificatorias".

Es en este mismo ámbito donde el gobierno local ya identificó hace un año que unas 4.000 viviendas requieren de una intervención integral. En esta línea, el ejecutivo inició también hace meses las inspecciones para determinar qué edificios de su zona norte deben rehabilitarse o derruirse. “La prioridad es siempre rehabilitar”, confirmaban en marzo fuentes municipales a EL PERIÓDICO, que insistían en que este proceso será lento y que consistorio y Generalitat, en el marco del Consorci para la reforma del Samontà, trabajarán con la idea de, en caso de tener que desalojar vecinos para tirar abajo un edificio, garantizar que los ciudadanos sean reubicados.

Así, ya en el conjunto del parque hospitalense, el catálogo de patologías va desde estructuras degradadas hasta fachadas y cubiertas en mal estado, pasando por instalaciones obsoletas y barreras físicas muy extendidas. Los problemas de accesibilidad son uno de los principales retos del conjunto habitacional, dado que el consistorio calcula que hay unos 24.000 pisos en bloques de más de cuatro plantas sin ascensor y otros 33.300 en los que, aunque sí tienen, éste no llega al rellano o hay escaleras previas en la entrada, por lo que tampoco son accesibles para una persona con problemas de movilidad, dado que hay obstáculos insalvables. Todo ello en un municipio cada vez más envejecido, hecho que supone que, si no se interviene, haya cada vez más personas mayores con dificultades para salir a la calle.

Actuaciones de oficio

Para afrontar las actuaciones necesarias, el plan prevé líneas de ayuda a la rehabilitación estructural, a la instalación de ascensores y a la mejora energética, bonificaciones fiscales y una Oficina de Vivienda y Rehabilitación que actúe como “ventanilla única” y acompañe a las comunidades vecinales en todo el proceso, con especial intensidad en las zonas más vulnerables. El primer paso es tener la diagnosis más definida posible sobre el estado de conservación de cada bloque, dado que las rehabilitaciones estimadas tendrán un mayor o menor alcance en función del mantenimiento que haya acompañado a cada bloque a lo largo de los años.

Con todo, L'Hospitalet de Llobregat impulsará un Área de Conservación y Rehabilitación (ACR) en el Samontà para poder intervenir de oficio en la rehabilitación de las fincas más necesitadas. Es decir, las fincas más maltrechas pasan, de algún modo, a considerarse parte del urbanismo de la ciudad, de modo que el consistorio puede planificar y operar en las mismas. Se trata de una herramienta que permite actuar a la administración actuar sobre fincas privadas como agente urbanístico "facilitando a los propietarios de los pisos la conservación de los mismos" mediante fórmulas como pagos fraccionados, subvenciones o convenios. También permite que el ayuntamiento licite y encargue unas obras de rehabilitación por su cuenta y que luego se pase la factura a la comunidad, con el objetivo de evitar que las reformas se dilaten demasiado en el tiempo ante las dificultades que pude suponer poner a algunas comunidades de acuerdo para encargar y pagar los trabajos.

Las zonas más envejecidas y donde más se requiere de reformas suele ser donde menos se rehabilita. Son muchas veces comunidades con pisos vacíos, ocupados o propiedad de grandes tenedores que no se implican en la conservación de la finca. Además, buena parte de las viviendas se ubican también en zonas vulnerables y con rentas bajas, lo que dificulta que, aunque los residentes sean los propietarios de los pisos, la rehabilitación del bloque sea una prioridad del día a día.

Así, cuando la rehabilitación se estime que "inviable técnica o económicamente", el Plan Local de Vivienda señala que se promoverá nueva vivienda "para garantizar alternativas habitacionales a los afectados". "Cada caso se analizará individualmente y la ejecución podrá recaer en el Consorcio o en otras entidades públicas o privadas", asevera el texto. En esta misma línea, el consistorio contempla también localizar y adquirir solares o edificios no residenciales para destinarlos a equipamientos, zonas verdes o "vivienda asociada al realojo temporal en procesos urbanísticos o de rehabilitación integral, así como necesidades sociales de alojamiento".

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