La FAVB estima que al menos un 17% de las viviendas de Barcelona están "secuestradas" para usos especulativos

La crisis habitacional de Barcelona suma un nuevo diagnóstico, esta vez por parte de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que ha radiografiado con detalle e interpretado la evolución del ámbito de la vivienda en la ciudad entre 2016 y 2024, apuntando a la "mercantilización de la vivienda" y no al crecimiento de la población como responsable. Su informe 'SOS Vivienda' arroja datos relevantes, como que al menos el 17% del parque residencial (114.579) ya no se destina a ese fin sino a actividades económicas, pisos turísticos o de temporada y segundas residencias, lo que consideran un "secuestro" con fines "especulativos". Y que en dicho periodo la capital catalana ha sumado 619 promociones inmobiliarias con la misma intención que habrían expulsado o desplazado a 19.712 vecinos. Ponen también el foco en la vivienda de protección oficial (VPO), que en 2038 seguirá sin pasar del 3% del total, por lo que la entidad reivindica una "intervención del mercado más allá de la regulación de los precios".

El estudio (subtitulado 'Análisis de la situación de la vivienda en Barcelona desde el movimiento vecinal') ha sido elaborado por su Comisión de Urbanismo y de Vivienda, y por Voltes Cooperativa-Arquitectura i urbanisme social, con la colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Ocupa un denso volumen de 200 páginas, de las que este jueves han destacado algunas conclusiones, empezando por alertar "agravante segregación" entre la 'Barcelona rica' y la 'pobre'. Ana Menéndez, presidenta de la federación, ha destacado la labor de las asociaciones de vecinos en el trabajo de campo para recopilar información a pie de territorio.

Entre las muchas fuentes de datos (oficiales y de portales inmobiliarios), han diseccionado la situación en los distintos barrios, con comparaciones según la media de precios de la vivienda, las rentas y el suelo disponible. Partiendo de que en 2021 (última cifra disponible del catastro municipal) la capital catalana contaba con 785.757 viviendas, de las que un 17% ya entonces no eran domicilios de uso habitual, la FAVB mantiene que el actual déficit parte de ese contexto.

Desde su Comisión de Vivienda, Jaume Artigues ha subrayado que estos usos "especulativos y turísticos" (en el documento se concreta que ese porcentaje abarca desde pisos de alquiler por días a los de temporada, o los negocios que se lleven a cabo fuera de locales en planta baja, entre otros) habrían "secuestrado 114.000 viviendas". Sobre este punto no hay datos más recientes.

En cambio, descartan que la crisis se deba al aumento de la población, ya que según el padrón de 2025, la ciudad suma 1,73 milliones de habitantes, que crecen respecto al año anterior, pero aún quedan por muy debajo de los 1,9 millones de 1979.

Operaciones que "distorsionan" el mercado

Lo que sí han registrado hasta el cierre de su edición son las 619 operaciones especulativas que habrían afectado a 11.890 viviendas de 2016 a 2024. El criterio para distinguir estos casos concretos es que incluyen la compra de fincas enteras, grandes rehabilitaciones y ventas como 'lujo' con una desviación de precios respecto a la media de la zona. De ese modo, "distorsionan" el mercado y propulsan la subida de precios, ha criticado Artigues, muchas veces destinados a compradores internacionales. De estas, un 70% (433) fueron rehabilitaciones que implicaron con frecuencia 'mobbing' inmobiliario, desahucios invisibles y en resumen el desplazamiento "forzoso" de 19.712 personas correspondientes a 8.317 hogares, sostienen. El resto fue obra nueva.

La concentración de operaciones especulativas se da en zonas céntricas como el Eixample (casi 39%), Ciutat Vella o Gràcia. No obstante, en los distritos periféricos es donde estas operaciones resultan más lucrativas, ya que la desviación sobre el precio medio supera el 64% en casos en Sant Andreu y Nou Barris. La tendencia sigue al alza, alertan: en lo que va de año han detectado más de medio centenar de fincas en esa situación en el Eixample.

Consideran que este fenómeno, que puede generar a los operadores rentabilidades superiores al 20%, también calienta el mercado de alquiler, que sigue escalando. Aunque la rotación de inquilinos se ha reducido en los últimos dos años, aluden a los 75.000 contratos extinguidos desde 2016 --atribuyendo la decisión a los propietarios--, que habrían afectado a 180.000 personas.

Desde la Comisión de Urbanismo, Lisa Marrani, ha advertido de que el parque de vivienda con calificación definitiva de protección oficial es de solo 15.956 unidades en 2024, lo que supone apenas el 2% del total de viviendas registradas, frente a la media europea, que "oscila entre el 15% y el 20%". Pero preocupa sobre todo la futura pérdida de esta calificación, que afectará a casi la mitad del parque antes de 2068. Con la previsión de nuevas construcciones y bajas, calculan que en 2038 el porcentaje solo habrá subido hasta el 3% en el año 2038.

Mientras los avances son mínimos en la oferta, la demanda sigue creciendo hasta más de 41.000 personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas con protección oficial, ha añadido.

Para el colectivo, igual de grave es la "segregación territorial" que concentra la VPO en distritos periféricos y la falta de eficacia de herramientas como la norma que obliga a reservar el 30% en nuevas promociones en suelo consolidado, que solo ha generado 115 viviendas protegidas en cinco años, a las que hay que agregar 339 viviendas adquiridas por el consistorio por derecho de tanteo y retracto.

Soluciones propuestas

Artigues ha defendido "intervenir el mercado" más allá de la regulación de precios, y ha criticado el "gran fraude del alquiler de temporada" que alcanza el 80% de los anuncios en los portales inmobiliarios.

Entre las soluciones que proponen en el análisis figuran incrementar el gasto público en vivienda hasta el 2% del PIB conjunto de las administraciones (central, autonómica y municipal); frenar la especulación con nueva regulación (eliminando privilegios fiscales para los operadores); prohibir la compraventa inmobiliaria a quienes no destinen las viviendas a residencia habitual; eliminar el alquiler turístico y de temporada; aumentar al 50% la reserva de VPO tanto en nuevos desarrollos urbanísticos como en obra nueva y grandes rehabilitaciones; crear un Sistema Nacional de Vivienda (SNH) con capital mayoritariamente público y que priorice el alquiler; y garantizar la ·distribución equitativa de pisos protegidos en todos los distritos.

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