La Diputación de Barcelona aprueba un presupuesto para 2026 de 1.410 millones de euros con las políticas sociales como eje central

La Diputación de Barcelona (DIBA) ha dado luz verde a su presupuesto para el año 2026 en un Pleno celebrado este jueves 27 de noviembre en el paraninfo de la Escola Industrial. Como es habitual, las políticas sociales de la provincia de Barcelona y las infraestructuras son los ámbitos de actuación que mayor dinero gestionarán. "Creemos que es un presupuesto eminentemente municipalista, que viene a dar respuesta a las demandas de los alcaldes y alcaldesas del grueso de los 311 municipios de la demarcación de Barcelona", ha dicho la presidenta de la entidad, Lluïsa Moret.

Además, para adaptarse a algunas de las principales crisis que cada vez son más palpables en el área de Barcelona, la Diputación de Barcelona también ha aumentado los recursos destinados a combatir y reaccionar ante los efectos del cambio climático y a políticas de vivienda, aunque en una dimensión mucho menor. Así, un año más, el presupuesto de la DIBA vuelve a estar marcado por la incertidumbre de los Presupuestos Generales del Estado. Un hecho destacable debido a que tres de cada cuatro euros (75%) de ingresos de la DIBA provienen de su participación en los tributos del Estado, fundamentalmente del IRPF, el IVA y los impuestos especiales.

En total, las cuentas de la administración supramunicipal para el próximo año ascienden hasta los 1.410,97 millones de euros, un 7,82% más que el de este 2025 —es decir, que sufren un aumento de 102,39 millones—. Se trata del cuarto mayor presupuesto del sector público catalán, por detrás de los de Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En este marco, la Diputación destinará el 82,45% de su presupuesto a la asistencia directa a los gobiernos locales.

Por su parte, la diputada de Servicios Generales y Transición Digital, Filo Cañete, ha explicado en una atención a los medios que el presupuesto de la DIBA se ha llevado a cavo “con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad” y en el marco de un Plan económico y financiero aprobado para garantizar la estabilidad presupuestaria y la solvencia de la administración. Una parte destacada del presupuesto corresponde a los gastos de personal, que para el 2026 se cifran en 315,19 millones de euros, lo que equivale a un 22,3% de las cuentas. "Para el 2026 hay un incremento de plazas y la previsión de un aumento retributivo que es estimado, a la espera de la aprobación efectiva de un acuerdo estatal", recoge la Diputación.

En este sentido, Cañete ha reivindicado que la Diputación ha aumentado el presupuesto manteniendo la deuda de la mínima a cero. Con todo, pese a esa “prudencia” respecto a los ingresos, Cañete ha aseverado también que el gobierno de la DIBA ha elaborado unas cuentas “con ambición respecto a los gastos”. En esta línea ha remarcado la apuesta por las políticas sociales, el ámbito que más crece entre 2025 y 2026 —alrededor del 9%— tras pasar de 129 a 141 millones de euros. Todo ello con el objetivo de “blindar el estado de bienestar social”.

Partidas

Más en detalle, la partida social destinará: 25 millones de euros para el servicio local de teleasistencia; 26,5 millones para reforzar el apoyo a los servicios sociales de los distintos consistorios; 24,66 a programas para la mejora educativa; y 13,14 millones a políticas feministas, entre otras actuaciones.

Además, la Diputación también doblará la aportación que hacía hasta ahora al Consorcio de la Mina para acelerar el proceso de realojo de los vecinos y llegará hasta los 2,72 millones, lo que equivale a alrededor del 20% de las aportaciones del consorcio. Otra de las grandes partidas es la destinada a infraestructuras y equipamientos públicos, con la inversión en la red local de carreteras y caminos —con un montante de 44 millones— como principal eje. Destacan también los 22 millones destinados a la rehabilitación de edificios de la propia Diputación —trabajos que se alargarán hasta 2030, según la previsión actual—, o los 28 millones destinados a planes locales de ocupación y la mejora de los polígonos industriales —15 y 13 millones respectivamente—.

En términos de crisis ambiental, se han reservado 18,36 millones de euros a la gestión y prevención de incendios —lo que supone un aumento de dos millones respecto al 2025— y otros 6,5 millones de euros a partidas de urgencia para responder ante fenómenos extremos y apoyar las partidas extraordinarias que los ayuntamientos deban afrontar por los mismos. Filo Cañete ha destacado que, de este modo, se guarda "una parte más proactiva y también una parte reactiva por si existen nuevas necesidades en vistas del contexto [de emergencia climática] que debemos ir abordando". También, por primera vez, se prevé un millón de euros para la rehabilitación y mejora de instalaciones culturales municipales.

En consonancia con su consenso habitual, el presupuesto ha contado con un apoyo casi unánime de los grupos que configuran el hemiciclo —50 votos a favor y uno en contra—; los del gobierno multicolor —PSC, ERC, Comuns y díscolos de Junts— y los de la oposición —PP, Tot per Terrassa y el resto de grupo de Junts—, excepto Vox, que ha votado en contra.

La vivienda

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la partida dedicada a la vivienda, la principal preocupación para cada vez más vecinos de las grandes ciudades. En este apartado, el presupuesto de 2026 destinará dos millones —medio millón más que en 2025— a la compra de pisos por tanteo y retracto, así como 2,04 millones al programa de adecuación de viviendas y 2,23 millones a la ayuda a los consistorios para la redacción del nuevo Plan de Barrios.

Una suma de dinero que queda muy lejos de la mayoría de partidas principales de las cuentas de la DIBA. Así, Filo Cañete, ha remarcado la diputación "no tiene competencia en materia de vivienda" y que se limitan a acompañar las necesidades de los municipios. Pese a ello, la diputada ha señalado también estudian cómo pueden contribuir y ampliar su de apoyo a las localidades en esta materia.

En la misma línea, la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ha reivindicado que el ejecutivo que ella dirige fue el primero en crear un área específica de vivienda y urbanismo para explorar "qué podemos hacer de la Diputación". Así, ha afirmado que están decididos a que esta institución tenga "un papel clave en garantizar un derecho básico como el acceso a la vivienda". Y que ya trabajan en movilizar y adecuar su patrimonio inmobiliario para que se pueda poner a disposición de los ayuntamientos de forma progresiva. Como Cañete, Moret ha aseverado que, de cara a futuros presupuestos y tras marcar las líneas con los consistorios, buscarán cómo ampliar las partidas en esta materia.

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