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Acuerdo con InmoCaixa

La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes

Se articulará a través del Incasòl y supondrá una inversión de 87,2 millones de euros, con un coste medio de 82.000 euros por vivienda

Las claves del anuncio de Illa en vivienda: 50.000 pisos, rapidez en la entrega y ayudas directas

La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de alquiler en 15 municipios catalanes

La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de alquiler en 15 municipios catalanes. En la foto, el presidente Salvador Illa con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés. / AYUNTAMIENTO DE SABADELL / VÍDEO: ÀLEX RECOLONS / ACN

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sabadell
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La Generalitat ha cerrado un acuerdo con InmoCaixa para la compra de 1.064 viviendas de alquiler, que pasarán a formar parte del parque público de manera estable. La operación, anunciada este miércoles 26 de noviembre por el presidente Salvador Illa en la Fira de Sabadell (Vallès Occidental), se articulará a través del Incasòl y supondrá una inversión de 87,2 millones de euros, con un coste medio de 82.000 euros por vivienda.

“El Govern hace una inversión decisiva para ampliar de forma inmediata el parque público de Catalunya”, ha señalado Illa, quien ha subrayado que muchas de estas viviendas “estaban a punto de perder la condición de alquiler social y, gracias a esta compra, pasan a ser vivienda protegida de forma permanente, con rentas acordes a esa condición”.

14 municipios implicados

Los pisos están situados en 14 municipios: Barcelona (182), Cornellà de Llobregat (81), L’Hospitalet (112), Mataró (61), Montornès del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Sentmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Tordera (41), Olot (16), Lleida (49), Tarragona (6) y Sabadell (9). En la mayoría de los casos se trata de viviendas ya ocupadas, que cambiarán de propietario pero mantendrán el régimen de alquiler.

Según Illa, el valor social de la operación es tan significativo como su dimensión cuantitativa: “Garantizamos la estabilidad residencial. Las familias podrán continuar viviendo donde viven, pagando la misma renta, sin sobresaltos”. Para el president, el movimiento permite “rescatar viviendas del mercado” y proteger a hogares que, sin esta intervención, “estaban en riesgo de perder su alquiler social”. Lo ha secundado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, quien ha manifestado que se trata de "una política ágil y eficaz: evitamos que estas viviendas salgan del circuito social, las rescatamos a un precio inferior al de construir obra nueva y ampliamos de forma inmediata el parque público.”

El presidente Salvador Illa en la conferencia de Sabadell

El presidente Salvador Illa en la conferencia de Sabadell / Cedida

El Govern destaca que el precio medio por vivienda —82.000 euros— representa un “uso eficiente de recursos públicos”, al permitir ampliar el parque de alquiler asequible sin esperar a nuevas promociones. El Incasòl asumirá la titularidad de los inmuebles y coordinará la gestión con el Departament de Territori y los ayuntamientos, especialmente en zonas con mercados inmobiliarios tensionados.

Con esta compra, las operaciones entre Territori e InmoCaixa ya suman más de 1.900 viviendas incorporadas al parque público en el último año. Illa ha reivindicado esta línea de actuación recordando que “seguiremos adquiriendo viviendas que, de no intervenir, se perderían para el alquiler asequible”, y defendió que disponer de un parque público amplio permite “tener influencia real en el mercado del alquiler”.

Proceso de desinversión de InmoCaxixa

La adquisición forma parte del Plan 50.000, que fija como meta que el 15% del parque residencial catalán sea público. Una de las vías centrales del plan es justamente la compra de lotes de viviendas ya construidas a grandes tenedores para incrementar el parque público en plazos rápidos.

Por su parte, InmoCaixa integra esta operación en su proceso de desinversión responsable iniciado en 2021, priorizando primero a inquilinos interesados en comprar y, en segundo lugar, a administraciones públicas que destinen los activos a alquiler asequible. Illa ha enmarcado la operación en una estrategia más amplia de intervención pública en vivienda: “Sumamos estos esfuerzos a los que ya hemos hecho y a los que haremos. Y lo digo claramente: si es necesario, regularemos el mercado", ha concluido.

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