Mollet redefine su modelo de gestión del agua mientras estudia una futura municipalización

Mollet del Vallès abre una nueva etapa en la gestión del agua. El Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa Mireia Dionisio (PSC), ha decidido sustituir la prórroga forzosa del contrato con Agbar por un nuevo modelo: un contrato mixto de servicios, obras y suministros, previsto para cuatro años más uno adicional. Dotado con cerca de 20 millones de euros, el acuerdo marca el fin de dos décadas de gestión continuada por parte de la compañía y abre la puerta a un replanteamiento del servicio.

Mientras se pone en marcha la licitación, el consistorio ha encargado un estudio para analizar la viabilidad de una futura municipalización del servicio. Este informe, que evaluará aspectos jurídicos, económicos y operativos, contará con el apoyo de especialistas del sector y del asesoramiento de entidades como la AMAP y el Consorci Besòs Tordera.

El nuevo esquema contractual sustituye a la antigua concesión administrativa, si no que introduce modificaciones sustanciales en la gobernanza del ciclo del agua. El Ayuntamiento, por primera vez, asumirá la gestión directa de los ingresos derivados del servicio, un cambio que altera la relación entre administración y operadora y que busca reforzar el control público sobre un recurso que la ciudad considera estratégico; según acordó el bipartito formado por Mollet en Comú y el PSC.

Una de las novedades de mayor calado es la creación de una figura de control externo que auditará y verificará el cumplimiento de las obligaciones de la empresa adjudicataria. Esta supervisión busca aportar transparencia y rigor en un ámbito tradicionalmente opaco para el ciudadano medio. La gestión integral del suministro, desde la captación hasta la atención al usuario, seguirá en manos de la empresa que resulte ganadora del concurso, pero bajo un marco más estrecho de obligaciones y con una fiscalización periódica que el gobierno local considera imprescindible.

La licitación obliga a la empresa adjudicataria a acometer una inversión inicial de un millón de euros destinada exclusivamente a la renovación de las tuberías de fibrocemento que aún persisten en varios puntos de la red. A esta actuación se suma la inversión para la renovación de infraestructuras, la mejora de la red potable y no potable, el mantenimiento preventivo, la implementación de un plan específico de control de fugas y el cumplimiento integral del Plan Sanitario del Agua.

La licitación actual funciona así como un modelo de transición: un sistema más controlado, con obligaciones claras y con inversiones garantizadas, mientras se explora si el siguiente paso debe ser un operador municipal.

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