Martorell multará con hasta 750 euros el llenado de garrafas con agua de fuentes públicas

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Martorell aprobó este lunes por la noche una modificación de la normativa municipal para prohibir el hecho de llenar con agua de fuentes públicas garrafas, botellas o cualquier utensilio que permita el almacenamiento. La norma contempla multas de hasta 750 euros. Aparte, el gobierno de coalición de Junts y PSC, con mayoría absoluta en el Pleno, ha aprobado otra modificación según la cual colgar un cartel o una pancarta en "zonas no habilitadas", como una pared, una farola o una parada de bus pasa a ser una infracción castigada con penas de 751 a 1.500 euros. Una plataforma vecinal bautizada como Aliança per l'accés a l'aigua recoge firmas contra una medida que quiere "castigar a las personas más humildes".

La plataforma denuncia que "hace semanas" que el gobierno municipal "mantiene cerradas" las fuentes de agua públicas de la ciudad y lamentan el "paso más allá" que Junts y PSC hacen ahora con la prohibición. "El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental", recuerda la entidad vecinal, quien opina que la prohibición es "profundamente injusta" y desde su punto de vista injustificada. El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts), ya ha estado implicado en polémicas en torno a negativas a empadronar en el municipio.

La entidad asegura en un manifiesto que la prohibición de llenar garrafas en las fuentes carece de justificación económica —el coste lo asume la empresa privada que gestiona el servicio del agua- ni de orden público— y afirma que no ha habido "nunca" ningún incidente ni denuncia por esta circunstancia. Por tanto, considera que no hay "un problema real" que "explique" el cierre del acceso al agua para toda la población.

"Captar el voto del odio"

"La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa por su uso es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha les gane terreno a las próximas elecciones municipales", afirma la plataforma, haciendo alusión implícita a la polémica creciente por las ocupaciones de vivienda.

Por todo ello, la plataforma exige al gobierno municipal de Junts y el PSC la "reapertura inmediata" de las fuentes públicas, la retirada de la propuesta de modificación de la ordenanza de convivencia y el inicio de un proceso "abierto" que incluya "las comunidades afectadas y el tejido asociativo".

"No aceptamos que se señale, sancione o estigmatice a familias que ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Corresponde al Ayuntamiento garantizar soluciones reales que aseguren que ninguna familia queda desprotegida ante una necesidad tan básica y elemental", remacha el comunicado.