Barcelona dará ayudas de 600 euros para comprar ciclomotores eléctricos si se desguazan los de combustión

Barcelona ha puesto el acelerador para encarar la descarbonización del vehículo privado en la ciudad. El Ayuntamiento de la capital catalana destinará 15 millones de euros en los próximos cuatro años para fomentar que los vecinos de la ciudad adquieran un ciclomotor eléctrico a cambio de desguazar el suyo de combustión. Lo hará a través de un programa de ayudas que arrancará en marzo de 2026 y que dará 600 euros a aquellas personas que se deshagan de su moto (de hasta 50 cc) y adquieran una nueva eléctrica. En una rueda de prensa en la antigua fábrica Ca l’Alier, reconvertida en centro de innovación, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha señalado que Barcelona es "una ciudad motera" y referente en la electrificación urbana, tanto en España, como en Europa. En este sentido, el edil ha señalado que esta medida permite conjuntar y potenciar estas dos ideas que ya forman parte del ADN barcelonés.

Hace unas semanas, en la presentación del Observatorio de la Motocicleta, el gobierno local ya señaló que su objetivo es que el 20% de las motos y el 50% de los ciclomotores sean a corto plazo eléctricas, y se alcance hasta el 60% y 100%, respectivamente, en 2030. Explicaba entonces que la infraestructura de carga en la ciudad no es un problema porque "ha crecido por encima de la demanda". Así, la moto es un actor clave en los desplazamientos cotidianos por Barcelona, dado que representa casi cuatro de cada diez vehículos motorizados privados. Con más de 270.000, es una de las ciudades europeas con un mayor parque por habitante.

En el caso de los ciclomotores de baja cilindrada, Barcelona tiene censados un total de 32.000 ciclomotores, de los cuales se estima que 18.000 están en circulación. Así, del total de motos de este tipo registradas, unas 8.000 ya son eléctricas, mientras que las otras 24.000 son de combustión. Según los datos del consistorio, estas últimas son responsables de la emisión de unas 3.000 toneladas de CO2 anuales. En este sentido, Collboni ha remarcado que el objetivo principal de la ayuda son los jóvenes que viven en la ciudad, dado que son los usuarios que más uso hacen de los vehículos de menor cilindrada y que, a su vez, tienen sueldos más bajos, por lo que se enfrentan con más problemas a la hora de cambiar de moto y dar el salto al vehículo eléctrico. Además de particulares residentes en Barcelona, las empresas con sede en la ciudad también podrán optar a la ayuda para renovar su parque de motocicletas.

Para optar a la ayuda, se necesitará cumplir con tres requisitos: estar empadronado en Barcelona, tener un justificante conforme se ha llevado un ciclomotor a desguazar y la factura del nuevo vehículo adquirido. Según los datos del ayuntamiento, los 600 euros suponen entre el 16 y el 40% de importe de un nuevo ciclomotor. El gobierno define así la ayuda como "una medida ambiciosa" que, en el caso de cumplir con las previsiones más optimistas, abastará un total de 20.000 motocicletas. Se trata de la primera vez que el consistorio barcelonés saca un plan de ayudas de estas características y, con 2030 en el horizonte, el ayuntamiento aspira a lograr "un parque de ciclomotores 100% eléctrico y cero emisiones".

Ampliación de la red de intercambio de baterías

El programa anunciado este lunes 17 de noviembre por el alcalde de Barcelona también prevé el impulso de una red de infraestructura de recarga para el intercambio de baterías de ciclomotores, dado que estos, a diferencia de las motos eléctricas de mayor cilindrada, funcionan con baterías "más ligeras" que se pueden extraer del vehículo y recargar o intercambiar por otras ya preparadas para ser usadas. Para esto, el ayuntamiento destinará tres millones de euros en cuatro años para subvencionar la instalación de estos puntos de intercambio con el objetivo de sumar 64 nuevos espacios de esta índole a lo largo del municipio.

En este caso, las ayudas serán de hasta 45.000 euros que permitirán costear hasta el 60% del presupuesto de las mismas y podrán optar a ellas empresas (los nuevos centros deberán ubicarse en párkings cubiertos o gasolineras). "Podrá ser beneficiario de esta ayuda cualquier operador que quiera incluir este servicio al público y deberá mantenerlo abierto durante, al menos, cuatro años", explica el consistorio.

Estas acciones se enmarcan a su vez en el llamado Plan Clima que promueve el ejecutivo local para "adaptarse a los retos del cambio climático". Se trata de una herramienta de trabajo municipal que contempla una inversión de más de 1.800 millones de euros para implementar distintas propuestas hasta 2030. Un conjunto de medidas que aspiran a lograr un ahorro de más de un millón de toneladas de CO2 en los próximos cinco años.

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