Junts lleva al Congreso el Tributo Metropolitano del AMB para que las grandes empresas vuelvan a pagar más que los hogares

La reforma fiscal del Tributo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario de Junts per Catalunya, parte del gobierno cuatricolor del AMB, ha registrado una propuesta de modificación de la Ley de Haciendas Locales para dar encaje legal a este recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tan singular en España después de los reiterados reveses judiciales del Tribunal Supremo.

En último término, la petición de Junts busca que las grandes empresas —por ejemplo, Endesa, Naturgy y Enagás, las cuales han logrado tumbar judicialmente elementos esenciales del impuesto— con amplios inmuebles ubicados en alguno de los 36 municipios del AMB tributen más que los vecinos particulares. Algo que ha venido ocurriendo hasta ahora, cuando el AMB se ha visto abocado a sacar adelante una nueva ordenanza fiscal del Tributo que, muy a su pesar, homogeneiza la presión fiscal para todos los propietarios de inmuebles en el área de Barcelona.

Hasta este 2025, los propietarios de fincas urbanas se han podido aplicar importantes beneficios fiscales que ya no tendrán disponibles a partir del 2026. Producto de esa caída de bonificaciones y exenciones es que 240.000 hogares empezarán a pagar el Tributo con cuotas medias de 17,5 euros anuales el año que viene, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Antes, de hecho, las grandes empresas tributaban un tipo agravado por sus denominados Bienes de Características Especiales (BICES), una casuística que los tribunales también vetaron al obligar al AMB a aplicar un gravamen único. Entre esos inmuebles están los terrenos del aeropuerto, el Port de Barcelona o los ciclos combinados de la Central Térmica del Besòs. 

Lo que propone ahora la formación liderada por Carles Puigdemont en el Congreso es precisamente volver a ese régimen fiscal previo por los cauces legales. Especialmente, recuperando el tipo agravado para los BICES. Y también abriendo la posibilidad de que el AMB regule la presión fiscal que aplica en función del uso del suelo, tal y como hacen los ayuntamientos con el IBI: por ejemplo, aplican gravámenes superiores al uso hotelero del suelo que al residencial. La iniciativa parlamentaria de los independentistas llega después de que se acabaran frustrando las conversaciones de altos cargos del propio AMB con el Ministerio de Hacienda para acometer esta misma reforma que ahora quieren liderar los posconvergentes.

Las empresas tributarían incluso más que antes

El tenor literal de la enmienda de Junts a la Ley de Haciendas Locales, firmada por el diputado de Josep Maria Cruset, establece tres tipos diferenciados para el Tributo que idea Junts: un 0,1% para los inmuebles rústicos; un 0,2% para los urbanos (los hogares particulares); y un 0,3% para los BICES. Se trata de una tributación superior a la que el AMB aplicaba a las grandes empresas años atrás (0,2%). También sugiere que el recargo se aplique sobre la base liquidable del IBI y no sobre la imponible, lo que permitiría discriminar las reducciones de las que disfrutan los contribuyentes a la hora de calcular la carga tributaria.

Otra de las propuesta del nuevo articulado propuesto por Junts pasa por que el AMB tenga competencia para establecer tipos diferenciados para inmuebles urbanos de uso no residencial, aplicables a un máximo del 10% de mayor valor catastral. La Ley de Haciendas Locales veta ahora mismo a las áreas metropolitanas —es decir, al AMB, la única constituida como tal en España— esta alternativa, al limitar el recargo a un "porcentaje único".

El argumento de los nacionalistas para defender su propuesta de fiscalidad metropolitana se basa en que las grandes empresas "vuelvan a asumir el mayor peso del Tributo como hasta ahora", explica Isidre Sierra, responsable de Junts en el AMB y alcalde de Sant Climent de Llobregat. "Queremos que el Tributo sea equilibrado y que su peso no recaiga injustamente sobre los hogares o sobre las pequeñas empresas", rubrica el responsable metropolitano.

Del total de casi 40 millones que la administración dejará de ingresar por el Tributo, se cifra que unos 15 de ellos provenían de los BICES de las grandes sociedades. Desde Junts aseguran que la prioridad, toda vez que asumen que no será el Estado el que aporte al AMB los ingresos que recauda con el gravamen, es que los particulares no acaben asumiendo esa carga fiscal. A falta de dilucidar si prospera la enmienda, la fiscalidad propia del AMB ya figuraba como una de las reclamaciones fiscales que Junts preveía negociar con el PSOE en clave catalana antes de que trascendiera la ruptura posconvergente que Sánchez trata ahora de reconducir.

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