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Guillem Agulló

Un juez decidirá si 30 familias de Sabadell pueden seguir viviendo en un edificio ocupado durante 10 años

Los propietarios reclaman el edificio mientras los vecinos exigen un alquiler social adaptado a su situación económica

Familias vulnerables de Sabadell sufren sin luz la ola de calor: "Malvivimos sin ventilador ni nevera"

Concentración previa al juicio

Concentración previa al juicio / ACN

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sabadell
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Los juzgados de Sabadell han acogido este lunes el juicio sobre el bloque ocupado por 27 familias conocido como Guillem Agulló, un inmueble tomado por vecinos desde abril de 2010. La propiedad, formada por SEROM y Grup Promotors 96, reclama poder recuperar el edificio, mientras que los ocupantes reivindican su derecho a permanecer en él bajo condiciones de alquiler social ajustadas a su capacidad económica.

El juicio, que ha durado poco más de una hora, ha quedado visto para sentencia, centrado principalmente en determinar quién es el propietario legal de los pisos. Pese a que los vecinos han destacado que todos cuentan con informes de vulnerabilidad, y que entre ellos hay desde familias con menores hasta personas mayores y dependientes, el juez no ha tenido en cuenta estos factores en la sesión de este lunes.

Bloque de pisos donde viven familias vulnerables que Endesa se los cortó la luz lo el pasado miércoles y hasta ahora no tienen

Bloque de pisos donde viven familias vulnerables que Endesa se los cortó la luz lo el pasado miércoles y hasta ahora no tienen / Manu Mitru

Actualmente, el edificio alberga a unas 150 personas, entre las que se incluyen 30 menores y tres personas dependientes. Al menos cinco de estas familias, con niños a cargo, están siendo atendidas por los Servicios Sociales municipales, según explican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sabadell (PAHC). Esta plataforma recuerda que comenzó a intervenir en el bloque en 2015, aunque la ocupación más reciente de las familias data de marzo de 2020.

Los vecinos han denunciado que, hasta ahora, los propietarios no han firmado contratos de alquiler social, lo que ha mantenido a las familias en una situación de incertidumbre y conflicto constante. La PAHC defiende que estas medidas serían una solución equilibrada, que permitiría regularizar la situación de los ocupantes respetando tanto sus derechos como los intereses de la propiedad.

Con la vista judicial ya finalizada, queda por ver cómo responderá la sentencia, que determinará si las familias deben desalojar el inmueble o si se abre la puerta a una solución de alquiler social negociado.

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