La Fiscalía actúa contra la empresa que alquiló infraviviendas a una quincena de familias de Badalona

Eran 18 infraviviendas de apenas 15 m², sin ventilación ni salidas de emergencia y con una deficiente instalación eléctrica, habitadas por 16 familias que pagaban una media de 450 euros —aunque el propietario cobraba diferente en función de si vivía más de una persona—, y construidas en lo que anteriormente era un local comercial y un almacén. El Ayuntamiento de Badalona explicó que tuvo conocimiento de ello el 21 octubre de 2024 y, apenas dos días después, intervino: precintó las infraviviendas e inició los trámites para expedientar al empresario, que incluso comercializaba los habitáculos a través de una inmobiliaria.

La Fiscalía de Barcelona ha abierto unas diligencias para esclarecer la responsabilidad de la empresa que promocionaba el alquiler de las infraviviendas, en las que residían familias con menores, y que estaban situadas en la calle Sant Joan de la Creu del badalonés barrio de Sant Crist.

Tras conocerse esta situación, la fiscal del servicio de consumo Paloma Pelegrín empezó a indagar sobre el asunto y lo puso en conocimiento de los organismos públicos que podían tener competencia en esta materia, entre ellos la Agència de l'Habitatge de Catalunya. La fiscalía está todavía a la espera de la contestación de esta entidad a su requerimiento.

"Falta de escrúpulos de un empresario despiadado"

El alcalde, Xavier Garcia Albiol, se mostró visiblemente irritado durante la actuación de precinto de los pisos, que describió como "madrigueras". "En Badalona no aceptamos a los ocupas ilegales y mucho menos a empresarios despiadados que hacen explotación habitacional", sentenció el edil a las puertas de las infraviviendas.

También denunció el "alto grado de profesionalización" del empresario, que había acometido obras —presuntamente sin la licencia preceptiva— en el local (una antigua carpintería) para dividirlo en diminutos pisos. Habitáculos que estaban equipados con electrodomésticos e, incluso, puertas blindadas, lo que para el alcalde demostraba la "falta de escrúpulos" del empresario, al que describió como "despiadado". "Hasta qué punto se puede ser tan salvaje de cometer la barbaridad de jugar con la miseria de la gente", se lamentaba entonces el alcalde popular.

De hecho, el mismo día del precinto Albiol aseguró que el Ayuntamiento expedientaría al empresario, e incluso llegó a cifrar la cuantía de las posibles sanciones "entre los 10 y los 12 millones de euros". "Seremos tremendamente rigurosos, todo el peso de la administración y de la ley le caerá encima", sostuvo. Fuentes municipales consultadas por EL PERIÓDICO explican que las decenas de expedientes que el consistorio elevó al respecto se encuentran aún en proceso administrativo, aunque señalan que podrían quedar anulados si las diligencias abiertas recientemente por la fiscalía se sustentan en un proceso judicial que, en todo caso, discurriría por la vía civil.

Desalojo dos meses después

La ley española permite a las administraciones locales, es decir, a los ayuntamientos, declarar una vivienda como infravivienda o fuera de uso si no cumple las condiciones básicas para que pueda ser habitada, como seguridad estructural, higiene y salud o accesibilidad, entre otros. Por tanto, los municipios pueden ordenar la rehabilitación, el desalojo o incluso la demolición si supone algún riesgo. En casos de alquiler, puede anularse el contrato o sancionar al propietario si se alquila un inmueble no habitable.

Durante el precinto inicial, el alcalde Albiol aseguró que el Ayuntamiento "pararía el primer golpe" y ayudaría a los residentes que tuviesen problemas para encontrar otra vivienda: "Son "hombres, mujeres y familias trabajadoras, sobre todo inmigrantes, no son okupas", detalló entonces Albiol. Aunque el consistorio comunicó a los habitantes de los cubículos que debían marcharse de ahí "por su propia seguridad" y precintó la entrada, algunos de los vecinos se negaron a dejar sus viviendas. No duraron allí, sin embargo, más de dos meses, ya que a mediados de diciembre de 2024 fueron desalojados por orden judicial. "La obligación de darles alojamiento correspondería al propietario que les alquilaba los pisos", declararon entonces fuentes municipales.

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