La supuesta estafa de una administradora de Viladecans salpica, al menos, a tres comunidades de vecinos de Gavà

La onda expansiva del supuesto desfalco protagonizado por una administradora de fincas de Viladecans (Baix Llobregat) ha alcanzado también a la vecina Gavà, también en el Baix. El impacto, a priori, es mucho menor. "Nos constan tres comunidades que ya han sido atendidas por la Oficina Local de Vivienda", explican fuentes municipales a este diario. La cifra dista mucho por ahora de la de Viladecans, donde este miércoles ya se habían atendido 31 fincas de la ciudad. Distintos vecinos afectados explican que, sin embargo, el número de fincas podría rondar las 150, dado que son las que gestionaba la empresa L&V Gestión de Fincas, pero que muchas no pueden denunciar todavía porque no han podido acceder a sus cuentas ni a sus libros de la comunidad.

Los Mossos d'Esquadra ya han recibido más de una veintena de denuncias de comunidades que han perdido sus ahorros. Así, la policía está recopilando ahora todas las denuncias para concretar el valor del supuesto desfalco y unificar la investigación, de forma que se pueda trasladar la causa a un único juzgado y evitar múltiples investigaciones judiciales paralelas. A priori, se considera que la mujer habría cometido varios delitos de apropiación indebida.

La sangría es de tal magnitud que el propio Ayuntamiento de Viladecans anunció este miércoles su intención de personarse en la causa después de que los servicios jurídicos municipales la hayan estudiado. "Una de las comunidades afectadas había recibido una subvención pública para unas obras en la fachada y el hecho de que existan fondos públicos en conflicto refuerza la intención municipal de denunciar a la empresa gestora", apuntó el consistorio en un comunicado.

Todavía se tardará en concretar la cifra de dinero desaparecido, pero algunas voces vecinales hablan de, al menos, 1,5 millones de euros, hasta la fecha. "Hace ya un tiempo que le reclamábamos que pusiera en marcha obras, porque teníamos muchas cosas por arreglar y las gestiones eran eternas. Teníamos que ir detrás de ella. Teníamos reuniones y nos presentaba extractos bancarios falsos. Era todo falso", explica una vecina de Gavà a este diario que prefiere mantenerse en el anonimato.

Uno de los vecinos de la comunidad alertó de lo que ocurría con esta gestoría tras enterarse de otros casos en Viladecans. Efectivamente, su cuenta estaba vacía. "No se han pagado muchas cosas y ahora tenemos una deuda, además de los más de 40.000 euros que nos desaparecieron", explica la misma vecina de Gavà, quien señala también que en su comunidad han podido saber que han pagado las obras a otras fincas y que otros edificios han pagado las suyas. Por este y otros motivos han decidido también denunciar su situación y estudian la posibilidad de presentar una querella por la supuesta falsedad documental.

Cambio al frente de la gestoría

Vecinos de Gavà y Viladecans explican que hasta 2023 la empresa L&V Gestión de Fincas la gestionaba otra mujer junto a dos administrativas, pero que en 2023 puso al frente a Sandra F. H., que hasta entonces era una administrativa y que ha gestionado las cuentas de las comunidades a lo largo de estos años. Explican los vecinos que pensaban que esta mujer era una administradora profesional y colegiada, pero que no era así.

Ya con el pastel descubierto. La comunidad de esta finca de Gavà logró ponerse en contacto con la mujer y explican que les entregó la documentación. "Nos falta documentación, pero la entregó. Entonces le preguntamos '¿pero qué ha pasado?' , y respondió: 'mala gestión'. Esto es lo que dice", recuerda la afectada. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con L&V Gestión de Fincas, pero, en el momento de publicación de esta noticia, no ha recibido respuesta.

Por su parte, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida emitió también este miércoles un comunicado en el que remarcaba que la administradora señalada, la tal Sandra, no está colegiada. "La profesión de administrador de fincas sin estar colegiado representa un claro ejemplo de intrusismo profesional, una práctica que perjudica gravemente tanto a los consumidores como a los usuarios de las viviendas. Por este motivo, desde el Col·legi mantenemos una posición firme y un trabajo constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía", dice el texto, que insiste en que la importancia de que los gestores estén colegiados porque "sólo así puede garantizarse una actuación íntegra, con criterios de calidad, profesionalidad y seguridad para las comunidades de propietarios y sus proveedores de servicios".

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