Una sentencia del TSJC anula la zona de mercado residencial tensionado de varios municipios del área de Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado nula la zona de mercado residencial tensionado de varios municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en respuesta a un recurso de apelación de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) contra la AMB y la Agència de l'Habitatge de Catalunya; relacionado con la Ley Catalana 11/2020, de 18 de septiembre, de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los contratos de Arrendamiento de Vivienda.

La sentencia, dictada por la Sección 3 de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, anula el acuerdo adoptado el 27 de julio de 2021 por el Consell Metropolità del AMB, pues considera que la reducción del trámite de información pública correspondiente a la vía de urgencia solo es posible en acuerdos promovidos y tramitados por la Generalitat.

Alude el tribunal a la falta de competencias de las personas que habrían emitido los preceptivos informes técnicos municipales y la omisión de las actuaciones que, de acuerdo con la ley, debería acometer el AMB: "Resulta inverosímil que los informes municipales firmados por técnicos fuesen emitidos por iniciativa propia y no por indicación de las respectivas corporaciones", se lee en la sentencia, consultada por Europa Press.

"Gran impacto jurisprudencial"

"La resolución no tendrá efectos porque determinados artículos de la Ley del Parlamento de Catalunya ya fueron declarados inconstitucionales en la sentencia 37/2022, de 10 de marzo, del Tribunal Constitucional", ha mencionado Joan Ràfols, presidente de la CPUBCN, en un comunicado emitido por la Cambra. Así, la CPUBCN entiende que el valor de la sentencia recae en el "gran impacto jurisprudencial, que no admite dudas, sobre todo en cuanto a la actual declaración de áreas de mercado residencial tensionado que limita las rentas del alquiler en los arrendamientos de viviendas".

Además, la sentencia impone las costas del procedimiento judicial al AMB, como administración demandada, y a la Agencia de l'Habitatge de Catalunya, como parte co-demandada. En este sentido, Ràfols lamenta que "la reiterada, profusa, confusa, restrictiva y penalizadora normativa ha contribuido a la creciente dificultad de acceso a la vivienda de familias o unidades de convivencia con ingresos medios y bajos".

La CPUBCN declara, asimismo, que "se ha venido legislando desde 2017 en forma de Leyes y Decretos leyes sobre medidas urgentes con normas mal diseñadas, mal implementadas, sin dotación económica y, en muchos supuestos, al margen del marco competencial y de los principios de seguridad jurídica". "Las medidas para incrementar la oferta de vivienda, ante una demanda creciente, no han pasado de ser anuncios de cifras, cada vez más elevadas, pero nunca una realidad", ha sostenido Ràfols.