Tersa niega riesgo para la salud en la incineradora después de que el fiscal pida prisión para su jefe

La empresa pública Tersa ha vuelto a negar este viernes que la incineradora de basura situada en Sant Adrià de Besòs comprometa la salud de los residentes del entorno, como sostiene la Fiscalía Provincial de Barcelona para pedir pena de prisión para un directivo de la compañía. En el escrito de acusación previo a la celebración del juicio, el fiscal pide cuatro años de cárcel, 12.000 euros de multa e inhabilitación para trabajar en plantas de tratamiento de residuos a Francesc Rosa, exjefe de explotación de la central y actual director de generación de energía de la firma, cuyos propietarios mayoritarios son el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.

La incineradora de Tersa, que calcinó 319.374 toneladas de desechos en 2024, “no representa ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente”, ha defendido la propia empresa después de que trascendiera la solicitud de la Fiscalía, avanzada por EL PERIÓDICO. El fiscal Víctor Castells atribuye a Rosa un delito contra el medio ambiente “con riesgo grave para la salud de las personas” o, alternativamente, ese mismo delito por incumplimiento de la directiva europea de emisiones industriales y su transposición a la legislación española.

El ministerio público afirma que el exjefe de explotación “realizó y consintió una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental, suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno” de la instalación “así como del medio ambiente”. Por el contrario, Tersa esgrime que el carácter inocuo de la incineradora lo “han señalado numerosos centros institucionales, académicos y científicos de prestigio”. En el proceso judicial figuran algunos informes que la empresa encargó a peritos y profesores universitarios. La compañía ha expresado su “respeto” al proceso abierto y ha declarado que “continuará colaborando” con las autoridades “para garantizar la máxima transparencia”.

El estudio de la Rovira i Virgili

Por su parte, el escrito de la Fiscalía cita atestados de la Guardia Civil, que detectó datos “físicamente imposibles” en los registros de temperatura de la central, un indicador clave para garantizar que se mitiga la dispersión de componentes tóxicos, como las dioxinas y los furanos. A su vez, el fiscal cita uno de los estudios de un equipo de científicos de la Universitat Rovira i Virgili (URV), encabezados por el profesor José Luis Domingo, catedrático emérito de Toxicología. Esos informes dieron pie a que la asociación vecinal Airenet presentara la denuncia que originó la causa que ahora se aboca a ser juzgada.

La Fiscalía recalca en su escrito de acusación que “dicho estudio determinó que las muestras recogidas en las inmediaciones de Tersa” para examinar las concentraciones de 17 congéneros tóxicos en suelo y aire “dan unos resultados más elevados que en las zonas más alejadas de la planta hasta tres kilómetros”. Añade que las cantidades de restos nocivos fueron “notablemente más elevados que los observados en las cercanías de otras instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de Catalunya”. “Se concluye que los habitantes de Sant Adrià de Besòs tienen una probabilidad tres veces superior de desarrollar cáncer a lo largo de su vida que los residentes en Barcelona y Badalona”, añade el escrito presentado por el ministerio público, parafraseando el trabajo de la URV.

Valores cumplidos

Asimismo, Tersa alega que “se han cumplido en todo momento los valores límite de emisión de la planta”. Dice que “siempre se ha acreditado” así durante la investigación del juzgado de instrucción número 5 de Badalona. Aún más, la compañía destaca que el procedimiento “ya fue archivado el pasado mes de mayo de 2024”. Obvia que la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso, con una resolución en la que advirtió de las “anomalías detectadas en relación con las temperaturas” a que los residuos ardieron en la incineradora y el “grave riesgo para la salud de las personas que se deriva de la incineración de residuos por debajo de 850 grados”, como la ley exige. Meses después, el Tribunal Supremo se expresó en términos similares.

La empresa pública interpreta que, de cara al juicio que se avecina, “el procedimiento se circunscribe ahora al debate sobre el cumplimiento de alguna de las condiciones técnicas concretas del proceso de combustión”. La Fiscalía habla de “irregularidades” y presuntos incumplimientos de la normativa al menos desde 2017 por lo que se refiere al control de la temperatura de cremación, hasta el punto de que se detectaron registros “imposibles físicamente e irreales” en “múltiples ocasiones”.

En consecuencia, “no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y los furanos”, concluye el fiscal. En cambio, Tersa blande que la “fiabilidad” del método de incineración de la central “ha sido constatada en repetidas ocasiones por la administración ambiental”. Confía en que así “se continuará demostrando en sede judicial”.

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