La pesadilla de un propietario de Barcelona: "Mi inquilino ha levantado paredes y alquila habitaciones por días a turistas"

J. W., profesor en una prestigiosa universidad privada en Barcelona, estadounidense de 59 años y residente en el barrio de la Barceloneta, decidió hace poco tomarse un año sabático. Como es habitual en su cultura, optó por arrendar temporalmente su hogar en pleno paseo de Joan de Borbó para obtener unos ingresos durante esos meses. Eligió una agencia especializada en este tipo de alquileres de temporada, que se destinan a profesionales o estudiantes de paso en la capital catalana. Poco podía imaginar que el inquilino que seleccionaron tenía perfectamente planificado un lucrativo negocio ilegal: "En solo unos días levantó paredes, cambió todo el piso y empezó a alquilar habitaciones por días a turistas" sin licencia, clama Tine M., pareja del propietario. Se trata de una mafia que tiene identificada el equipo de inspecciones de pisos turísticos del Ayuntamiento de Barcelona e investigan los Mossos, porque explota varios pisos por el mismo sistema fraudulento en la ciudad.

La misma fuente explica que ha tenido que hacer un 'master' acelerado sobre cómo funciona "este tipo de estafa", que atribuye a mafias organizadas y sobre cuáles son las vías legales para solucionarlo. La pesadilla empezó hace apenas unas semanas. El aspirante a inquilino, A. H. L., de nacionalidad chilena y con permiso de residencia en España, según acreditó, se interesó por la vivienda de 3 dormitorios. Dijo que la necesitaba para 11 meses, mientras desarrollaba un proyecto laboral en Barcelona, presentando documentación de una supuesta empresa --datada en Lloret de Mar-- para la que trabajaba, que así lo hacía constar. La agencia inmobiliaria, que desde hace más de dos décadas alquila inmuebles por temporada a perfiles muy específicos (sobre todo laborales y másters), ha podido comprobar a posteriori que este último documento era falso.

Propietario y agencia creyeron que el perfil era adecuado para el alquiler y el contrato se firmó el 15 de septiembre. Pero enseguida comenzaron los problemas. Se había estipulado que la inmobiliaria podría visitar una vez al mes la vivienda en el número 12 de Joan de Borbó para comprobar su estado, pero el nuevo inquilino enseguida "puso excusas". Cuando a los pocos días una vecina avisó de "ruidos de obras", el personal de la agencia acudió a ver qué sucedía, ya que el propietario se había marchado a Estados Unidos. "La primera sorpresa fue que habían cambiado la cerradura de la entrada", relata Tine M.

Poco después comprobaron como había "turistas entrando y saliendo del piso". Por lo que avisaron a los Mossos, que al llamar a la puerta se encontraron con una viajera que explicó que había alquilado una habitación por Airbnb y pagaba por ella 100 dólares al día. Desde la puerta se apreciaba ya que habían "levantado un muro", relata. "Lo habían cambiado todo para ganar una habitación más donde antes estaba el salón", añaden desde la inmobiliaria Casamona.

En cada habitación habían instalado una cerradura individual por códigos, que se facilita a cada huésped. En la vivienda había otros dos viajeros más en ese momento. La gestora inmobiliaria se quedó de piedra y cogió cita en una comisaría de los Mossos para interponer una denuncia hace dos días junto con un abogado del propietario. Pero la policía autonómica la informó de que como el inquilino había pagado hasta el momento el arrendamiento mensual, no había un perjuicio económico denunciable por esa vía, por lo que debía emprender la "demanda civil por incumplimiento de contrato". Los Mossos confirman a este diario haber atendido en estos términos al perjudicado.

Trampas y rentabilidad

Un tipo de incumplimiento que, en distintas modalidades, se ha hecho casi cotidiano en el ámbito de los pisos turísticos ilegales de la ciudad. El ayuntamiento de la mano de los Mossos han destapado varios casos en los últimos años. A veces parten de un alquiler de larga duración, que se convierte en negocio turístico. Otras, de un arrendamiento temporal. Pero el modus operandi coincide: los pisos se redistribuyen para exprimirlos al máximo por habitaciones, y posteriormente se anuncian en Airbnb con un número de registro HUT falso, ya que el portal exige --como marca la normativa local-- exhibir dicho número para poder acceder a la plataforma. Aunque esta no comprueba la autenticidad, sino que es el ayuntamiento quien desde su unidad de Inspección realiza un seguimiento continuo de la oferta para detectar los casos sin licencia.

El consistorio barcelonés confirma haber recibido la denuncia de la Barcelona y detectado por los datos del anuncio que se trata de la misma mafia organizada que está operando igual con otros pisos turísticos ilegales simultáneamente. En estos casos, colaboran con los Mossos y en paralelo a nivel municipal se inicia el expediente de cara a ordenar el cese de la actividad no autorizada.

Mientras tanto, en apenas unos días, Nite y Casamona han ejercido casi de detectives para seguir la pista de A. H. L., que no es quien gestiona las habitaciones, sino que ha delegado en un anfitrión que figura también como contacto de otros 19 apartamentos. Por último, es una tercera persona la que se ocupa de realizar el 'check in' de los turistas, cuyo contacto telefónico han adjuntado también a la policía y el consistorio. Pero pese a los requerimientos para que cesen la actividad ilegal, de momento no han obtenido respuesta.

Inicialmente, Airbnb les replicó, tras notificar la situación, que no pueden comprobar las relaciones entre los anfitriones que dan de alta la vivienda y propietarios. No obstante, el jueves anunciaron que habían desactivado el anuncio. Para pasmo de los afectados, a los pocos minutos la organización ya había vuelto a publicar dos nuevos anuncios del mismo piso en la plataforma. Para más inri, el 'anfitrión' que las publicita atesora ya una puntuación de 4,7 con una quincena de reseñas.

De momento, la ilegalidad es más que rentable. Las habitaciones tienen una alta demanda y en plena ocupación generan unos 400 euros diarios, solo en este piso. Es decir, potencialmente 12.000 euros mensuales, en temporada media.

"Hay quien nos dice que hay que recurrir a una empresa de desocupación en estos casos, porque al ser propietarios individuales no tienen fuerza ni recursos para un largo proceso judicial. Pero nosotros queremos una solución legal y hacer pública esta situación, que está creciendo en Barcelona, para que no haya más víctimas", explica la mujer, en representación de su marido. Los Mossos explican a este diario que en estos momentos se investigan media docena de casos similares. Sin ir más lejos, en el bloque donde se ubica esta agencia inmobiliaria hay una oficina que fue alquilada hace meses pero se ha reconvertido de la misma manera en un negocio de habitaciones por días sin licencia, muestran a este diario.

Indignación e impotencia

"Esto es la Unión Europea, con una legislación al respecto, no un país del tercer mundo", argumenta, incapaz de comprender cómo en Barcelona pueden producirse estas situaciones. En una gruesa carpeta ha recopilado fotos del antes y después de la vivienda. Las de su anuncio, cuando había un amplio y soleado salón, frente a las del anuncio de Airbnb, con paredes y austeras camas individuales, que resultan muy comerciales solo por estar frente a la Marina Port Vell. "Si un propietario pone un piso ilegal tiene sanciones y lo cierran, pero estos estafadores parece que actúan impunemente con esta trampa".

El inquilino que les "engañó" incluso ha tratado de ir más lejos cambiando la titularidad del suministro eléctrico. Algo que han logrado parar, para tener el control de la potencia y evitar excesos. Colateralmente, hay otras víctimas, como son los vecinos de la finca de Joan de Borbó, que de la noche a la mañana están teniendo que convivir con una 'improvisada' pensión turística.

Suscríbete para seguir leyendo