La congelación de impuestos en Barcelona para el 2026 avanza con el apoyo de ERC y el diálogo abierto con los Comuns

El Ayuntamiento de Barcelona encamina las ordenanzas fiscales de 2026 hacia su aprobación definitiva al superar un nuevo trámite en el pleno municipal de este viernes. La propuesta del gobierno de Jaume Collboni -que mantiene congelados los impuestos a familias y pymes- ha sido aprobada de forma provisional a la espera de la votación definitiva en el pleno de enero para que las tasas e impuestos puedan entrar en vigor durante el primer trimestre del año.

La iniciativa ha contado con el apoyo de ERC y de BComú, con quien el ejecutivo socialista mantiene la negociación abierta. Junts, PP y Vox han votado en contra. Son los mismos apoyos que el gobierno obtuvo en el primer trámite en la Comisión de Economía de este mismo mes. El teniente de Economía y Hacienda, Jordi Valls, ha subrayado que la propuesta “no impacta en la fiscalidad de las familias y ayuda a mejorar la gestión del turismo”. De hecho, ha recordado que el único incremento fiscal está vinculado al sector turístico.

La propuesta se centra en el incremento del recargo turístico municipal -un euro cada año hasta 2029 para llegar al máximo legal de ocho euros-, un punto que está condicionado a la convalidación en el Parlament del decreto ley. Las ordenanzas también convalidan las tasas sobre el permiso diario de zona bus y prevén bonificaciones del 95% en el impuesto sobre construcciones para obras de regeneración urbana.

Negociación con los Comuns

Para llegar a la aprobación definitiva será necesario terminar de cerrar un pacto con BComú. Valls ha afirmado que tienen “convicción”, mientras que la concejal de los Comuns, Gemma Tarafa, se ha mostrado optimista y ha apuntado que “hay margen” porque han constatado un “cambio de actitud” del PSC. No obstante, ha recordado que "la pelota está en el tejado" del gobierno. Las condiciones que ponen los Comuns son bajar el IBI de la primera compra de vivienda, proteger el comercio local frente a la especulación y desencallar las rehabilitaciones del barrio del Besòs-Maresme.

Desde ERC, el portavoz, Jordi Castellana, ha sacado pecho de haber presionado al gobierno para la subida del recargo turístico, una propuesta de los republicanos para que los turistas paguen más y haya un mayor retorno para los barceloneses a través de un fondo específico.

“Castigos fiscales”

Por parte de Junts, el concejal Arnau Vives ha afirmado que su grupo no quiere ser “cómplice de un modelo fiscal pensado para acabar con la clase media y trabajadora” y ha denunciado que la presión fiscal es cada vez más alta. En la misma línea crítica, el PP, a través del portavoz, Juan Milián, ha señalado las “dificultades” que afrontan las familias para vivir en la ciudad y ha cargado contra los “castigos fiscales” que “expulsan a los jóvenes, asfixian la economía local y estigmatizan el turismo”.

En paralelo a la negociación de las ordenanzas, el gobierno y oposición negocian también la propuesta de presupuesto para 2026. En este caso, el inicio de la tramitación también fue posible en la Comisión de Economía de este mes y será necesario que pase por el plenario. Los grupos que votaron a su favor fueron los mismos que han permitido la aprobación provisional de las ordenanzas este viernes.

Tenso debate sobre el estado de la ciudad

El pleno ha empezado con un tenso debate sobre el estado de la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, ha sacado pecho de la gestión que está haciendo su gobierno -un ejecutivo "que cumple"- y ha insistido en que “Barcelona está mejor”. “Lo dice este alcalde, lo dicen bastantes concejales y lo dice la gente”, ha subrayado.

Sin embargo, no ha convencido a la oposición, que le ha reprochado “proclamas triunfalistas” y le ha acusado de eludir su responsabilidad, especialmente en vivienda. Mientras que BComú y ERC le han avisado de que se están “dejado tirados” y “expulsando” a los vecinos de la ciudad, Junts, PP y Vox ven un “mandato perdido” y un gobierno sin proyecto, ni ideas.

El “uso partidista” de la nueva marca

A este debate se ha sumado más tarde un nuevo reproche al gobierno con la proposición que ha presentado Junts para denunciar el “uso partidista” de la nueva marca del ayuntamiento y de la comunicación institucional, un diagnóstico que han compartido el resto de grupos de la oposición. “Retiren la campaña, no es neutral, es subjetiva y engañosa”, ha criticado el líder de Junts, Jordi Martí.

El teniente de alcalde Albert Batlle ha negado hacer un uso partidista de esta campaña porque “no muestra ninguna acción de gobierno”. Señala que mantiene la gama cromática que ya tenía la anterior: rojo, negro y blanco. Por eso ha acusado a Junts de hacer “insinuaciones tendenciosas y maléficas”.

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