Barcelona rechaza gravar la compra de viviendas a extracomunitarios tras la abstención de los Comuns

El Gobierno trabaja desde enero en una regulación para aumentar la carga impositiva a los extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea que compren una vivienda en España, una medida aún en fase de tramitación parlamentaria y sin los apoyos necesarios para aprobarse. En este contexto, el gobierno socialista de Jaume Collboni en Barcelona ha presentado una iniciativa en el pleno de este viernes para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a presentar una propuesta concreta que grave de forma diferenciada la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, una petición que el Parlament de Catalunya ya realizó en junio.

A pesar del esfuerzo de todos los grupos para hacer frente a la crisis de la vivienda, la proposición -que el gobierno municipal ha acordado con ERC- no ha prosperado debido a la abstención de los Comuns, y el voto en contra de Junts, PP y Vox. La iniciativa también pedía a las instituciones europeas que exploren vías para limitar este tipo de adquisiciones.

Los Comuns consideran que esta propuesta es un "brindis al sol" y lamentan el 'modus operandi' del PSC en materia de vivienda: "Incluso tienen un meme para cuando venden la moto a la gente con grandes anuncios sobre políticas de vivienda que al final quedan nada, el 'you have been PSOEd", ha afirmado la concejal Lucia Martín.

Una compra al alza

Según datos del Institut Municipal d’Hisenda que ha expuesto el teniente de alcalde de Economía, Turismo y Vivienda, Jordi Valls, actualmente existen 57.700 inmuebles registrados a nombre de personas o entidades extranjeras, ya sean personas físicas con NIE, sin NIE o personas jurídicas. Esta cifra representa un incremento del 9,6% respecto al año anterior.

El interés internacional por el mercado inmobiliario barcelonés también se refleja en las transacciones realizadas. Durante 2023 se registraron 14.899 compraventas en la ciudad, de las cuales el 77% correspondieron a compradores nacionales y el 23% a extranjeros. Este último porcentaje ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años: del 7,3% en 2007 al 21% en 2024. De entre los compradores extranjeros, un 8,3% no son residentes en España.

El coto a la especulación inmobiliaria

En este mismo empeño en encontrar soluciones a la crisis de la vivienda, el pleno sí ha aprobado una iniciativa de BComú que trata de poner coto a la especulación inmobiliaria. La ofensiva legislativa que han impulsado Sumar y los Comuns tanto en el Congreso, como en el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona ha dado su primer resultado en esta última administración.

Los Comuns han presentado una proposición para desarrollar los instrumentos urbanísticos necesarios, como un Plan Especial, para limitar las compras especulativas en Barcelona en un período máximo de seis meses. A su vez esta era una condición “indispensable” para apoyar la aprobación definitiva de los presupuestos de 2026 que, a priori, ha dado sus frutos.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha dado su visto bueno a la iniciativa -que también ha contado con los votos a favor de ERC y los votos en contra de Junts, PP y Vox- recalcando que la prioridad del gobierno municipal es “intervenir en el mercado para cambiar las reglas de juego”. “Queremos un mercado dominado por pequeños propietarios y no por especuladores”, ha añadido.

Evaluación jurídica

En ese sentido, la dirigente socialista se ha comprometido a buscar las fórmulas que eviten las compras especulativas y ha remarcado que estudiarán las conclusiones del estudio encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) para evaluar si es jurídicamente posible. Bonet ha insistido en que cualquier medida debe ser "jurídicamente muy sólida" y por eso ha dicho que el gobierno municipal debe evaluarlo. No obstante, la líder de BComú, Janet Sanz, ha recordado que este informe ya avala jurídicamente esta posibilidad.

ERC comparte la “preocupación” por la compra especulativa, pero también coincide con la necesidad de “solidez jurídica”. Por su parte, Junts ha culpado a la ley de vivienda por su “impacto devastador” por reducir la oferta y “dinamitar el mercado”, el PP ha criticado que las políticas actuales ponen “trabas” al sector privado y Vox ha calificado la propuesta de “superficial” y alejada de las causas reales del problema.

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