El fiscal pide cuatro años de prisión para un jefe de la incineradora Tersa por tolerar un "riesgo grave para la salud"

La Fiscalía de Barcelona reclama cuatro años de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación para ejercer una profesión vinculada a las instalaciones de tratamiento de residuos para Francesc Rosa Gutiérrez, el que fuera jefe de explotación y “principal responsable” de la planta incineradora de basura de Tersa, situada en Sant Adrià de Besòs, según el escrito de acusación al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. El acusado es ahora director de generación de energía de la empresa de titularidad pública, de la que el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona son los propietarios mayoritarios. El fiscal Víctor Castells le atribuye un delito contra el medio ambiente “con riesgo grave para la salud de las personas” o, alternativamente, ese mismo delito por incumplimiento de la directiva europea de emisiones industriales y su transposición a la legislación española.

La acusación pública sostiene que el imputado, como jefe de explotación y con una “clara posición de garante para evitar el riego ambiental derivado de un funcionamiento anómalo” de la incineradora, “realizó y consintió” una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental. Esta acción supuso, incide el fiscal en su escrito, “un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de esta instalación, así como del medio ambiente".

En la planta arden un máximo de 360.000 toneladas anuales de residuos de la capital catalana y su entorno. Se trata de la instalación que más cantidad de desechos calcina en Catalunya y el Ayuntamiento de Sant Adrià reclama que se cierre y se traslade. La Fiscalía indaga desde que la asociación Airenet denunció los hechos en 2018 y ahora la causa se encamina a juicio.

En opinión de la fiscalía, el acusado era “un técnico con responsabilidad de decisión que conocía perfectamente todas las circunstancias concretas que concurrían en la quema de residuos en la instalación” que dirigía. Añade que, por su cargo, “estaba en disposición de estar al corriente de la existencia de irregularidades detectadas y podía evitar que se produjeran". El exjefe de explotación, precisa el ministerio público, debía asegurar que el tratamiento de residuos se “verificara” con respeto a la normativa ambiental aplicable a incineradoras de residuos urbanos y sobre la protección de ambiente atmosférico.

La clave de la temperatura

El escrito de acusación afirma que, "con autorización del acusado Francesc Rosa como jefe de explotación de la instalación", la incineradora "incumplía" la normativa "cuando menos desde el año 2017 al no realizar la medición" de la temperatura de la quema de basura tal como es preceptivo. Se trata de un indicador decisivo para contener la expulsión de contaminantes. La ley exige que los gases derivados de la incineración se eleven hasta 850 grados al menos durante dos segundos tras la última inyección de aire de combustión. "Está científicamente acreditado que, si no se llega a esa altísima temperatura, se generan emisiones a la atmósfera con un elevado contenido de compuestos altamente nocivos para la salud humana y el medio ambiente, como son los furanos y las dioxinas", advierte el fiscal.

La Fiscalía señala que, en vez de usar un termómetro industrial, Tersa se rigió por un algoritmo para chequear la temperatura que no fue validado por la Generalitat, a pesar de que la fiscalía esgrime que la autorización era precisa, según informó el Ministerio de Transición Ecológica. "El control de las temperaturas en los hornos de combustión por parte de Tersa mediante la utilización de un algoritmo da en múltiples ocasiones temperaturas físicamente imposibles e irreales", recalca el escrito del fiscal.

Aún más, asegura que el sistema empleado en la planta para supervisar el nivel de calor al que se calcinan los desechos "incumple lo previsto" porque "no permite medir que se alcancen de manera continua los dos segundos a más de 850 grados". La fiscalía recuerda que, tras registrar la incineradora, la Guardia Civil constató que los registros de temperaturas que se comunicaron en tiempo real al órgano de control de la Generalitat "en ocasiones son físicamente imposibles, tanto por defecto como por exceso". "Se llegan a comunicar temperaturas en negativo por debajo de los cero grados o, en ocasiones, eran tan extremadamente altas que, de ser válidas, hubiesen supuesto la explosión de la propia caldera", concreta.

A cuánto arde la basura no es un dato baladí, subraya la fiscalía. "No superar el umbral crítico de temperatura de destrucción de dioxinas y furanos", remarca, "supone un riesgo de emisión de los mismos a la población", lo que "puede perjudicar significativamente el equilibrio del medio ambiente y perjudicar gravemente la calidad del aire y la salud de las personas", remata.

Datos anómalos

El escrito de acusación alerta de la "gran cantidad de datos anómalos encontrados en la temperatura" de los hornos de la central que "han sido dados como válidos". En consecuencia, la fiscalía concluye que "no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión" en la planta "se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y furanos". El fiscal recuerda que la exposición prolongada a esos dos compuestos tóxicos "puede causar daños en el sistema inmunológico y endocrino, trastornos reproductivos y el desarrollo de cáncer, especialmente de hígado y tejidos blandos y problemas en la piel (como cloracné)".

El fiscal indica que en la central de Tersa "se dan tres circunstancias fundamentales generadoras de ese riesgo derivado de emisiones de dioxinas y furanos elevadas". Reprocha a la incineradora "no emplear la cantidad de carbón suficiente para la absorción de partículas contaminantes" al menos en 2017 y 2018; que "no se haya alcanzado la temperatura de 850 grados conforme a la norma" y "la imposibilidad de que conforme al algoritmo utilizado se pueda constar fehacientemente que se supera esta temperatura"; y, por último, que "se haya superado el límite de volumen de la capacidad de residuos a tratar", que se rebasó en 2016 y 2017.

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