La Generalitat promete invertir más de 100 millones en La Mina para desencallar cambios pendientes

El encontronazo entre dos familias que se intercambiaron más de 150 disparos en enero pasado en las calles de La Mina encendió de nuevo la alerta por las carencias y los problemas que afronta el barrio, situado en Sant Adrià de Besòs y fronterizo con Barcelona. Distinguiéndose de sus precedentes, la reyerta desató reacciones inéditas: provocó una visita breve de Salvador Illa a las calles donde se abrió fuego; alentó a entidades, educadores y sanitarios a urgir soluciones, y las administraciones se comprometieron a ir más allá de las recetas policiales.

Casi diez meses después del altercado, la Generalitat ha revelado su nueva hoja de ruta para La Mina este miércoles, dotada con 113,1 millones de euros y que se marca el desafío de lograr que el barrio dé un giro en cinco años. La operación para desalojar y derribar el bloque de Venus -pendiente desde 2002- concentra el grueso del gasto, con la intención de que quede vacío en 2027 y se eche abajo en 2028. Moviliza 53,11 millones de euros, que incluye la compra de pisos de segunda mano para trasladar a los residentes de la finca condenada a desaparecer.

El derribo del inmueble debería haberse completado hacia 2010. Sin embargo, los vecinos se han visto atrapados en una espiral de degradación, a la espera de que se les indemnizara para mudarse o se les facilitara un realojo. El Govern corrige así la previsión que apuntó en enero, cuando volvió a posponer la demolición y la aplazó a 2030, para chasco de los residentes.

Giro en la estrategia

La Generalitat propone una modificación "radical" para tratar de acelerar el vaciado y la demolición del edificio. Ahora prioriza comprar más domicilios usados en el barrio para que habitantes de Venus se muden. El Consorcio de La Mina ha adquirido 40 pisos de segunda mano en el barrio en los que reubicar a afectados. Se prevén obtener 15 viviendas más antes de que acabe 2025 y se cursan otras 26 compraventas.

A cambio, los 66 pisos por construir en dos bloques que iban a ser para realojar a afectados se planea ahora que cubran otras necesidades. Cuestan 11,62 millones de euros y las llaves deben entregarse a finales de 2028, cuando Venus ya debería estar reduciéndose a cascotes. Se reservan 8,8 millones para erigir 50 pisos dotacionales, que en principio tampoco serían para habitantes del inmueble condenado a desaparecer.

"Los nuevos no estarán acabados con suficiente tiempo y nos íbamos a 2030 o más adelante para derribar", ha justificado la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. En todo caso, ha asegurado que los habitantes de Venus podrán solicitar que se les reserve una de las viviendas nuevas, a condición de que salgan del edificio para no demorar la demolición y aguarden en un piso puente de segunda mano hasta que se acabe la construcción.

Se destinan 53 millones para acelerar el desalojo del bloque pendiente de demolición desde hace más de 20 años

Por ahora, se ha realojado a 12 familias de Venus y cinco deben hacerlo de inmediato. Otros 26 hogares y siete locales se han deshabitado tras recibir una indemnización. Martínez Bravo ha avisado de que, a medida que se vaya deshabitando, "cada vez será más complicado vivir en Venus". Pese a que varias decenas de familias han presentado demandas para solicitar que se les compense por años de espera y deterioro, las administraciones no auguran que los contenciosos retrasen el calendario trazado para Venus. En paralelo, el Consorcio de La Mina está instando a los demandantes que dejen de litigar para no ser relegados en el proceso de expropiación.

Plan como en el 2000

Igual que hizo a principios de siglo, la Generalitat ha vuelto ahora a confeccionar un plan de transformación para La Mina. Se ha de ejecutar entre este año y 2030, como el president de la Generalitat ha explicado en el barrio. Illa ha abogado por brindar "orden", "inversión", "esperanza", "ilusión" y "oportunidades" a La Mina. "Es un salto importante y, aunque habrá problemas, las instituciones no nos marcharemos y seguiremos aquí", ha esgrimido.

El programa para el vecindario lleva el mismo nombre que las administraciones usaron para el proyecto que presentaron en el 2000, cuando también auguraron un cambio. El propósito no acabó de cuajar entonces: la remodelación urbanística fue amplia, pero perduraron la pobreza, la estigmatización, la infravivienda y el tráfico de drogas, que lastran a las calles desfavorecidas de la zona.

La fórmula de hace 25 años se retoma repescando proyectos que quedaron encallados y que la Generalitat promete desatascar. Ahora figuran 10 propuestas en las que invertirán cuatro departamentos del Govern. Son los de Territori, Drets Socials, Educació y Esports. El tocho predomina otra vez, si bien se incluyen nuevos programas sociales a implantarse a partir de 2026 y financiados con 12 millones de euros.

El proyecto imita las maneras y los propósitos de un proyecto anterior de 2000, que no acabó de cuajar para lograr mejoras sociales

Más viviendas

Todas las medidas del paquete ya fueron anunciadas en abril de 2024, entonces bajo el Govern de ERC. El ejecutivo del PSC precisa ahora presupuestos y pone plazos, salvo en algunos casos en que no se han concretado.

El plan también se reta a construir 356 viviendas públicas, en promociones ya conocidas. Se proyectan varios inmuebles que suman 240 hogares en tres grandes descampados pegados a la Rambla de La Mina, aprovechados hasta ahora como zonas de aparcamiento. No consta cuándo estarán edificados y la Generalitat los incluye en su campaña para ganar 50.000 pisos sociales. Defiende que deben tener "un gran impacto regenerador" y han de contribuir a "diversificar, renovar y rejuvenecer la composición social del barrio".

Además, el plan incluye 5,93 millones de euros para levantar una guardería de 100 plazas. Estaba prevista en el plan del 2000, pero nunca se edificó. Asigna 12,11 millones para convertir el antiguo ambulatorio en un centro residencial de la tercera edad de 60 plazas, como estaba planificado. Dedica 6,65 millones para un centro internacional de luchas olímpicas, que se pretende de "referencia mundial" y capaz de atraer tanto a deportistas de élite como a principantes y jóvenes del entorno. Además, el casal cívico se rehabilita con tres millones de euros y se mantiene la idea ya sabida de crear la sede del Departament de Drets Socials en un solar de La Mina. En todo caso, no se cuenta con que las oficinas estén acabadas en 2030.

Los ingresos anuales del Consorcio de La Mina se doblarán de 6,52 millones a 13,34 millones de euros entre 2026 y 2029 para costear programas sociales y gestionar el fin de Venus. Las aportaciones extra vienen de la mano de la Generalitat (subirán de 2,86 millones a 5,72 millones de euros al año), el Ayuntamiento de Barcelona (de 2,3 millones a 4,6 millones) y la Diputación (de 1,36 millones a 2,72 millones).

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