Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

La política fiscal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dará un vuelco determinante el próximo 2026. Los reiterados reveses judiciales del Tribunal Supremo contra el conocido como Tributo Metropolitano han abocado al AMB a aprobar una nueva ordenanza fiscal este 28 de octubre que cambia el impuesto de arriba a abajo. La concreción más inmediata pasa por que 242.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el tributo el próximo 2026, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El recibo medio que deberán abonar esos miles de hogares será de unos 17,5 euros anuales, lo que implicará pagos semestrales entre los 7 y los 9 euros de media.

La razón que explica esta nueva tributación del único recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) vigente en España es que todos esos hogares estaban hasta ahora exentos de pagar el impuesto por localizarse en inmuebles con un valor catastral inferior a 49.213,77 euros y dedicados a primera residencia. Después de que el Tribunal Supremo tumbara esta exención, el beneficio fiscal —vigente este 2025 de manera excepcional— ha desaparecido de la nueva ordenanza y ya no será aplicable el próximo 2026.

La nueva norma fiscal del 2026 ha salido adelante en el Consejo Metropolitano del AMB con el único voto favorable del PSC y la abstención del resto de fuerzas políticas que integran el gobierno metropolitano: Junts, ERC y Comuns. También se han abstenido Compromís i Acord per Torrelles y Junts per Tiana, cuyo alcalde, Isaac Salvatierra, se ha mostrado muy crítico con la reforma del Tributo Metropolitano: "No se han hecho los deberes", ha afirmado Salvatierra, deslizando su descontento con el retorno metropolitano que recibe el municipio. PP y Vox han votado en contra.

Otro elemento jurídico esencial del tributo que desaparece en el recién aprobado reglamento fiscal son las reducciones en la cuota. Hasta este 2025, el AMB ha permitido un beneficio fiscal de cientos de euros al año por hogar que tampoco podrá aplicarse en 2026. Ante esta caída, y para compensar lo que supondría un incremento desorbitado en la tributación de los 2,2 millones de hogares que pagan el recargo, el AMB ha dado el paso de bajar el tipo impositivo. La administración metropolitana confía en que los hogares que ya pagaban el tributo no notarán en sus recibos un incremento anual superior al 10%.

El gravamen desciende de este modo hasta un 0,045%, a aplicar sobre el valor catastral del inmueble correspondiente. Hasta ahora era de un 0,2%, que había pasado a ser un gravamen único en la ordenanza fiscal del 2023 tras tumbar los tribunales el tipo agravado que atribuía mayor carga fiscal a los denominados Bienes de Características Especiales (BICES). Se trata de los inmuebles de las grandes empresas ubicadas en importantes instalaciones del área de Barcelona como el aeropuerto o los ciclos combinados de la Central Térmica del Besòs. La reforma fiscal que consagra el AMB borra las diferencias tributarias entre grandes empresas y particulares, que hasta la fecha salían comparativamente beneficiados.

Sin cambio en la Ley de Haciendas Locales

A la reforma fiscal que el AMB acaba de sacar adelante la han precedido conversaciones entre la administración metropolitana y el Ministerio de Hacienda, tal y como avanzó este diario. El objetivo de las mismas era hallar en la Ley de Haciendas Locales un encaje legal al Tributo Metropolitano para que su reformulación no afectase financieramente al AMB, que ha venido recaudando años atrás unos 130 millones con el impuesto. Pese a la singularidad estatal que representa el ente metropolitano, la tensión en Madrid ha obstaculizado que estas negociaciones lleguen por el momento a buen puerto.

El sabor de la reforma fiscal es agridulce en el AMB porque representa una victoria de las grandes empresas en detrimento de las economías domésticas. Si hasta ahora los inmuebles en poder de las grandes sociedades tributaban más, ahora lo harán en la misma medida que los particulares. Es la consecuencia de los triunfos judiciales de Endesa, Naturgy y Enagás, que llevan años ganando en el Tribunal Supremo recursos contra las distintas ordenanzas del Tributo Metropolitano desde el año 2020.

Este diario ya contó que en el origen de esas demandas hay liquidaciones tributarias, valoradas en 5,7 millones de euros entre 2020 y 2024, que las grandes energéticas han venido considerando "ilegales". Esencialmente, argumentan en sus recursos, por sufrir en su tributación de los BICES un agravio comparativo respecto a los otros tipos de inmuebles gravados por el Tributo Metropolitano: los urbanos —por los que tributa la ciudadanía— y los rústicos.

Casi una decena de sentencias judiciales del Tribunal Supremo les han dado la razón: el Tributo Metropolitano no puede introducir novedades jurídicas, como exenciones, tipos diferenciados o reducciones en la cuota, que no contemple ya la regulación estatal del IBI, el impuesto sobre el que se calcula. La ordenanza fiscal del tributo para el venidero 2026 elimina esas diferencias, homogeneiza el régimen fiscal del Tributo con el IBI y aspira a cerrar el capítulo judicial que tantos quebraderos de cabeza le ha causado al AMB los últimos años.

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