La tasa de basuras media se sitúa en 116 euros anuales por hogar en su mayor subida de la década

La tasa de basuras que recaudan los ayuntamientos españoles se sitúa este 2025 en los 116,32 euros anuales de media por hogar. El importe supone un incremento del 16,2% en relación a la cuota doméstica media del pasado 2024 (100,12 euros). Un aumento "muy por encima" al del Índice de Precios de Consumo (IPC) y que materializa la "subida más importante" de la década de este polémico tributo municipal, apodado popularmente como 'basurazo' tanto a izquierda como a derecha del arco político e implementado por mandato europeo.

Las valoraciones se extraen del nuevo informe 'Las tasas de residuos en España 2025', elaborado por la Fundació ENT y que avanza EL PERIÓDICO. La entidad de Vilanova i la Geltrú, con prestigiosos estudios en el campo de los residuos y con un observatorio fiscal de residuos que ha trabajado con ministerios estatales y con la Agència de Residus de Catalunya, ha calculado la tarifa de la tasa a partir de las ordenanzas fiscales de una muestra de 131 ayuntamientos españoles, poniendo especial énfasis en las capitales de provincia. A tal efecto, el informe delimita un 'hogar tipo' —valor catastral de 64.295 euros, habitado por dos personas de entre 20 y 59 años y situado en un centro urbano con 75 m²— a partir de los parámetros más comunes y le aplica la tarifa de cada ciudad, contemplando en ella tanto la recogida como el tratamiento de los residuos.

La conclusión de los investigadores es clara: el encarecimiento de este 2025 "es el más notorio" desde el inicio de los análisis diez años atrás, explica a este diario el doctor en Ciencias Ambientales Ignasi Puig, director del informe —cuya autoría es de Gerard Marina— y fundador de ENT. Ahora bien: después de años por debajo del IPC, se espera que la tasa siga subiendo en ejercicios venideros. Ya que, de media, sus ingresos sólo logran cubrir a estas alturas un 65,5% de sus costes, mientras que la Ley obliga a una cobertura de costes del 100%. "Sorprende que muchos ayuntamientos no cubran con los ingresos de la tasa aún sus gastos, tal y como exige la Ley", agrega Puig. El experto vincula la lenta aplicación del gravamen con la polvareda que ha levantado en los municipios y con que "queda un año y medio para las próximas elecciones municipales".

La cobertura del total de los costes es, de hecho, uno de los dos grandes objetivos de la ley estatal que transpone una directiva europea para que los 8.132 municipios españoles establezcan la nueva tasa desde abril de este 2025. El vaciado de presupuestos municipales realizado por ENT arroja este año unos ingresos medios por la tasa de 3.487,70 frente a 5.324,53 millones de gastos, lo que implica una cobertura del 65,5%, 12 puntos más que el pasado 2024 (53,6%).

El segundo objetivo legal pasa por impulsar el pago por generación para desarrollar el principio de 'quien contamina, paga'. "Los avances que vemos en este sentido son muy tímidos", lamenta Puig. El investigador condiciona la mejora del reciclaje a la recogida de residuos vía contenedores inteligentes o 'puerta a puerta', fórmulas que los grandes ayuntamientos estudian implantar de manera incipiente. "Es la gran asignatura pendiente del Estado en materia de residuos", rubrica el fundador de ENT. Sin ir más lejos, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) acaba de lanzar un plan de inversiones millonarias para combatir el suspenso crónico en reciclaje de 30 de sus 36 municipios, los cuales están por debajo del umbral europeo de 55% de recogida selectiva para este año.

Anatomía del malestar vecinal en las ciudades

El malestar vecinal que la tasa de residuos ha provocado en las ciudades halla raíces tan heterogéneas como la gestión del tributo que realiza cada uno de los miles de ayuntamientos españoles. En muchos municipios, la principal reclamación reside en que la ciudadanía sufre una excesiva presión fiscal, con casos donde la tasa se ha llegado a duplicar y se suma al resto de cargas locales, principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Consultado sobre este aspecto, Joaquim Solé, catedrático de Finanzas en la Universitat de Barcelona y experto catalán de referencia en haciendas locales, asegura echar de menos "un poco de honestidad por parte de los gobiernos locales" para bajar la presión fiscal al ciudadano. "Si la tasa sube para cubrir los costes del servicio, eso quiere decir que los ingresos por IBI con los que se pagaba antes quedan liberados. Por lo tanto, y aunque no están obligados, los ayuntamientos podrían encontrar un buen argumento político en bajar el IBI para compensar", considera Solé.

En otras poblaciones es la gestión del tributo la que ha irritado a los vecinos. En Catalunya, el ejemplo paradigmático es el Vallès, donde miles de vecinos han firmado peticiones e incluso han salido a la calle al no comprender por qué pagan dos recibos de la tasa. En este caso, la clave es que se trata del mismo tributo fragmentado en dos facturas: una se refiere a la recogida de los residuos —cobrada por los ayuntamientos— y la otra a su tratamiento —cobrada por el Consell Comarcal—, que en el perímetro de la Barcelona metropolitana gestiona el AMB.

La duda sobre la efectividad en el reciclaje

Toda esa crispación ciudadana han tratado de capitalizarla fuerzas de todo pelaje político, desde la extrema derecha hasta alianzas con acento de izquierdas. Tal es la transversalidad de la oposición política a la tasa que se dan curiosos casos en que un mismo partido lidera su aplicación o la critica en función de si gobierna o está en la oposición. En el mismo área de Barcelona hay múltiples ejemplos. Uno de ellos: mientras al PSC le ha tocado capitanear la nueva tasa en el grueso de municipios donde gobierna, en Badalona ha criticado públicamente la gestión del tributo a cargo del alcalde Xavier Garcia Albiol (PP). A su vez, al tiempo que Albiol ha lidiado con equilibrismos al implantar la tasa, el PP ha cargado duramente contra ella desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

También ha resultado controvertida la fórmula de cálculo de la tasa. El estudio de ENT sostiene que un 37,40% de los municipios analizados aplican una cuota fija, que a su vez es combinable con otras variables. Entre ellas destaca la ponderación de localización del inmueble (32,82% de los casos); su superficie (9,16%); su valor catastral (8,40%); el número de habitantes (7,63%); y el consumo del agua (6,11%). Este último método es el que se aplica en Barcelona y su entorno de manera mayoritaria, con la sonada excepción de L'Hospitalet de Llobregat, que se ha apartado del criterio del agua para calcular la cuota a partir del número de residentes y metros cuadrado de los domicilios.

En los debates en torno a la tasa subyace habitualmente la duda de si será capaz de desincentivar la falta de reciclaje o, dicho de otro modo, de mejorar el reciclaje en las ciudades. Puig cree que "es muy pronto" para saberlo, aunque "dependerá de si se implementan contenedores inteligentes o 'puerta a puerta'". Benjamí Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC que sigue la actualidad de la tasa, aduce que "se acabará reciclando más en las ciudades donde el cálculo de la cuota de la tasa acabe estando vinculado con la basura que se genera". Algo que, a juicio de Anglès, no ocurre mayoritariamente a día de hoy: "Se demuestra que, lejos de mejorar el reciclaje, en muchos municipios se consigue lo contrario. Y esto tendrá un coste político", zanja el experto.

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