Santa Coloma de Gramenet empezará a sancionar en su ZBE 'in extremis' a partir del 31 de diciembre

Santa Coloma de Gramenet empezará a sancionar en su nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 31 de diciembre de este 2025. Es la fecha de entrada en funcionamiento de la ZBE y de su régimen sancionador que consta en el proyecto técnico, elaborado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Institut Metròpoli y consultado por EL PERIÓDICO, que sustenta la ordenanza municipal que fue aprobada inicialmente en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma este pasado 20 de octubre. La aprobación definitiva se prevé de cara a noviembre.

La ciudad al norte de Barcelona se convierte en la última del AMB obligada a lanzar una ZBE —por tener más de 50.000 habitantes— que aprueba su primera ordenanza municipal para vetar la circulación de los vehículos más contaminantes, por el momento los que no cuentan con distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). La fecha de entrada en vigor, además, será 'in extremis': la ciudad apura el plazo porque el decreto catalán aplicable exige que el 1 de enero del 2026 los ayuntamientos tengan sus normas locales adaptadas a la regulación autonómica.

En la nueva línea del resto de ciudades del AMB, la ZBE de Santa Coloma cubrirá la totalidad del núcleo urbano, con una extensión de 4,2 km². El veto a los vehículos más contaminantes se producirá entre las 7:00 h y las 20:00 h de lunes a viernes laborables.

Serán 6.580 vehículos sin etiqueta ambiental, un 13,5% del total de 48.744 vehículos censados en la ciudad, los que ya no podrán circular a partir del 31 de diciembre durante el horario y los días citados en el perímetro urbano de la ciudad con limitaciones medioambientales. En términos del parque circulante, es decir los vehículos que circulan por Santa Coloma habitualmente, la afectación será a unos 1.300 vehículos. Acorde con la norma catalana, el reglamento colomense explicita también que el 1 de enero del 2028 comenzarán las restricciones de circulación para los vehículos con etiqueta B (amarilla). En ese caso, serán unos 13.795 vehículos los que deberán dejar de circular ante el futuro veto medioambiental, tal y como ocurrirá en el resto de municipios catalanes de más de 50.000 habitantes.

La incógnita de Badalona

En el contexto apremiante de la norma catalana, sumado a la espada de Damocles de las millonarias ayudas estatales al transporte público, y aderezado con una reciente investigación de Fiscalía que sacó a la luz este diario, son muchas las ciudades que —con retraso— están dando el paso a finales de este 2025 de activar definitivamente sus ZBE, una política que el propio AMB lidera en el Estado desde 2020 y a la que el decreto estatal aplicable obliga desde junio del 2024.

Recientemente dieron también el paso L'Hospitalet o Cornellà de Llobregat, con aprobaciones iniciales que enmiendan reveses judiciales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el pasado 2024, además de Castelldefels, donde el díscolo alcalde Manu Reyes (PP) se ha desmarcado de la tónica general del AMB con una excepcional exención de multas para residentes hasta ni más ni menos que el año 2030.

Queda por ver qué ocurre con la ZBE de Badalona, el otro bastión popular en la conurbación barcelonesa. El alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) ha anunciado un veto a medida: sin etiquetas ambientales, elemento imprescindible de cualquier ZBE, y en el que los residentes sí puedan circular. El Gobierno del exalcalde Rubén Guijarro (PSC) había aprobado una ordenanza municipal que Albiol frenó poco después de llegar a la alcaldía, en septiembre del 2023. El consistorio badalonés sigue con la idea de aprovechar que el Pisuerga de la peatonalización de su centro histórico pasa por Valladolid para justificar una presunta ZBE. A dos meses y poco para que acabe el año, sigue siendo una incógnita cómo se concretará jurídicamente ese proyecto.

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