Acumulaban 34 antecedentes
Desalojan a 16 personas de un asentamiento "insalubre" en una nave abandonada de Vilanova i la Geltrú
El Ayuntamiento asegura que la ocupación causaba problemas de inseguridad, plasmadas en repetidas quejas vecinales
Los ocupas del gran asentamiento de Badalona denuncian "discriminación" para suspender su desalojo

Imagen de la nave desalojada este miércoles por la mañana en Vilanova i la Geltrú / AJUNTAMENT DE VILANOVA

Un operativo conjunto de los Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Vilanova i la Geltrú y la Policía Nacional ha desalojado este miércoles por la mañana a 16 personas de un asentamiento irregular situado en una nave a medio construir en la avenida Eduard Toldrà.
Según explica el gobierno municipal en un comunicado, el asentamiento se había instalado a mediados de junio en el inmueble, de una planta de altura y "perfectamente visible desde el exterior". Los ocupantes habían levantado construcciones precarias en el interior en las que habitaban al menos las 16 personas que han sido identificadas por las fuerzas del orden en el momento del operativo. El Ayuntamiento asegura que ninguna de esas personas es menor de edad y que tampoco se han encontrado animales de compañía.
Los vecinos de la zona habían emitido "numerosas quejas por la inseguridad", sostiene el consistorio, que menciona una pelea multitudinaria protagonizada por los ocupantes del inmueble que tuvo lugar este mismo lunes 20 de octubre. En esta línea, la Policia Local de la capital del Garraf ha declarado que entre la quincena de desalojados suman 34 antecedentes policiales, algunos de ellos por delitos contra el patrimonio.
Asimismo, también señala las "graves deficiencias de habitabilidad" derivadas de las lógicas carencias de un inmueble a medio construir, así como el hecho que los ocupantes acumulaban basuras en la planta subterránea "que constituían un riesgo para la salubridad y la seguridad, con presencia de roedores".
Tras el operativo, que se ha desarrollado sin incidentes, el propietario del inmueble ha sido requerido para asegurar el edificio y evitar, así, que vuelva a ser ocupado en el futuro. El Ayuntamiento, que declara haber desplazado a los servicios sociales para atender casos de vulnerabilidad, ha establecido un plazo de 72 horas para que los ocupantes puedan pasar a recoger sus pertenencias.
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