Barcelona tiene identificadas 32 ocupaciones ilegales en propiedades del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona tiene identificadas 32 propiedades municipales ocupadas ilegalmente en la ciudad. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha precisado la cifra, actualizada a este mes de octubre, en una comparecencia a petición del Partido Popular en la comisión municipal de presidencia de este miércoles. El líder municipal del PP, Daniel Sirera, ha sostenido que la cifra de ocupaciones en espacios públicos "no hace más que crecer" desde que el alcalde Jaume Collboni gobierna.

Batlle ha sostenido que los desalojos de espacios públicos tomados “es una prioridad en materia de seguridad y convivencia” y ha postulado que “Barcelona no puede ni ha de dar pie a ocupaciones ilegales, menos cuando los bienes son de titularidad municipal”. En paralelo, se ha comprometido a que los desahucios se practiquen con “respeto a los derechos de las personas afectadas” y “ofrecer alternativas habitaciones adecuadas a personas o familias en situación de vulnerabilidad que viven en sitios ocupados”.

Batlle se ha reafirmado en que los distritos seguirán tramitando “todos los expedientes para unos desalojos ordenados y garantistas”. Este martes, el ayuntamiento llevó a cabo la expulsión de una treintena de personas sin hogar que acampaba en el parque Joan Miró, en el Eixample. Hace un par de semanas, desahució a 56 chatarreros de una nave de la antigua colonia industrial de La Escocesa, en el Poblenou.

El teniente ha desgranado la cifra de espacios pertenecientes al ayuntamiento que permanecen ocupados por distritos y “repartidos de forma desigual” por la ciudad. Batlle ha concretado que hay una propiedad municipal usurpada en Ciutat Vella, cinco en Sants-Montjuïc, una en Sarrià-Sant Gervasi, seis en Gràcia, tres en Horta-Guinardó, una en Nou Barris, nueve en Sant Andreu y seis en Sant Martí.

De todos esos casos, el concejal ha dicho que quedan tres por abrir expediente para inicar los trámites de desalojo. “Se trabaja para iniciarlos y recuperar todos los espacios de titularidad municipal en la mayor brevedad posible dentro de los términos administrativos y legales”, ha manifestado.

Sirera ha criticado que existan episodios de ocupación "en que no se ha hecho nada". "¿Por qué seguimos con 29 espacios ocupados desde hace años?", se ha preguntado el popular, que ha observado que la cifras crecen desde principios del madato. "Primero nos dijeron que eran 22 ocupaciones, luego 29 y ahora reconocen que son 32 -ha cuantificado-. Es preocupante que, desde que el PSC gobierna, las ocupaciones ilegales de edificios municipales se incrementen".

Caso por caso

En cuanto al resto de ocupaciones en que se ha comenzado a cursar el desahucio, Batlle ha indicado que “se hallan en diferentes fases de tramitación, en función de si se han interpuesto recursos administrativos o judiciales”. Batlle ha alegado que “cada caso requiere un análisis individualizado y una respuesta ajustada a sus circunstancias”.

A su vez, ha afirmado que, a causa de la “complejidad administrativa y jurídica” de los casos a abordar, “no es posible disponer de un calendario cerrado y uniforme” sobre el desalojo de cada uno de los inmuebles tomados, como el PP ha requerido. Ha señalado que depende de “cuándo se emite la autorización judicial de entrada o el desenlace de trámites administrativos previos”.

“No podemos establecer un criterio único de actuación, cada uno tiene su realidad y su complejidad: no es lo mismo una nave industrial que un local comercial que un edificio de viviendas con familias vulnerables”, ha distinguido Batlle. El teniente ha indicado que, por ahora, se ha priorizado retomar la propiedades usupardas en que los inspectores municipales han concluido que existe riesgo por situación de infravivienda. “En esos casos, hay que actuar con celeridad y sensibilidad, garantizando la seguridad de las personas con actuaciones coordinadas con los servicios sociales y de mediación, que no vaya en detrimento de los derechos fundamentales ni la protección esencial de las personas afectadas”, ha aducido.

Para concluir, Batlle ha advertido que la “mirada social” que ha defendido que el consistorio pone en los desahucios que promueve en sus espacios debe ir acompañada de la protección de la seguridad. En ese sentido, ha sostenido que los espacios usurpados “pueden convertirse en puntos de concentración de personas con perfiles delincuenciales, que instrumentalizan las ocupaciones para operar con mayor impunidad o favorecer actividades ilícitas”.

Por su parte, Sirera ha instado a Batlle a que "no le tiemblen las piernas" y "libere los espacios municipales ocupados lo más rápido posible". "Barcelona no puede seguir tolerando la ocupación ilegal de espacios municipales -ha blandido-. Están fuera de servicio, degradados y algunos se han convertido en focos de conflicto y violencia".

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