“Solo pedimos un techo”: la ocupación del viejo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell se resiste al desalojo ante el "riesgo de derrumbe"

“Seguiremos aquí si no hay alternativa habitacional”. Habla Lino Ferreira, conocido como Tino, portavoz de las cerca de cuarenta personas que desde hace un mes ocupan el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell, un complejo que permanecía vacío desde hace más de 25 años y que los vecinos de la ciudad conocen como 'La Caserna'. Familias con menores, mujeres solas y hombres de diferentes edades decidieron entrar en los antiguos pisos donde antes vivían los guardias civiles y sus familias. Lo hicieron, dicen, “para resguardarse del frío, de la lluvia y de los peligros de dormir en la calle tras no poder acceder a un alquiler por los actuales precios del mercado".

El Ayuntamiento de Sabadell, sin embargo, considera que el edificio no reúne las condiciones mínimas para ser habitado y ha ordenado su desalojo inmediato. Un informe técnico municipal consultado por este diario alerta de un riesgo de colapso estructural y desprendimiento de materiales, además de una falta total de habitabilidad y salubridad. “El riesgo de derrumbe es real”, señalan fuentes del área municipal de Urbanismo. La orden incluye el tapiado del recinto una vez sea desalojado. Fuentes municipales insisten en qué el "desalojo voluntario" debe ser antes del próximo 27 de octubre y, si no, será llevado ante un juez. El caso ha llegado hasta la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que ha abierto una actuación de oficio para solicitar al Ayuntamiento una solución habitacional urgente para los ocupantes.

Los ocupantes, en cambio, insisten en que los pisos donde viven “no están tan mal. No hay grietas en el edificio donde vivimos”. “Lo que está degradado de verdad es la parte del cuartel policial, no los bloques de viviendas”, explica Tino, que llegó desde Girona tras no poder asumir la subida del alquiler. “Hace ocho meses que dormía en la calle, justo al lado del hospital Taulí. Aquí al menos no recibimos agresiones", afirma.

Desde fuera, el conjunto de cuatro edificios mantiene una apariencia sólida. Pero quienes lo habitan aseguran que, al entrar, encontraron un escenario de abandono. “Había ruinas, basura, jeringuillas, incluso árboles dentro. Todo estaba sucio”, recuerda Francisco Javier, uno de los vecinos. “Ahora hemos limpiado, organizado turnos y nos ayudamos entre todos. No es ideal, pero hemos creado una convivencia buena”, añade. Él trabaja a 30 horas en el Burger King. Hace el cierre del servicio. Cobra un salario modesto y envía 300 euros al mes de manutención a su hijo en Sevilla. “Con lo que gano es imposible pagar un alquiler. Si pago 600 euros por un piso, ¿qué como?”.

Las condiciones siguen siendo delicadas: sin agua ni electricidad, con ventanas rotas, cables arrancados y agujeros visibles en las fachadas y en el techo. “Aquí dentro, al menos, no nos mojamos ni nos roban. En la calle, eso pasaba cada dos por tres”, explica José, otro residente que se prometió no volver a pasar un invierno durmiendo al raso. “Lo he conseguido, aunque sea ocupando. Duermo bajo un techo”.

La falta de electricidad es uno de los principales problemas para la familia de Jannet. “Pasamos frío por las noches y son unas condiciones inasumibles para criar a dos menores, de dos y un año”, lamenta. Ella es de Nigeria y su marido, de Camerún. Llegaron a Catalunya hace ocho meses, concretamente a Sabadell. Durante los primeros meses, Jannet vivía en una iglesia bajo el amparo de Cáritas junto a sus dos hijos, mientras su marido dormía en la calle.

Ahora han encontrado en este edificio un lugar donde pasar el día con los niños, mientras el padre se queda a dormir por las noches. Dicen que aquí, al menos, pueden estar juntos como familia, aunque la inestabilidad persiste. “Solo queremos tener electricidad”, insiste Jannet, decidida a no permitir que sus hijos crezcan en medio de tanta vulnerabilidad.

Un edificio degradado y en riesgo

El informe del consistorio sabadellense detalla que la situación de deterioro del conjunto fue ya diagnosticada en 2019 y que ha empeorado con el paso del tiempo y los actos vandálicos. El texto identifica tres grandes problemas. El primero, el riesgo estructural, peligro de colapso y desprendimiento de materiales tras la retirada de los apuntalamientos de protección. El segundo, la falta de habitabilidad: ausencia de agua, luz, cocina e instalaciones sanitarias. Y por último, la insalubridad: acumulación de residuos, escombros y presencia de restos de amianto en cubiertas y patios.

El Ayuntamiento sostiene que el edificio no puede destinarse a vivienda bajo ningún concepto y que su obligación es “garantizar la seguridad de las personas”. Aun así, no todos comparten esa visión. De hecho, este lunes 20 de octubre, una veintena de entidades de Sabadell pidieron al Ayuntamiento que detenga el proceso de desalojo. Representantes de los colectivos firmantes han denunciado que el consistorio ha garantizado una solución temporal, un alberge, solo para las dos familias con niños, algo que deja "desamparados", afirman, a los 30 ocupantes restantes.

“No queremos lujo, solo una alternativa”

Entre los residentes hay perfiles muy distintos. Algunos, como José o Tino, acabaron en la calle tras perder su vivienda. Otros, como Kimbo, llegaron desde otros países buscando una oportunidad. Natural de Guinea Ecuatorial, huyó del conflicto en su país hace dos años. Aprendió catalán y asiste a cursos para poder empadronarse y regularizar su situación. “Vivir aquí [en los pisos de 'La Caserna'] me permite estar tranquilo y no dormir en la calle. Es un lugar más seguro”, explica. En contacto con su familia, cuenta que ellos “prefieren quedarse en Guinea, viendo cómo están las cosas aquí”. Pese a las condiciones del edificio, todos coinciden en algo: evitar la calle. “No queremos lujo, solo un sitio donde poder dormir sin miedo y sin mojarnos”, repite Tino.

Reacciones políticas y sociales

El desalojo previsto ha generado reacción política y movilización social en la ciudad. La oposición municipal, con Crida per Sabadell al frente, lo ha calificado de "caso sin precedentes” y ha exigido al gobierno municipal que ofrezca una solución habitacional de urgencia. La citada veintena de entidades y colectivos locales han firmado un manifiesto en el que reclaman detener cualquier desalojo hasta garantizar “una alternativa digna, estable y consensuada”. En el texto también piden abrir el albergue municipal o habilitar un nuevo espacio de acogida, ahora que han llegado el frío y las lluvias, y reclaman la protección de las más de 200 personas que siguen viviendo en la calle.

El manifiesto sostiene que la situación de La Caserna “no es un caso aislado, sino el reflejo de una lógica que convierte la vivienda, un derecho fundamental, en un negocio”. Las entidades aseguran que “no aceptarán que las familias sean expulsadas mientras el edificio permanezca vacío” y denuncian la “pasividad política” ante la emergencia habitacional, concluyen.

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