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Nombramiento anulado

Barcelona admite "dificultad" para relevar al exalto cargo del ICUB cesado por mandato judicial

El gobierno de Collboni defiende la tarea “excelente” de Jaume Muñoz y asegura que no tienen “ningún problema” con su actuación

Barcelona cesa por orden judicial a un alto cargo del Institut de Cultura

Un tribunal anula el nombramiento de un alto cargo de Barcelona por méritos sobrevalorados

El concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, en una iamgen de archivo.

El concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, en una iamgen de archivo. / Eli Don / ACN

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
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Cubrir la vacante que ha dejado el cese por orden judicial del director de Patrimonio Cultural, un alto cargo del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), no está siendo fácil. Como avanzó EL PERIÓDICO, el juzgado de lo contencioso administrativo número 16 declaró nula la designación del historiador Jaume Muñoz Jofre, al considerar que en 2022 se sobrevaloró como experiencia directiva que el candidato hubiera coordinado acomodadores externos en el Liceu.

Ahora, el ICUB debe relevarle y eso está comportando una “dificultad”, según ha admitido el concejal de Cultura, Xavier Marcé, en la comisión de Derechos Sociales de este martes, donde ha comparecido a petición de ERC para dar a conocer la situación tras el cese en cumplimiento de una sentencia de 2023.

Queda todavía pendiente determinar cómo se cubrirá la vacante en la dirección de Patrimonio Cultural, puesto que el tribunal contencioso administrativo pedía retrotraer el proceso de selección hasta la fase de valoración de méritos. Sin embargo, los tres años transcurridos dificultan regresar al punto de partida, tanto para la Administración como para las personas entonces candidatas al puesto.

Así lo ha suscrito Marcé. “La dificultad que tenemos en estos momentos es que el jurado ya no está en el ayuntamiento de Barcelona, algunos de los miembros que se habían presentado están jubilados, y eso comporta un pequeño tiempo”, ha reconocido. Al mismo tiempo, ha contado que están pendientes de convocar de nuevo las entrevistas porque el juez ordena hacer “este acto retroactivo”.

“Este proceso tiene dos fases que deberán cumplirse”, ha precisado el concejal de Cultura. La primera consiste en repetir las entrevistas y tomar la decisión que corresponda o, si fuera necesario, convocar un nuevo concurso para la dirección de Patrimonio Cultural. Mientras no concluya este proceso, la vacante se cubre mediante un ejercicio interno de cesión de competencias entre la dirección general y la gerencia del Institut de Cultura.

"No hay ningún problema"

Marcé ha subrayado que el ayuntamiento ha seguido "al pie de la letra" los mandatos judiciales y los ha obecedido "escrupulosamente". Asimismo, ha destacado “la excelente labor” de Jaume Muñoz al frente del área, y ha asegurado que “no hay ningún problema" con el trabajo que ha realizado.

“Quiero dejar constancia de ello para que nadie piense que ha habido una actuación que no ha sido oportuna", ha dicho. Marcé ha recordado, sin embargo, que “las razones judiciales obligan a cumplir este mandato”, algo que, insiste que han hecho "escrupulosamente y en el tiempo oportuno”.

La oposición reacciona

Más allá del respeto por las decisiones judiciales, el portavoz de ERC, Jordi Castellana, ha considerado que el debate debe focalizarse en “reforzar el compromiso institucional” y en evitar que se repitan casos que obliguen a los tribunales a corregir decisiones municipales.

Por parte de Junts, el concejal Joan Rodríguez ha elevado el tono y ha cargado contra el gobierno de Collboni por “falta de confianza, rigor institucional y ejemplaridad democrática”. Cree que el caso es “grave” al tratarse de una “vulneración de derechos” y ha reclamado responsabilidades políticas.

La concejal de BComú, Jess González, se ha centrado en defender la labor de Jaume Muñoz, “muy valorado por los trabajadores del ICUB”, mientras que el concejal del PP Victor Martí ha criticado la “improvisación y falta de control” del gobierno ante un proceso judicial que “evidencia errores graves”. Liberto Senderos, portavoz de Vox, ha optado por acusar al ejecutivo de “priorizar el perfil ideológico sobre el mérito”.

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