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Ocupado por unas 40 personas

Aplazado el desalojo del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell mientras la Sindicatura de Greuges pide garantías

El Ayuntamiento alega riesgo de derrumbe mientras la Síndica de Greuges pide suspender el operativo hasta tener garantías técnicas y sociales

CONTEXTO | Cuenta atrás para el desalojo por "riesgo de derrumbe" de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell

Obras en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell

Obras en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell / JOSEP GARCIA / Delegaciones

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sabadell
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El desalojo previsto para este viernes 17 de octubre de los 40 ocupantes del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell, conocido popularmente como 'La Caserna', no se ha llevado finalmente a cabo. Los vecinos y entidades sociales que acompañan a los residentes han confirmado que, de momento, el operativo se ha aplazado “unos días”, después de que el Ayuntamiento haya dado un pequeño margen para que los ocupantes abandonen el edificio de forma voluntaria. Durante el día se prevé que acudan en el edificio - donde viven desde hace tres semanas familias con menores, jóvenes y mujeres solas - los Servicios Sociales para estudiar cada caso y poder dar una respuesta.

Fuentes municipales consultadas señalan que el consistorio “ha notificado la orden de desalojo por riesgo de derrumbe”, pero que el plazo concreto “varía en función de la notificación individual y del tiempo necesario para que las personas puedan marcharse sin intervención judicial”. “Se les ha dicho que deben abandonar el inmueble y se les ha dado un margen de unos días”, explican las mismas fuentes. En caso de no hacerlo, el asunto pasaría a manos del juzgado.

Un edificio con "riesgo estructural"

El Ayuntamiento basa la decisión del desalojo en un informe urbanístico, fechado el 10 de octubre, al que ha tenido acceso este diario. En él se concluye que “el conjunto de la caserna no es apto, en su situación actual, para su uso”, y que “solo se debe permitir la entrada de manera restringida y con fines de inspección técnica”. El documento recomienda ordenar “el desalojo de la edificación a la mayor brevedad posible”.

El edificio, cerrado desde finales de los años noventa, llevaba más de 25 años vacío antes de ser ocupado hace unas tres semanas por unas 40 personas. En su mayoría, se trata de personas que han quedado fuera del mercado de la vivienda por el precio del alquiler o situaciones de vulnerabilidad. “No tenemos otro lugar donde ir”, explica una de las residentes. “Aquí, al menos, dormimos bajo techo”.

La Síndica de Greuges pide prudencia

Este mismo jueves, la Sindicatura de Greuges de Catalunya emitió un informe urgente en el que pedía al Ayuntamiento que reconsiderara el desalojo. En su escrito, el organismo autonómico advierte que ha abierto una actuación de oficio y solicita que se suspenda la medida “en caso de que el riesgo de colapso no sea generalizado ni afecte las antiguas viviendas”.

La Síndica también ha pedido que se le hagan llegar “con urgencia” los informes técnicos sobre el estado real del edificio y que se detalle el seguimiento de los servicios sociales municipales hacia las familias afectadas, así como los recursos de alojamiento de emergencia disponibles. "Pedimos que se garantice una alternativa habitacional para las personas afectadas y, especialmente, para los menores", subraya el documento.

Entre la precariedad y la incertidumbre

Desde la entidad Ningú Sense Sostre, que ha acompañado a los ocupantes, su portavoz Jordi Solé lamenta que “todo se haya precipitado sin una alternativa digna”. “En el cuartel viven unas cuarenta personas de distintos orígenes: españoles, familias peruanas con niños, personas subsaharianas y marroquíes. No hablamos de delincuentes, sino de gente que se ha quedado sin techo y ha ocupado un espacio vacío desde hace más de dos décadas”, recuerda.

Mientras tanto, el edificio de la Caserna continúa en pie, los residentes viven con la incertidumbre de no saber si el aviso de desalojo se ejecutará mañana, pasado o la próxima semana. “Nos han dicho que hay riesgo de derrumbe, pero aquí no se ha caído nada en 25 años”, ironiza uno de los jóvenes residentes. Por ahora, la cuenta atrás sigue abierta. El Ayuntamiento insiste en que la prioridad es la seguridad y el cumplimiento del informe técnico. La Síndica pide prudencia y soluciones habitacionales. Y las familias, entre tanto, aguardan en el limbo de la espera.

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