Agbar recela de la viabilidad económica de una nueva concesión de agua para ocho ciudades del área de Barcelona

Pese a las reticencias de Aigües de Barcelona (empresa controlada en un 70% por Agbar), el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sigue adelante con el nuevo contrato de concesión para prestar el suministro de agua en ocho municipios metropolitanos con contratos caducados desde hace años. Al filo de licitar este concurso público, la administración metropolitana ha aprobado un estudio de viabilidad económica contra el cual, en su línea crítica con esta contrata pública a 25 años vista, el grupo Agbar ha presentado alegaciones, dejando constancia de sus recelos sobre cuán oneroso resultará el negocio para el futuro concesionario.

Las aportaciones de Agbar (grupo hoy propiedad de la multinacional francesa Veolia), recogidas en un documento interno al que ha accedido EL PERIÓDICO, complementan las ya efectuadas en una primera advertencia al AMB sobre la posible "vulneración" del acuerdo empresa-administración que ya avanzó este diario. Esgrimidas tanto por la propia Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) como por Sorea, sociedades del grupo Agbar que actualmente operan en ciudades metropolitanas como Sant Cugat del Vallès o Corbera de Llobregat, las compañías sugieren que el futuro concesionario no debe asumir "un grado excesivo de riesgo operacional", en palabras del AMB, que acaba desestimando la alegación.

Las potenciales concesionarias tratan que el AMB les "garantice en todo momento que el contrato de concesión es viable desde el punto de vista económico y financiero", prosigue la respuesta del AMB. El ente metropolitano, sin embargo, rechaza la apreciación de Agbar porque únicamente la expone "en un plano teórico, general y doctrinal", "sin vincular su exposición a ninguna propuesta de modificación de ningún elemento concreto del estudio de viabilidad", rechaza el AMB.

El debate apela a la propia naturaleza jurídica de la concesión. La Ley de Contratación del Sector Público vincula esta fórmula de contratación con el denominado 'riesgo operacional' que debe asumir el concesionario, entendido como el peso de la incertidumbre del mercado en torno a la demanda, al suministro o a ambos. Sobre ese riesgo operacional, por ejemplo vinculado a la sequía, el AMB deja claro que un elemento esencial del futuro contrato será precisamente que "no hay ninguna garantía establecida" de que se "asegure el retorno de las inversiones a soportar por el futuro concesionario ni tampoco la inexistencia de pérdidas operativas". Es la gran diferencia con la gestión directa o indirecta, fórmulas en que es la propia Administración la que asume riesgos en mayor o menor medida.

El debate político sobre la gestión del agua

Las alegaciones en torno al estudio de viabilidad dan cuenta también del debate político sobre la gestión del agua que ya se ha producido en repetidas ocasiones en el Consejo Metropolitano del AMB. Esta vez, los Comuns y la CUP, además de candidaturas municipalistas como Ara Decidim Ripollet o Guanyem Cerdanyola, vuelven a sacar a colación la conveniencia de un modelo de gestión directa del agua e incluso ponen en duda la competencia exclusiva del AMB en esta materia.

La respuesta de la administración es meridiana. Por una parte, entiende que los estudios sobre el modelo de gestión no forman parte del expediente del estudio de viabilidad. Aun así, insiste en que tanto la gestión directa —completamente pública— como la indirecta son viables. Un estudio interno que no llegó a ratificarse por el Consejo Metropolitano abogaba por la gestión directa del agua como modelo que "genera menos conflicto de intereses" y que permite tarifas entre un 7% y un 10% más bajas, concluía el análisis metropolitano consultado por este diario.

En cuanto a la competencia metropolitana del agua, la administración recuerda una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de octubre del 2020, posteriormente apuntalada por los tribunales, que dejaba patente la competencia del AMB en materia de agua. "Asistimos a la crónica de una privatización anunciada de un derecho básico y humano", criticó la vicepresidenta Janet Sanz (Comuns) cuando se puso en marcha la concesión a finales de abril. "Cuando una administración concesiona, no está privatizando. Aquí no hay privatización, sino un sistema de control público. Podemos discrepar, pero no puede ser que una concesión que no le gusta sea privatizar y otra que le gusta, no", concluyó el vicepresidente ejectuivo del AMB, Antonio Balmón (PSC).

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