Sabadell proyecta 425 pisos de alquiler asequible con una inversión de 100 millones: "Necesitamos ayuda de Europa para no estar solos"

Sabadell (Vallès Occidental) pide a Europa que escuche el pulso de las ciudades medianas. Su alcaldesa, Marta Farrés (PSC), viaja este martes 14 de octubre a Bruselas con un mensaje claro: la emergencia habitacional no puede seguir gestionándose solo desde los ayuntamientos. “Ante la crisis de vivienda que estamos viviendo, los municipios no podemos quedarnos solos”, afirma en declaraciones a EL PERIÓDIDICO antes de participar en la sesión 'Las ciudades europeas ante la crisis de la vivienda', celebrada en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

El Ayuntamiento de Sabadell presentará ante la Comisión Europea una estrategia que busca movilizar más de 100 millones de euros para construir 425 nuevos pisos de alquiler protegido en la ciudad, lo que supondrá un aumento del 25% del parque público actual —y del 37% respecto a 2019—. Con esta inversión, la ciudad aspira a "consolidar un modelo de vivienda pública sostenible y asequible que refuerce el derecho a la vivienda", señala Farrés, así como para aliviar las tensiones del mercado inmobiliario.

“Estamos actuando con determinación”, explica Farrés. “Hemos situado la vivienda como la máxima prioridad municipal, impulsando la construcción de nuevos pisos y apostando decididamente por la rehabilitación. Pero necesitamos más apoyo, más coordinación y más herramientas para hacer realidad lo que queremos hacer”. La alcaldesa reclama a Europa más implicación y flexibilidad fiscal, recordando que las reglas actuales de déficit y endeudamiento dificultan la inversión pública en vivienda social. “Estas políticas exceden nuestras competencias locales. Si no nos ponemos todos, no saldremos adelante”, advierte.

Sabadell llega a Bruselas con un recorrido que, dice la propia alcaldesa, da solidez a su propuesta. La ciudad cuenta actualmente con más de 1.700 viviendas públicas de alquiler, gestionadas a través de la empresa municipal Vimusa y la mixta SBD Lloguer Social, un modelo pionero de colaboración público-privada. Desde 2019, el parque se ha incrementado un 15,6%, según datos municipales —como las de la carretera de Barcelona o la calle Francesc Layret— y a la adquisición de más de un centenar de viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto.

Los próximos pasos ya están definidos: cuatro nuevas promociones en Can Gambús —la primera de ellas comenzará en las próximas semanas— y un nuevo complejo para personas mayores en la Roureda, que iniciará obras en los próximos meses. Todos estos proyectos deberían estar en marcha entre 2025 y 2027, pero su financiación depende en gran medida del endeudamiento municipal. Y ahí está el problema: las reglas fiscales europeas no permiten que los ayuntamientos amplíen fácilmente su margen de inversión, incluso cuando se trata de vivienda social. “Pedimos que las inversiones en vivienda pública queden fuera del cómputo del déficit y la deuda”, insiste Farrés. “Si queremos garantizar el derecho a la vivienda, Europa debe tratar estas inversiones como lo que realmente son: una respuesta a una emergencia social, no un gasto ordinario”.

Las ciudades medianas, la otra cara de la crisis

El discurso de Farrés pone el foco en un tipo de ciudad que, dice, a menudo queda fuera del radar europeo: las ciudades medianas. Municipios como Sabadell soportan presiones similares a las de las grandes capitales —precios en alza, falta de suelo, escasez de vivienda asequible—, pero disponen de recursos y herramientas mucho más limitados. “Compartimos los problemas de acceso a la vivienda de las grandes metrópolis, pero nuestras causas y efectos son distintos. Necesitamos un abordaje específico, y sobre todo, que se nos escuche”, subraya la alcaldesa, que también participa en Bruselas como vicepresidenta de la Diputación de Barcelona.

Farrés propone políticas coordinadas a nivel catalán, estatal y europeo que faciliten el acceso directo de los ayuntamientos a los fondos comunitarios, siguiendo el ejemplo de los fondos Next Generation, así como una flexibilización de las normas fiscales para dejar la vivienda fuera de los límites de endeudamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También reclama una regulación más estricta del alquiler turístico y de las inversiones especulativas que reducen la oferta disponible para residentes.

En su intervención ante responsables de la Comisión Europea y representantes de Roma, Zagreb y Barcelona, Farrés defenderá la creación de un Plan Europeo de Vivienda Asequible que unifique esfuerzos y recursos para combatir la crisis. La propuesta plantea un acceso directo de los municipios a los fondos europeos, sin intermediaciones que ralenticen la inversión, y reclama flexibilizar los criterios fiscales que asfixian las cuentas locales. Además, pide reforzar los mecanismos de control de precios y de usos del suelo, regular el alquiler turístico y las operaciones especulativas que distorsionan el mercado, e implicar de forma activa al Banco Europeo de Inversiones como actor clave para financiar proyectos de vivienda social mediante líneas de crédito más ágiles, asequibles y adaptadas a la realidad municipal. Farrés considera imprescindible revisar los requisitos actuales del BEI para que las entidades públicas locales puedan acceder a la financiación sin obstáculos administrativos que retrasen los proyectos.

Suscríbete para seguir leyendo