Barcelona cederá más solares a la Generalitat para el nuevo plan de pisos públicos de Illa

Con la vivienda en el centro de la preocupación ciudadana, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat siguen moviendo ficha en su carrera por ampliar el parque público de pisos. Hace justo una semana que el presidente del Govern, Salvador Illa, presentó su ambicioso plan para levantar 214.124 inmuebles. Lo quiere hacer a través de la colaboración público-privada, con una reserva de protección oficial de entre el 40% y el 50%, pero para construirlos hará falta suelo, un recurso que el consistorio barcelonés está dispuesto a ofrecer.

Así lo anunció el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, en una entrevista de EL PERIÓDICO, en la que subrayó el compromiso municipal de dejar suelo preparado antes de que termine el mandato, en 2027, para construir 10.000 viviendas públicas. “Cuando tengamos este suelo, ya veremos los diferentes actores que participarán, entre ellos la Generalitat, sin ninguna duda”, afirmó.

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha aportado 11 solares al Institut Català del Sòl (Incasòl) para construir 594 viviendas. De momento, ha resuelto los siete primeros concursos para levantar nueve promociones de alquiler asequible en la ciudad, que suman un total de 433 viviendas protegidas. Según el acuerdo alcanzado en 2023, los pisos debían estar construidos en 2028, aunque el cambio de Govern en la Generalitat probablemente retrase el calendario hasta 2029. Aun así, las obras podrán empezar a verse durante el primer trimestre de 2027.

Además de ceder parte de ese suelo al Govern, el ayuntamiento contempla destinar otra parte a producción propia y otra al convenio Esal, que busca impulsar un modelo de vivienda que fomente los vínculos comunitarios y colaborativos, así como formas de consumo y construcción más sostenibles.

Nuevas fórmulas

El ayuntamiento también se ha comprometido en este mandato a doblar la producción anual de 500 a 1.000 pisos, entregar 3.000 llaves más -lleva por ahora más de 1.500- y mantener 5.000 pisos en construcción. Sin embargo, a nadie se le escapa que Barcelona es una ciudad densa, donde levantar nuevas promociones es cada vez más complicado, y esa es “la diferencia sustancial” con el resto de Catalunya, apuntó Valls.

De ahí que el consistorio explore distintas fórmulas para ganar espacio y acelerar la producción de vivienda asequible. Una de las vías es reconvertir parte del suelo calificado como terciario -actualmente destinado a oficinas o servicios- en suelo residencial protegido, así como aprovechar parcelas dotacionales para impulsar vivienda pública. “Eso tiene que ver con algunas modificaciones de la ley de urbanismo. Barcelona tendrá que afrontar este debate”, insistió el teniente de alcalde.

“Nos interpela a todos”

“El sector público debe liderar la política de vivienda, tanto en el término regulatorio como en el de la producción, y debe invertir recursos para disponer de un parque público propio”, defiende Valls. El objetivo es claro en la capital catalana: alcanzar un 15% de vivienda protegida y asequible en 2040, una meta que, asegura, se logrará combinando la aportación del ayuntamiento con la del sector privado, a través de los derechos de superficie que se otorguen.

Para el dirigente municipal, lo esencial es que el suelo que tiene el consistorio para vivienda protegida siga siendo patrimonio público, es decir, que “regrese a la ciudad", que no se venda y que permanezca bajo control público. No obstante, matiza que la respuesta a la crisis habitacional no puede ser exclusiva del sector público. “Si coincidimos en que la vivienda es uno de los principales retos de la ciudad, nos interpela a todos: a la administración pública, al tercer sector, a parte del sector privado, pero también a los grandes tenedores financieros”.

“No puede ser que unos estén produciendo vivienda y otros vendiendo sus activos solo para mejorar su balance”

Jordi Valls

— Teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo

En ese sentido, resalta la “actitud constructiva” del sector privado ante el plan de Illa, pero advierte de que “no puede ser que unos estén produciendo vivienda y otros vendiendo sus activos solo para mejorar su balance”, dice en referencia a los grandes tenedores financieros.

El teniente de alcalde comprende la venta de activos y la compra de un tercero -de hecho subraya que, a menudo, esos inmuebles son comprados por los propios inquilinos-, pero considera que el problema aparece cuando los adquieren fondos de inversión con sede en Nueva York o Singapur, sin ningún “arraigo vinculado a la ciudad”.

Con todo, considera positivo que la administración pública pueda adquirir algunos activos del sector financiero, aunque cree que “sería mejor que los mantuvieran y se buscaran ámbitos de colaboración común”. “Si es el principal problema, lo es para todos", concluye.

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