Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras la inspección

Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano

El gobierno de Sant Cugat (Junts-ERC) ha confirmado que 322 de los 324 empadronamientos sospechosos detectados durante el mes de agosto eran falsos

Sant Cugat inspecciona un "alud de empadronamientos sospechosos" este verano en la ciudad

"Muchos ayuntamientos ponen obstáculos": los síndicos catalanes reclaman más garantías en el padrón municipal

Fachada Ayuntamiento Sant Cugat

Fachada Ayuntamiento Sant Cugat / Mané Espinosa | Ayuntamiento Sant Cugat

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sant Cugat del Vallès
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El gobierno de Sant Cugat (Junts-ERC) ha confirmado que 322 de los 324 empadronamientos sospechosos detectados durante el mes de agosto eran falsos, según fuentes municipales. La investigación apunta a que estas altas irregulares podrían estar vinculadas a una mafia dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos, que operaría tanto dentro como fuera del municipio.

El caso saltó a finales de julio y primeras semanas de agosto, cuando se registraron 324 empadronamientos en apenas tres semanas, la mayoría de ciudadanos procedentes de India y Pakistán. Según explican fuentes municipales, los recién llegados acudían en grupos de cuatro o cinco personas, siempre acompañados de un traductor y portando contratos de alquiler de viviendas de la ciudad, siguiendo un modus operandi idéntico que despertó las primeras sospechas.

Inspecciones presenciales y patrones repetidos

Tras detectar el patrón, el consistorio decidió congelar los trámites el 18 de agosto y abrir un proceso de inspección individualizada. Las comprobaciones, iniciadas a principios de septiembre, incluyeron visitas a los domicilios declarados, donde los inspectores constataron que ninguna de las 322 personas residía realmente en el municipio. En varios casos se detectaron patrones repetidos en las direcciones y documentación similar, reforzando la hipótesis de una actuación organizada para obtener empadronamientos ficticios.

De los expedientes revisados, seis ya han sido cancelados directamente tras comprobarse que los titulares se habían empadronado en otros municipios. Los 316 restantes se encuentran en distintas fases del procedimiento de baja administrativa.

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), ha destacado que el gobierno local ha actuado “con la máxima celeridad” y ha reafirmado la política de “tolerancia cero con el fraude al padrón municipal”. “El padrón no puede ser una puerta de entrada al abuso ni al engaño. Es una herramienta de gestión pública que debe reflejar la realidad de la ciudad”, ha subrayado.

Nuevo protocolo para endurecer los controles

El consistorio trabaja ya en la elaboración de un nuevo protocolo de empadronamiento para prevenir fraudes futuros. Entre las medidas previstas figuran la acreditación reforzada de la residencia real antes de formalizar el alta, la verificación presencial previa en casos sospechosos y el registro interno de incidencias para detectar repeticiones de direcciones, documentación o intermediarios.

“El objetivo es blindar el sistema contra el uso irregular del padrón y evitar que se repitan episodios como el de este verano”, señalan fuentes municipales. De hecho, el alcalde de Sant Cugat ya proposo, el pasado febrero, elevar de tres a diez años el periodo de empadronamiento necesario para acceder a la Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Antecedentes y contexto político

Esta no es la primera intervención del Ayuntamiento en materia de control del padrón. Hace unos meses ya se dieron de baja más de 4.000 inscripciones irregulares correspondientes al periodo 2019-2023. En esta ocasión, lo que eleva la alerta es la concentración temporal y la posible vinculación con una red organizada.

El caso ha generado además un frente político en la ciudad. El PSC de Sant Cugat ha acusado al gobierno de Junts y ERC de opacidad y de no informar a tiempo ni a la oposición ni a la ciudadanía. “Ante un posible fraude hay que actuar con responsabilidad institucional y no con declaraciones mediáticas”, subrayan los socialistas, que reclaman tolerancia cero pero advierten de que “el padrón no puede usarse como excusa para poner trabas a quienes realmente viven en la ciudad”.

Por su parte, la CUP acusa al ejecutivo local de “jugar con los derechos de los vecinos para rascar votos” y alerta del riesgo de criminalizar a colectivos vulnerables. La formación ha abierto un buzón ciudadano para recopilar casos de bajas injustificadas y ofrecer asistencia jurídica a los afectados.

El consistorio asegura que la las bajas en el padrón continuarán durante los próximos meses, con especial atención a patrones de empadronamiento masivo o repetitivo. “El padrón no es un mero trámite burocrático. Es la base sobre la que se calculan recursos, servicios y derechos. Por eso debemos garantizar su veracidad”, explican fuentes municipales.

Suscríbete para seguir leyendo