Los ocupas del gran asentamiento de Badalona denuncian "discriminación" para suspender su desalojo: "No vamos a desaparecer"

El colectivo de personas que ocupa el antiguo instituto B-9 de Badalona, en el que malviven unas 400 personas, quema sus últimos cartuchos para impedir la próxima desocupación del espacio, anunciada, aunque sin fecha cerrada, por el Ayuntamiento de Badalona. Este lunes por la mañana, y acompañados por entidades como Badalona Acull, Cepaim y el Sindicat d’Habitatge Socialista de Badalona, dos de las personas que ahí habitan han acusado al gobierno municipal, liderado por Xavier Garcia Albiol, de tratarles de manera "discriminatoria" y de “sembrar el odio a los ocupantes entre los vecinos del barrio”. También han exigido una “alternativa habitacional” para ellos y han advertido que, si se lleva a cabo el desalojo sin un posterior realojamiento ―un extremo que ha negado en repetidas ocasiones el alcalde Albiol―, no van a “desaparecer”, sino que acabaran “ocupando otro espacio”.

También ha participado en la rueda de prensa la abogada del colectivo Irídia Mireia Salazar Gabarró, que defiende los intereses de los ocupantes del B-9. Salazar ha anunciado que este mismo lunes han puesto una denuncia al Ayuntamiento de Badalona ante la Oficina d’Igualtat de Tracte i no-Discriminació de la Generalitat de Catalunya. Lo hacen al amparo, ha declarado la letrada, de la Ley 19/2020, que obliga a las administraciones a disponer de un plan contra el barraquismo. En este sentido, han pedido a la mencionada oficina que actúe de manera cautelar, suspendiendo el desalojo, hasta que pueda emitir alguna valoración sobre la denuncia.

La abogada también ha asegurado que pese a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestimó el recurso interpuesto por el colectivo Irídia para parar el desalojo del B-9 considerando que no se vulneraban los derechos fundamentales de los ocupantes, aún no han tenido constancia de que la orden de desalojo haya sido aprobada.

Las declaraciones de dos de los ocupantes han procurado desmentir la postura del alcalde Albiol, que asegura que el 80% de los que malviven en el recinto se dedican a la delincuencia. Así, Younnouss ha descrito el antiguo instituto como un lugar que no solo da techo a unas 400 personas, sino que también hace las veces de "un lugar de formación y de información" para los ocupas, en su mayoría migrantes subsaharianos con relación a la necesidad de llevar a cabo complejos trámites administrativos, y ha asegurado que muchos de ellos "trabajan limpiando la ciudad”, refiriéndose a la recogida de chatarra, ocupación principal entre muchos de los que allí habitan: “Este edificio está olvidado, pero ahora es un techo para mucha gente que vivía en la calle y ha sido acogida, y su espacio de trabajo”.

Younnouss ha hablado también de "racismo inmobiliario". “Los caseros nos rechazan cuando escuchan nuestro acento o ven nuestro color de piel”, ha lamentado. Las críticas al gobierno Albiol han sido recurrentes: "Hay partidos que nos usan para su beneficio electoral y nos deshumanizan”.

Casos de tuberculosis en el recinto

Younnouss ha recordado que muchos de los migrantes del B-9 vienen de otras naves ocupadas previamente en la ciudad, y que esa situación de inestabilidad les ha pasado factura en lo que respecta a la salud mental. “La ley de extranjería nos impide tener un permiso de trabajo, lo que nos condena a un empleo informal que apenas nos da para subsistir y que nos impide acceder a un techo". “Algunos tienen enfermedades y no deberíamos estar aquí, sino en el hospital”. Younness no se refería en esta ocasión a la decena de casos confirmados de tuberculosis entre los ocupantes del espacio, sino a enfermedades mentales, y ha mencionado que el presunto homicida del pasado 28 de agosto sufría algún tipo de enfermedad mental.

Preguntada al respecto de cómo puede influir en la futura desocupación el hecho, avanzado por EL PERIÓDICO, que el Departament de Salut confirmase una decena de casos de tuberculosis en el recinto, desde que este fue ocupado a finales de 2023, la abogada Salazar ha declarado que ese es un asunto que han de "tratar las autoridades sanitarias" y ha mostrado su preocupación acerca de la falta de medidas al respecto por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento de Badalona.

Por su parte, otro de los ocupantes, Ibrahim, ha acusado al ‘gobierno Albiol’ de “tensionar la situación en el B-9”, ha recordado que la ciudad no dispone de ningún albergue municipal para acoger a personas sintecho desde el cierre de Can Bofí Vell y ha criticado el futuro desalojo “a las puertas del invierno”: “Las personas que vivimos aquí no vamos a desaparecer ―y ha zanjado―, si nos desalojan de aquí y no hay realojamiento, ocuparemos otro sitio".

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